La Audiencia Provincial ha defendido el papel que desempeña la Guardia Civil como institución, en su papel como protectora de los derechos de los ciudadanos. Lo ha hecho con motivo del caso que juzga a tres guardias civiles por un posible caso de delitos contra la integridad moral y el honor.

En este juicio, en el que el Tribunal ha condenado a dos guardias civiles, se matiza la diferente actuación que en general realiza este cuerpo de seguridad, con el caso concreto que se juzga y que fue denunciado por varias personas que fueron cacheadas en un control en el que se buscaban drogas.

Como ya informó ayer este diario, dos de los guardias civiles implicados, pertenecientes a la Comandancia de Segovia, han recibido una sentencia condenatoria, si bien aún no es firme y será recurrida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Otra agente que intervino fue absuelta.

En sus fundamentos jurídicos, el Tribunal de la Audiencia señala que no le resulta agradable tener que enjuiciar a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por ningún hecho delictivo “y mucho menos por la comisión de hechos contra otros ciudadanos, derivados de un abuso de poder o de la causación de tratos degradantes”. Sin embargo matiza que cuando alguna persona, miembro de estas Fuerzas y Cuerpos, comete un hecho delictivo es más necesario que nunca perseguir y enjuiciar dichas conductas, “puesto que no sólo atentan contra las víctimas y la sociedad en su conjunto ,como sucede con cualquier delito cometido por quien no ejerce esa función, sino contra la misma confianza de la sociedad en sus fuerzas del orden; de forma que unas conductas aisladas y excepcionales no castigadas puedan convertirse injustamente en desprestigio para dichos Cuerpos, en este caso la Guardia Civil, del que nos consta su acreditada profesionalidad y dedicación a la protección de los derechos de los ciudadanos”.

“Con esto queremos indicar – agrega el Tribunal- que el presente juicio no se dirige, ni por tanto deberá interpretarse en modo alguno, como un enjuiciamiento a la actuación de la Guardia Civil, sino el enjuiciamiento del comportamiento individual de tres acusados, que son miembros de ese Cuerpo, pero que son los exclusivos responsables de sus actos, y que han contado en el juicio con las mismas obligaciones, pero también derechos y garantías, que cualquier otro ciudadano”.

Conviene recordar que los miembros de la Guardia Civil actúan a menudo de policía al servicio y las órdenes, precisamente de las autoridades judiciales.

La sentencia, de la que es ponente el presidente de la Audiencia, Ignacio Pando, y que cuenta con la participación de los magistrados Francisco Salinero y Asunción Remírez, condena a dos de los guardias civiles a un año y medio de prisión y seis años de inhabilitación. Según los hechos relatados y ocurridos en junio de 2014, hicieron cacheos con desnudo casi integral que no estaban permitidos a tres ciudadanos en el peaje de la autopista AP-6, cuando sospechaban que podían portar drogas.

Por si fuera poco, los miembros de un tribunal de Justicia deben discernir entre las posturas de las dos partes en litigio. En este caso se planteaban dos versiones, la de los denunciantes y la de los acusados, “no ya discrepantes, sino directamente contrapuestas, de forma que un observador ajeno al juicio podría haber llegado a pensar que estamos ante dos actuaciones diferentes”, relatan los magistrados. “Ello obliga a la Sala a optar por una u otra versión, a salvo de pequeños detalles, sin que sea posible una integración entre ambas, lo que a su vez significa que la credibilidad de una u otra deberá obtenerse en su conjunto, sin que sea factible la segmentación de cada uno de los distintos hechos que se contraponen por las partes, pues la coherencia de uno y otro relato exigen esa continuidad”, explican.

Por todo ello, los magistrados aseguran intentar encontrar la verosimilitud de los distintos testimonios, labor que no resulta tarea fácil.