El debate sobre la libertad cuenta con tantas aristas como personas opinen al respecto, pero lo cierto es que, para tomar una decisión libre es preciso contar con toda la información necesaria para decidir pues, de otro modo, la alternativa elegida puede no ser la adecuada.
Ésta es la máxima de los mercados en competencia, en los que consumidores y productores deben conocer y ofrecer información cierta, veraz y completa para alcanzar el equilibrio. Cuando los consumidores tienen la posibilidad de elegir gozan de una fuente de bienestar, mientras que, si sólo se les permite un canal de compra, ese monopolio reduce enormemente su satisfacción. Es lo que técnicamente se conoce como el coste social del monopolio.
Y algo parecido es lo que ocurre cuando a un ciudadano se le prohíbe pagar una compra con dinero en metálico porque el establecimiento sólo permite cobros mediante tarjeta de crédito o cualquier otro medio electrónico de pago.
Es indudable que la tecnología supone un avance en la vida de las personas, pero no menos cierto es que para conocer la verdadera dimensión y las consecuencias de la dependencia tecnológica, los consumidores deben conocer qué ocurriría si en un determinado momento dejaran de funcionar los ágiles métodos de pago digitales, o a quién le puede interesar la parametrización de sus hábitos de consumo, y si esto tiene consecuencias futuras o no. En definitiva, los consumidores que opten por una u otra forma de pago deben poder contar con alternativas de compra, que garanticen su privacidad y libertad, sin ser rehenes de ningún fallo técnico o control no deseado.
Según datos del Banco de España y de la encuesta realizada por GAD3 para la Plataforma DENARIA el 37,1% de los ciudadanos utiliza el dinero en efectivo a diario. Y el 67,3% de los encuestados lo considera como un medio de pago importante. Las razones aducidas para que los ciudadanos valoren de este modo el cash es porque siempre funciona, ante emergencias no surgen imprevistos, garantiza la privacidad, es gratuito y permite un mejor control de sus gastos.
Y es que cegar las fuentes de utilización de efectivo supone un agravio comparativo para, por ejemplo, aquellas personas que viven en zonas rurales, las personas mayores que no tienen un ágil acceso a la tecnología, quienes padecen alguna discapacidad y no tienen posibilidad de utilizar los medios técnicos o, simplemente aquellos ciudadanos que rechazan los pagos online de forma voluntaria.
Los datos de las últimas encuestas realizadas reflejan que el 60% de los encuestados tienen problemas para encontrar un cajero. Y el 30% de las personas que residen en el ámbito rural dicen tener problemas para llegar a una oficina bancaria, pues en más de la mitad de los municipios no hay sucursal y la más cercana está a más de cinco kilómetros, habiéndose incrementado este porcentaje un 38,4% entre 2022 y 2023.
En España, la colaboración público-privada ha garantizado que en algunas zonas rurales el efectivo no desaparezca. A través de los convenios firmados entre las diputaciones y ciertas entidades financieras, en algunos pueblos existe la posibilidad de acceder al efectivo a través de cajeros. Sin embargo, el mapa de necesidades de efectivo en España muestra que existen desigualdades territoriales, ya que no en todas las provincias se garantiza este derecho de los ciudadanos de la misma forma. Precisamente en un momento como el actual en el que se pone en valor la vida en el campo y se reconoce que determinadas zonas rurales se están vaciando, resulta paradójico que no se garantice el acceso al efectivo en todo el territorio español, cuando es un servicio básico para la vida de las personas.
Pero no todos los países se implican de la misma manera en la protección del efectivo. A modo de ejemplo, en el Reino Unido la FCA (Financial Conduct Authority) ha propuesto nuevas reglas para mantener un acceso al efectivo razonable para clientes, personas físicas y empresas, de acuerdo a los nuevos poderes otorgados a la FCA por la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2023.
A diferencia de lo que ocurre en España, en el primer trimestre de 2023, el 95,1% de los británicos encuentran a menos de una milla de un punto de retirada de efectivo y el 99,7% a menos de tres millas. A pesar de lo cual, las autoridades británicas consideran necesario seguir avanzando en la identificación de brechas digitales.
