Obras en el Centro de salud de Nueva Segovia. / KAMARERO
Obras en el Centro de salud de Nueva Segovia. / KAMARERO

La empresa adjudicataria de las obras del Centro de salud ‘Segovia IV’, que se están llevando a cabo en el barrio de Nueva Segovia, ha solicitado una revisión del precio del contrato que excede con creces el punto de partida de licitación, debido al alza en los costes de los materiales y en el suministro de energía. Ante esta situación el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Mazarías, y el gerente de Asistencia Sanitaria, Luis Gómez de Montes, se reunieron este miércoles con representantes de la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia, en un encuentro en el que Mazarías transmitió el compromiso de impulsar los trabajos con «la máxima celeridad» plazos y trámites.

Sin embargo, el incremento de costes puede llevar a la empresa constructora a plantearse la continuidad en la ejecución del contrato. La actual legislación de contratos públicos solo permite un 20 % de incremento y las pretensiones de la empresa adjudicataria exceden este margen, por lo que la negociación con la Consejería de Sanidad está abierta. En ese escenario, no se descarta la posibilidad de desistimiento por parte de la empresa y consiguiente resolución del contrato.

Con independencia de la liquidación del contrato, sería necesario redactar un nuevo proyecto de ‘Terminación de obras del Centro de Salud’ y seguidamente licitarlo y adjudicarlo. En esa línea, el delegado territorial aseguró a los vecinos su compromiso personal y el de la Consejería para impulsar con la «máxima celeridad» plazos y trámites a fin de que el retraso de todo el proyecto sea el mínimo posible.

Según explicó Mazarías, todas las comunidades del país se están viendo afectadas por el abandono o el freno de las licitaciones de obras públicas debido al incremento de las materias primas y apuntó que los tres reales decretos elaborados por el Gobierno central están demostrando «ser insuficientes«, ya que «no contemplan» la subida del precio de la energía o de la mano de obra. «La Junta de Castilla y León es parte perjudicada en esta situación, al igual que los vecinos, en este caso, de Segovia», señaló.