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El informe anual del  Consejo de Cuentas de Castilla y León vuelve a poner de relieve uno de los principales problemas que padecen el sector público local a la hora de abordar la gestión de los balances económicos de los ayuntamientos.

Las dificultades a la hora de presentar ante este órgano las cuentas anuales hacen que muchos ayuntamientos se vean obligados a incumplir esta prescripción, que aunque no tiene efectos para poder acceder a ayudas o subvenciones, pone de manifiesto la precaria situación de medios materiales y humanos para poder dar cumplimiento a las obligaciones legales sin descuidar la cotidiana actividad económica de cualquier Ayuntamiento.

Así, según los datos facilitados por este órgano, av31 de diciembre de 2019, sólo 139 de los 209 ayuntamientos de la provincia rindieron la cuenta general del ejercicio 2018, lo que representa el 66,5% del total de los municipios, con un descenso interanual de 2,9 puntos porcentuales. Además, el Consejo señala que en el periodo 2013-2018 Basardilla no ha rendido cuentas en ningún ejercicio.

Respecto al total de las cuentas rendidas de 2018, en conjunto, el presupuesto agregado de ingresos de las entidades locales de la provincia ascendió a 162,7 millones de euros y el de gastos a 161,5 millones. En la liquidación presupuestaria, las entidades locales segovianas reconocieron obligaciones (gastos) por importe total de 141,6 millones de euros, lo que en relación a los derechos reconocidos (ingresos), por importe de 148,4 millones, arroja un resultado agregado de 6,8 millones de euros.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, el importe agregado sumó 54,7 millones de euros. Los fondos líquidos de tesorería suman 55 millones de euros. El endeudamiento del conjunto de las entidades locales segovianas al cierre de 2018 se cifraba en 25 millones de euros.

Las grandes cifras ocultan una realidad más  delicada, como es la carencia de secretarios-interventores para poder desarrollar esta y otras muchas tareas en el ámbito de la gestión económica.

La diputada delegada del área de Asistencia a Municipios Sara Dueña asegura que los datos de rendición de cuentas ante el Consejo “no son preocupantes”, ya que la práctica totalidad de los municipios segovianos tienen una buena salud económica y sus cuentas “están razonablemente saneadas”, pero si expresó su preocupación por la carencia de plazas de secretarios interventores que obliga a los titulares a realizar itinerancias por varios pueblos, en detrimento de la calidad del servicio que prestan.

Así, recordó que el pasado mes de junio, el Partido Popular presentó en las Cortes de Castilla y León  una proposición no de ley en la que defiende la necesidad de que el Gobierno aumente de forma progresiva la oferta de empleo público para la cobertura de puestos reservados a funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional de clase tercera (Secretaría Intervención), para que al final de la legislatura al menos la mitad de los puestos de la Comunidad tengan una cobertura definitiva.

Dueñas señaló que la movilidad de los funcionarios de esta especialidad hace que su trabajo “priorice la gestión más inmediata, posponiendo otra serie de tareas como la de los informes que se presentan a instituciones como el Consejo de Cuentas”.

Además, recordó que la habilitación de un concurso oposición para estas plazas no supone un excesivo gasto para el Gobierno central, ya que son los ayuntamientos quienes asumen en sus presupuestos el coste que supone incluir en sus plantillas a estos funcionarios.

Desde la Diputación, a través del área que Dueñas dirige, se están haciendo esfuerzos para facilitar a los municipios herramientas informáticas que puedan simplificar las tareas de gestión económica, sin olvidar que son los propios Ayuntamientos quienes deciden emplearlas o no según su propio criterio.