Y aunque la situación británica es mucho más favorable al efectivo que la española, las propuestas publicadas por la FCA pretenden realizar evaluaciones cuando se realicen cambios en los servicios de acceso a efectivo, para saber si son necesarios servicios adicionales para cubrir las brechas locales. Indudablemente, la FCA no puede prohibir que se cierre una entidad financiera pero sí pretende hacer una evaluación previa, de forma que se garantice el acceso al cash por parte de las personas afectadas por el cierre. Las autoridades británicas quieren dar respuesta a las peticiones locales, por parte de organizaciones comunitarias y representantes para evaluar y cerrar las brechas y proporcionar servicios de efectivo adicionales razonables para llenar los vacíos en la provisión cuando las evaluaciones muestren que existe o habrá una brecha local significativa. En definitiva, pretenden asegurar que no se cierren las instalaciones de efectivo, incluidas las sucursales bancarias, hasta que los servicios de efectivo adicionales identificados estén disponibles.
Por otro lado, según el informe del BCE (Report of the Euro Retail Payments Board on Acces and Acceptance of Cash, 2021), las organizaciones de consumidores a nivel europeo coinciden en que no debería haber una distancia superior a 5 km entre dos cajeros, siempre teniendo en cuenta las circunstancias geográficas y la densidad poblacional.
En España es necesario un paso previo, como es definir una red de efectivo como una Infraestructura Nacional Crítica, estableciendo un servicio universal de acceso al efectivo, similar al existente con las telecomunicaciones, la energía, internet o los servicios postales. Se debe considerar el efectivo como un elemento de especial interés para la Seguridad Nacional a través de la legislación pertinente. Y las autoridades españolas deben garantizar la igualdad de oportunidades, poniendo en marcha medidas que analicen las brechas de acceso al efectivo y se dé una solución eficaz a los problemas detectados, como reclama la Plataforma DENARIA.
El mantenimiento de ambas formas de pago no será una realidad si no se garantiza la posibilidad de pagar en efectivo, de manera que se asegure que no existe una digitalización excluyente. Y la responsabilidad para la supervivencia del efectivo es de los consumidores, el Gobierno y del Banco de España. Sin desdeñar el papel de la Unión Europea, quien en sus propuestas y modificaciones legislativas afirma tener un ánimo de garantizar la utilización del dinero en efectivo y, sin embargo, delega en los Estados miembro las medidas para que esta garantía sea una realidad. Y para la Unión Europea es competencia nacional la potestad sancionadora para los casos en los que prohíba la utilización del efectivo por parte de algún establecimiento, pudiendo provocar enormes diferencias entre países.
Frente a la ambigüedad o tibieza de la norma comunitaria, el Estado de Florida acaba de publicar una norma que establece sanciones específicas y progresivas, que van desde los 2.500$ por la primera vez que no se acepta el efectivo, hasta los 10.000$ si se reitera la negativa tres o más veces.
Por otra parte, identificar dinero en efectivo con fraude fiscal es, cuando menos, aventurado. Ya que, el fraude fiscal de magnitud importante no se focaliza en los pagos en efectivo, mayoritariamente. No obstante, si se identificaran nichos de fraude específicos por realizar pagos en efectivo, se deberían combatir con las herramientas de las que dispone la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pero no impidiendo que las personas puedan pagar por el medio que consideren oportuno. Además, en España, la restricción del pago en efectivo se limita a 1.000€, mientras que en la Unión Europea este límite es de 10.000€. Identificar pagos en efectivo con fraude fiscal no tiene ninguna base empírica, pero si hubiera bolsas de fraude, la solución no es limitar la libertad de las personas, sino establecer medidas adecuadas y sanciones ejemplarizantes para que el fraude se minimice hasta que acabe desapareciendo.
La defensa del pago en efectivo nos atañe a todos, ya que es una forma de garantizar la igualdad de oportunidades, es un medio seguro que permite comprar con plena privacidad, no es vulnerable a las posibles caídas de los sistemas informáticos y, sobre todo, es un derecho que no debe desaparecer con el avance de las nuevas tecnologías que a la mayoría de los ciudadanos les benefician.
—
* Profesora titular de Hacienda Pública y directora del sello editorial Almuzara Universidad
