En la imagen de archivo, una de las actividades realizadas en el colegio Nuestra Señora de la Esperanza. / EL ADELANTADO
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El colectivo de educación especial de Segovia valora la Ley Celaá (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) como una norma con buenas intenciones pero que desconoce la realidad de sus centros. La ley prevé el trasvase progresivo de estos alumnos a centros ordinarios en 10 años. Todo colectivo educativo sitúa la inclusión como bien supremo, la clave está en qué presupuesto efectivo habrá para adaptar las escuelas, una incógnita nada menor en tiempos de crisis. Y en determinar qué casos se beneficiaran con el cambio y en cuáles sería contraproducente.

El equipo directivo del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza, integrado por Almudena Mateos (directora), Clara García (jefa de estudios) y Ana de Pedro (secretaria), responde categóricamente: “Si para nuestros chicos es favorable, por supuesto que sí, pero si vemos que les va a afectar física o emocionalmente, nos negaremos”. Es la respuesta al diagnóstico generalizado que hacen de sus 60 alumnos, de entre 6 y 21 años. “Tenemos chicos muy afectados y es inviable que estén en un centro ordinario”.

“Tenemos chicos muy afectados y es inviable que estén en un centro ordinario”

El colegio echa en falta más contacto con su sector antes de aprobar la ley. “Y tampoco conocen mucho la realidad de los centros de educación especial; ni el alumnado que está escolarizado ni el funcionamiento con los chicos”. Respaldan la intención inclusiva de la norma, pero subrayan el nudo gordiano del asunto: ¿Dónde está el límite a partir del cual esa inclusión, siempre deseable, no es viable? “Buscamos la integración y hacemos actividades de integración con muchos coles de Segovia. Primero, para que los chicos vean que esta realidad existe, pero la integración se pierde en el momento en que se les segrega dentro del mismo aula”. Segregar va desde contenidos distintos hasta desfases curriculares importantes. “Ahí es cuando ya vienen al centro de educación, porque ya no es beneficioso para ellos estar en un centro ordinario. Los padres agotan todas las posibilidades antes de mandarlos aquí”.

Previsión de medios

El centro segoviano exige al sistema que reforme las instalaciones antes de aplicar la ley. “Y los ordinarios no están listos para recibir a este alumnado. ¿Qué se va a hacer con estos niños”. La primera exigencia sería costear una dotación de personal e instalaciones en los centros ordinarios. Además de la figura de una enfermera constante, señalan la presencia de los Ayudantes Técnicos Educativos (ATE), responsables de la autonomía del alumno: desde cambiar el pañal a darle de comer. La fisioterapia es esencial –casi todos los alumnos reciben sesiones–, además de que las instalaciones estén adaptadas para esos niños con ejemplos como una piscina pequeña con agua caliente para sesiones con niños espásticos, que tienen los músculos tan rígidos que necesitan una ayuda especial para la relajación.

El resumen es que el grueso de los 60 alumnos que ahora mismo tiene el colegio Nuestra Señora de la Esperanza no podrían estar solamente con un tutor y una veintena de compañeros en el aula. “Tendría que haber una persona en el aula constantemente para atender a ese niño, además del maestro”. Esta función la realizan maestros especialistas en pedagogía terapéutica (PT), la figura que actualmente impera en los centros ordinarios. Se encarga de dar a los niños un apoyo más específico, bien en la propia clase o en sesiones individualizadas. El problema está en que esta función, que ahora se limita a un número escaso de horas, debería ser permanente. “A lo mejor les atienden tres horas a la semana porque no tiene un desfase curricular muy amplio, igual de tres cursos. Pero es que nosotros tenemos niños con 20 años que tienen un nivel de Infantil. Así que no les puedes dejar en un aula toda la mañana y que solo entre el PT una hora. La rutina de un centro de educación especial es muy distinta. El PT está permanentemente en clase con los alumnos y los grupos son muy reducidos, de unos cuatro o cinco chicos”.

El factor psicológico

La frontera entre una educación y otra suele llegar en el paso a Secundaria: ese salto de nivel complica mucho las cosas. Y las familias ponen la autonomía por encima del currículo. “Los padres te dicen: ¿De qué me sirve que sepa hacer ecuaciones si luego no puede ir al Mercadona a por una barra de pan?” En esencia, es más útil para ellos desenvolverse en la cocina o aprender jardinería que su nivel en ciertas asignaturas.

