Concentracion Letrados Administracion Justicia KAM8440
Algunos de los letrados segovianos de la administración de justicia, con los carteles reivindicativos, en un gesto que se ha llevado a cabo en todo el país.

La ya de por sí lenta administración de Justicia se verá más ralentizada o incluso colapsada con la huelga de letrados. Ayer retomaron sus movilizaciones y proseguirán en próximos días.

El cuerpo de letrados de la Administración de Justicia que prestan servicio en la provincia de Segovia seguirá hoy miércoles en huelga. También lo harán los próximos días 14 y 15 de diciembre. Y será huelga indefinida una vez que pasen las navidades, siempre que el Ministerio de Justicia no atienda sus reclamaciones.

Así lo advirtieron ayer los letrados, reunidos en una de las salas de vistas del Palacio Provincial, donde participó la gran mayoría de los 16 funcionarios de este cuerpo que trabaja en Segovia: doce en la capital y tres en la provincia, además de la coordinadora.

Aseguran que todos y de forma unánime, han decidido secundar la huelga. Por ello cifran en el cien por cien el nivel de seguimiento. Todo teniendo en cuenta que sólo acuden a trabajar aquellos a los que deben cumplir servicios mínimos, considerados urgentes, como una vista con jurado popular que comenzó ayer en la Audiencia Provincial, y que, por esta huelga retrasó su comienzo.

Calculan que en total y a diario se pueden ver afectados en la provincia de Segovia, 30 juicios, 40 declaraciones penales y numerosos trámites que de forma cotidiana se llevan a cabo en las oficinas judiciales.

A nivel nacional, esta movilización ha supuesto la suspensión de más de 10.000 juicios y vistas, aunque por el momento el Ministerio de Justicia no ha ofrecido datos oficiales.
Los letrados de la administración de justicia, conocidos antes como secretarios judiciales, van a la huelga porque han asumido una mayor carga laboral pero no se les ha reconocido una compensación económica.

Aseguran que soportan una gran cantidad de funciones procesales desde el año 2009 que no están siendo remuneradas. “Es el grupo de funcionarios A1 peor retribuido de la Administración General del Estado”. Aunque en los Presupuestos del Estado del año 2020 se reconoció la deuda pendiente con ellos, y tras una primera fase de movilizaciones, el secretario general del Ministerio se comprometió a apoyar una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de la carrera judicial, ha sido vetado por el Ministerio; como también lo ha sido la promesa de reducción de cinco a tres los grupos de en que están divididos estos empleados públicos.

En su reclamación salarial y comprometida ya por el Ministerio figura que ningún letrado debe percibir por todos los conceptos laborales menos del 85% que el juez de referencia. De hecho, consideran que existe una desigualdad salarial de mil euros con respecto a los de la misma clase, como jueces y fiscales.

DISCRIMINACIONES

A esta discriminación retributiva se añade el hecho de que no tienen reconocido el derecho a la negociación colectiva propia, por lo que son los sindicatos generalistas quienes “teóricamente negocian en nuestro nombre”. “Por ello es urgente la reforma inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de ver reconocido tal derecho fundamental, cuestión que es vital para reclamar y negociar nuestro estatuto profesional”, explicó a los periodistas de Segovia la letrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia, Begoña González Rozas, en nombre de todos sus compañeros, presentes en la sala.

“El letrado de la Administración de Justicia siempre ha actuado con lealtad, sosteniendo sobre sus hombros todas las reformas que se han hecho, y también son el pilar de las reformas que nos esperan”, añadió. En este sentido se refirió a «la Digitalización, la Eficiencia Procesal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Discapacidad, Ley del Registro Civil, y otras», argumentó.

Alertó de que su actividad es vital para el normal desarrollo y funcionamiento de la Administración de Justicia. Y aunque reconocen las molestias que se ocasiona a los ciudadanos, aseguran que no les ha quedado más remedio que llevar a cabo estas movilizaciones para reclamar atención por parte del Ministerio de Justicia.

Consideran que desde el año 2009 asumen funciones procesales y responsabilidades que les convierten en los “máximos responsables del impulso y funcionamiento efectivo de los juzgados”. “Sin nuestra intervención los juzgados no funcionan, no se registran o admiten demandas, no se ordena la tramitación, no se celebran juicios, no se notifican las resoluciones, no se ejecutan las sentencias dictadas, no se realizan tasaciones de costas ni se mueve la cuenta de consignaciones, no se realizan embargos, ni conciliaciones…”, advierten.

OLVIDO INSTITUCIONAL

“Este olvido institucional es el que hace que hoy, al igual que hace unos meses, nos movilicemos hasta conseguir el reconocimiento que nos merecemos”, justifican los funcionarios judiciales segovianos movilizados.

Con ellos, sus compañeros a nivel nacional han presentado dos demandas, a través del despacho Navas Cusi de Bruselas, ante la Comisión Europea, en las que se denuncia el incumplimiento por parte del Estado del artículo 28 de la Carta de Derechos Fundamentales la Directiva sobre Transparencia Salarial y la Directiva sobre salarios mínimos y negociación colectiva de la UE, así como otras normativas internacionales.

La huelga está convocada por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) y RECLAMALAJ (Asociación para la reclamación de los derechos profesionales y adecuación salarial de los Letrados de la Administración de Justicia).

En todas las ciudades españolas se llevaron ayer a cabo movilizaciones similares. En Madrid, los actos tuvieron lugar en los Juzgados de la Plaza de Castilla. Allí la letrada de la administración de justicia penal de Móstoles, Josefa Fernández Nieto, dijo: “Solicitamos del Ministerio de Justicia un dialogo ya, que escuche y oiga a las asociaciones y que la ministra se reúna y cumpla con sus compromisos”.