Los juzgados segovianos comienzan a acusar ya la acumulación de casos tras una semana de huelga que están secundando, de forma indefinida, los letrados de justicia.
En estos siete días se han suspendido ya un centenar y medio de actos, 78 juicios y vistas; y 78 declaraciones que se habían programado para la semana pasada.
Esta situación supone acumular más retraso en una administración ya de por sí caracterizada por la dilación en sus tramitaciones, especialmente en algunos de los juzgados, donde la carga de trabajo y la saturación de papeleo viene siendo algo corriente.
Ayer lunes, los letrados de justicia (antes denominados secretarios judiciales), expresaron su protesta con una concentración ante el Palacio de Justicia, en la calle San Agustín, donde escenificaron la protesta colgando sus togas en la puerta. Volvieron a recordar que sus reclamaciones no están siendo atendidas por el Ministerio de Justicia.
Conscientes de las molestias que esta situación provoca entre los ciudadanos, los funcionarios en huelga subrayaron que no les queda otro remedio que el paro indefinido, tras los “oídos sordos” que se hace de la Administración General del Estado.
“El Ministerio de Justicia aún no se ha reunido con el comité de huelga y la situación de los juzgados va cada día peor”, explicó ayer Montse Isabel Cabrera, letrada de justicia del Juzgado número 4 de Segovia, quien ejerció de portavoz de todos sus compañeros.
En presencia del resto de funcionarios, recordó que el seguimiento de la huelga en Segovia y provincia es total. Tan sólo la letrada del Juzgado de Santa María la Real de Nieva no la está aplicando debido a que está de vacaciones hasta el 1 de febrero, pero ha anunciado que se sumará a los paros desde el mismo día de su incorporación.
La huelga indefinida es el resultado del conflicto laboral que mantienen los letrados de Administración de Justicia (LAJ) desde hace meses con el Ministerio de Justicia. El desacuerdo había llevado ya a convocar huelgas puntuales a finales del año pasado.
El conflicto tiene su origen en la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas a los letrados en sucesivas reformas. Según estos funcionarios esto ha provocado un “insoportable desequilibrio laboral”.
El detonante del conflicto es el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales “sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021. La huelga de los letrados de justicia comporta una “gravedad” en el funcionamiento de esta administración. Supone un riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales “salvo los servicios esenciales”. En este aso se encuentran aquellas actuaciones que incluye a presos, menores o personas con alguna discapacidad.
Al común de los ciudadanos y a muchas empresas también les afecta porque se paralizan los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones…) y al Tesoro Público (multas, depósitos…), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con saldos de millones de euros.
De este modo, a los más de 150 actos que se pueden suspender en la provincia de Segovia cada semana, hay que añadir estos trámites de pensiones, alimentos, que requieren de la intervención de un letrado. “Hay que tener en cuenta todos los expedientes que han entrado y que no se tramitan, y también los que ya están completamente paralizados”, añade Cabrera. Ella agradece el apoyo que reciben de otros profesionales vinculados a la administración de justicia. “Hay muchísimos colectivos que estos días nos están expresando su apoyo, entre otros el decano del Colegio de Abogados de Madrid que se le propuso para que fuera mediador en nuestro conflicto, pero la ministra de Justicia no ha tenido a bien que lo fuera”. “También los jueces nos están dando su apoyo, los procuradores, abogados, etc.” Culpan al Ministerio, no sólo de intentar que no secunden la huelga, sino de “sesgar” los datos de seguimiento. “El problema es para el ciudadano al que nosotros, desde aquí le pedimos disculpas; pero es que nos hemos visto abocados a esta situación”, añadió la portavoz de los letrados segovianos de justicia.
Los letrados también advierten de la dimensión temporal que tendrá la huelga. En su opinión, si en materia civil se señalan juicios a tres meses vista, desde el momento que entra su demanda, sería aplazar otros tres o cuatro meses más; lo cual representará “un atasco muy importante”. “Ponerlo al día va a ser muy complicado”, alertan.
Abogados: “Esta huelga empeora la mala situación en que están ya muchos juzgados”
Los abogados son algunos de los profesionales que directamente se ven afectados por la huelga que están secundado los letrados de justicia.
El aún decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julián Sanz Gómez, reconoce los muchos inconvenientes que esta medida de fuerza adoptada por los letrados causan a los ciudadanos, pero también a los profesionales de la abogacía. “Únicamente se están celebrando aquellos juicios que tienen que ver con casos de violencia, los que implican la presencia de presos, de menores o con incapacitados; pero todo lo demás está suspendido”, explica Sanz Gómez.
Y, aunque reconoce el derecho que tienen los letrados a hacer huelga, indica que la misma “puede suponer retrasos importantes, porque todos los días se tienen juicios programados en los juzgados de Segovia; y su suspensión obliga a volver a tener que señalar, con todo lo que eso conlleva: citaciones a testigos, peritos, reunión de pruebas, citas a policías… y además hay algunos juzgados que digamos que no están al orden del día, sino que ya de principio van con retraso, sin que haya huelga”. “A nosotros nos acarrea un perjuicio inmediato porque a lo mejor una citación que tenemos para hoy o mañana, nos dicen que se ha suspendido y, hasta dentro de tres meses no nos vuelven a citar cuando debía estar todo preparado”. “No cabe duda de que todas las huelgas conlleva perjudicados, tanto abogados como justiciables”, añade. “Pero ellos están ejerciendo un derecho constitucional que es la huelga”.
Procuradores: “No son solo las molestias laborales, también el quebranto económico”
El Colegio de Procuradores de Segovia también pone de manifiesto los inconvenientes que la huelga de los letrados de justicia representa para su colectivo. Su decano, Jesús de la Fuente Hormigos, detalla que lo principal es la supresión de las vistas y otras actuaciones que deben pasar por los letrados de justicia. “Lógicamente perjudica el avance de los procedimientos y en esa medida nos perjudica a los procuradores en cuanto que también perjudica a nuestros clientes, a los justiciables”.
“Por el momento, con la información que tenemos de ellos todo parece que la huelga continuará porque al parecer el Ministerio de Justicia no tiene a bien aceptar ninguna de las solicitudes que se plantean”.
“Desde luego a nosotros nos van informando día a día. De la suspensión de las vistas o de los señalamientos y demás actuaciones no se nos comunica hasta el mismo momento del señalamiento”, recuerda el representante de los procuradores segovianos.
Pero además, sin llevarse a cabo actos judiciales, tampoco perciben sus honorarios estos profesionales, de modo que les supone un quebranto económico. “Por supuesto”, confirma. “En la medida en que en el procedimiento no siga adelante, no se realiza vista y no hay juicio; tampoco ha lugar a dictar la sentencia, no se cierra el caso y no se puede cobrar al cliente o las costas, lo que proceda en cada momento”.