“Hay chicos que podrían estar en un colegio ordinario, pero por edad tendrían que estar en el instituto”

El Nuestra Señora de la Esperanza no teme el cierre del centro y considera “irreal” ese escenario. “Si alguien se planteara así la ley y viniera unos días aquí se daría cuenta de que es imposible”. Se muestran abiertos al traslado de alumnos, pero ven difícil encontrar el nivel adecuado. “Hay chicos que podrían estar en un colegio ordinario, pero por edad tendrían que estar en el instituto. Y allí sería muy complicado”. Hay muchos perfiles con edad de Secundaria y nivel de Primaria. Todos coinciden en buscar a cada cual su sitio, pero difieren en cómo hacerlo. En el apartado psicológico, la desigualdad de condiciones afecta a la autoestima de los alumnos; en el método ordinario están más expuestos a una sensación de fracaso contra la que muchas veces no tienen argumentos para luchar; mientras, en el especial, con unas circunstancias adaptadas a su realidad, se sienten más útiles. A eso se añade el resigo de marginación y el periodo de adaptación para el resto de alumnos. “Hay chicos que cuando les ven por primera vez se quedan impactados. Al final se crea un vínculo entre los chicos, pero claro, al principio cuesta”.

“Los centros no están adaptados”

Óscar Sancho, logopeda y responsable de Educación en CC OO en Segovia, estuvo en una reunión con el secretario de estado de Educación, Alejandro Tiana. “Él aseguró y requeteaseguró que no iban a desaparecer los centros de educación especial”. Su interpretación es que la ley pretende integrar a quién pueda hacerlo. “Con eso estoy conforme, es el objetivo real de la educación especial. El resto son guetos y meter lo que me estorba donde nadie lo vea. Pero desde que yo trabajo solo he visto recortes en la dotación para educación especial en los centros ordinarios, con leyes de cualquier partido político”. Y lo ilustra con un diagnóstico: no hay un centro que cuente con un logopeda a tiempo completo.

Sancho entiende que la ley avanza hacia su ideal de educación especial: “Dar al alumnado la atención que merece, pero en los centros ordinarios. Con los niños de su barrio o de su pueblo, que es con quien tienen que estar”. Este profesor recibe “con aplausos” la ley pero asegura que la clave será su dotación presupuestaria. Y valora los cambios, a su juicio, necesarios. Lo primero: especialistas a tiempo completo. “Dejar de tratar al alumnado como un número. Eso de que se dotará de un especialista por cada 15 alumnos. En el momento que haya un niño con necesidades debe disponer de todos los recursos”. Y alude al problema de dispersión: “Como hay un niño sordo en Cantalejo, otro en Cuéllar y otro en Ayllón hay un especialista para todos. La mitad de su tiempo está en la carretera y la otra mitad, despistado. Así no se atiende; figura que el alumno tiene una atención, pero no la tiene realmente”.

La voluntad de la ley exige la implantación de enfermeros educativos que puedan atender desde problemas en el día a día a ataques epilépticos. Lo siguiente, a su juicio, serían las instalaciones y la adaptación física. ”La escuela pública en Segovia no dispone de medios para discapacidad auditiva. Ni siquiera están adaptados los centros; no hay ascensores en colegios con muchas escaleras ni están salvados todos los desniveles”. Y lo lleva a la adaptación en la propia clase. “No vale comprar una silla para el colegio, hay que dejar una dotación económica para adaptarla al peso y tamaño del alumno cuando llegue. Hay que pensar en el alumno, no en el centro”.

La letra de la Ley Celaá

El texto aprobado en el Congreso de los Diputados no recoge que los colegios de educación especial vayan a cerrar. La normativa establece es que el Gobierno desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años, los centros ordinarios cuenten con los recursos para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Respecto a estos centros, el texto señala: “Las Administraciones continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. En relación a la escolarización del menor: “La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado”. Respecto a la evaluación tras cada curso, añade: “Permitirá modificar el plan de actuación, así como la modalidad de escolarización, que tenderá a lograr el acceso o la permanencia del alumnado en el régimen más inclusivo”. Es decir, si está en un tipo de centro o en otro.

La denuncia de la ONU

La polémica surgió a raíz de una denuncia interpuesta hace tres años ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (dependiente de la ONU) por vulnerar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en mayo de 2008. En concreto, que “las personas con discapacidad puedan acceder a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás”. El comité visitó España en 2017 y denunció: “Violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad. Un sistema que continúa excluyendo de la educación general a personas con discapacidad intelectual y discapacidades múltiples”. Y recomendó: “Para lograr de manera práctica la educación inclusiva, es necesaria una transferencia de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general, permitiendo el acceso del alumnado con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto de estudiantes”.