Los diputados provinciales, en una de las votaciones del pleno ordinario celebrado ayer. / KAMARERO

La Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección y una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora el 15 de octubre han sido dos de las pocas cuestiones en las que los diferentes grupos se han puesto de acuerdo durante la sesión, que se ha desarrollado en un clima de intenso y tenso debate en algunas ocasiones.

Los 25 diputados han apoyado la nueva ordenanza fiscal que, en palabras del diputado de Hacienda, Óscar Moral “supone la modernización y mejora de los servicios tributarios de la Diputación, y nos permitirá contar con un plan personalizado de pagos que facilitará mucho las cosas al ciudadano”.

Otra de las cuestiones importantes que se llevaban a este Pleno provincial era la prorroga del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio que ha sido rechazada por el grupo socialista “porque debía haberse realizado un nuevo proceso de contratación teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo con el Covid para mejorar la atención a los usuarios y las condiciones laborales de las trabajadoras” según ha manifestado su portavoz, Máximo San Macario.

A este respecto, el presidente Miguel Ángel de Vicente ha advertido que “el pliego contempla dos prórrogas y esta es la primera, además, conscientes de la situación, hace tres meses aprobamos en este Pleno, con su voto a favor, una subida del precio/hora en la relación contractual con la empresa, algo que no se hace desde el capricho político sino siguiendo criterios técnicos y que ha supuesto un aumento de más de 200.000 euros. Pero si vienen aquí a querer modificar un convenio colectivo, que estamos de acuerdo que se puede mejorar mucho, se equivocan de puerta porque la relación contractual de las trabajadoras es con la empresa y la competencia en esa materia tiene carácter autonómico”.

Derecho a la propiedad

En el capítulo de mociones, el grupo Mixto Ciudadanos ha retirado una de las recogidas en el orden del día de urgencia, la relativa a la toma de medidas necesarias para garantizar la supervivencia de los sectores económicos de la provincia, ya que, según su portavoz, Ángel Jiménezya se están dando pasos en esta materia a nivel nacional y no es momento de traerlo a este debate”. Sí ha salido adelante, a pesar de los votos en contra de los socialistas, la moción conjunta presentada por PP y C´s sobre la defensa del derecho a la propiedad privada y contra la ocupación ilegal de viviendas. Tanto José María Bravo como Ángel Jiménez han denunciado “la situación de indefensión de los propietarios con las leyes actuales” mientras que el diputado socialista Alberto Peñas les ha acusado de querer “crear alarma social y meter miedo a los ciudadanos, ya que esto afecta a una minoría”.

EL PSOE, sin apoyo

En cuanto a las tres mociones presentadas por el grupo socialista, han sido rechazadas por los otros dos grupos ya que, tal y como ha manifestado José María Bravo “han convertido en moción los compromisos adquiridos en este Pleno por el equipo de Gobierno en anteriores sesiones, con cuestiones que ya estamos llevando a cabo, para hacerlas suyas y colgarse la medalla”.

La primera de las mociones socialistas solicitaba ayudas económicas para gastos extraordinarios en centros de Educación Infantil y Primaria de la provincia.

El diputado José Antonio Mateo ha renunciado a la defensa de la moción, a sabiendas de que iba a ser rechazada, y en su turno, José María Bravo ha explicado que “como ustedes saben, porque se lo hemos contado, es una cuestión que irá recogida en los presupuestos de 2021, a la que los ayuntamientos podrán acogerse desde el inicio del curso escolar en septiembre hasta su finalización en junio. Tenemos que gobernar sobre certezas y por eso no se ha recogido antes ante la incertidumbre de la situación en materia educativa”.

La segunda de las mociones socialistas sobre la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento, gestión, seguimiento y presentación de proyectos a fondos europeos ha centrado el debate en el vacío que existe en este momento sobre el papel de las diputaciones en este sentido. Por eso, la diputada Noemí Otero ha lamentado “el poco trabajo que subyace de este texto, ya que hay que saber que estas ayudas no son un cheque en blanco y están vinculadas a modificaciones estructurales ya que, en estos momentos, los fondos de la Unión Europea se canalizan a través de las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos no tienen capacidad para gestionarlo y, por tanto, no necesitan una oficina”.

Por su parte, José María Bravo ha asegurado que “el rechazo a la moción es claro porque no sabemos nada de nuestro papel en esto por parte del Gobierno de España, ni siquiera si a las entidades locales nos van a dar vela en este entierro”.

Mientras, el diputado socialista Samuel Alonso ha cerrado su defensa asegurando no poner en duda el trabajo de los técnicos, pero “es el momento de adelantarse, no de esperar a las migajas, solo pretendemos que se trabaje en una línea común”.

Para finalizar, De Vicente ha informado sobre cuestiones que han tenido lugar esta misma mañana en la Comisión de Diputaciones de la FEMP “en la que pedimos acceso a los fondos europeos directamente en igualdad de condiciones que las Comunidades Autónomas, porque el papel de los ayuntamientos está sin definir, pero las diputaciones estamos directamente excluidas”.