El pasado día 17 de enero el Banco de España publicaba el dato referente a que la deuda de las Administraciones Públicas Españolas ascendía a 1.506 miles de millones de euros en noviembre de 2022 y situándose en máximos históricos, con una tasa de variación del +5,6% en términos interanuales. El saldo de la deuda del Estado se elevó a 1.332 miles de millones de euros, mientras que la deuda de la Seguridad Social se situó en 106.000 millones de euros, con un crecimiento de un 13,1% más que en el año 2021. Por último, la deuda de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), del Banco Financiero y de Ahorros, tenedora de acciones (BFA), del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) y del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), sumaba la cifra de 46.000 millones de euros.
Unas cifras alarmantes, si las comparamos además con la deuda de las Comunidades Autónomas de 317.000 millones de euros con un incremento del 1,3% respecto al año 2021, o bien de las Corporaciones Locales de 22.000 millones de euros con una reducción del –0,5% respecto a 2021. Se prevé además una emisión neta de deuda pública de más 70.000 millones en 2023, con lo que cada español deberá asumir una deuda de 1.476 euros más, hasta un total de cerca de 32.000 euros por ciudadano. Un suma y sigue, que no para.
Una deuda pública que se sitúa en el 116% del PIB español en 2022, un porcentaje que se ha ido reduciendo pero por el efecto del crecimiento del PIB en términos nominales a causa de la inflación galopante. Las cifras son elocuentes, entre el año 2019 y el año 2022, la deuda del Estado se ha incrementado en un 28,5 % mientras que la deuda de la Seguridad Social en un 157,7 %. España, como puede verse en el Ranking mundial de Deuda Pública, está entre los países con mayor deuda del mundo, junto con Francia (112,8% del Pib) e Italia (150,3%), a diferencia de Alemania cuyo porcentaje es del 68,6% del Pib.
La deuda pública española ha tenido un crecimiento exponencial desde el año 1980, cuando representaba un 16,58% del PIB y sumaba la cantidad de 16.000 millones de euros. Hoy nuestra deuda asciende a 1.505.540 millones de euros y representa el 116% del PIB en 2022, con un crecimiento desde el año 2008 del 241%, cuando nuestra deuda era de 440.621 millones de euros. Un resultado que no puede extenderse en el tiempo, la multiplicación de la deuda por 2,5 en apenas 15 años.
En los tres años del actual Gobierno, la deuda pública ha pasado de 1.230.352 millones de euros en 2020 a 1.505.538 millones de euros en 2022, con un incremento del 22,36%. De modo que, cada español ha pasado de deber 25.994 en 2020 euros a una deuda de 31.741 euros en 2022, es decir 5.747 euros más. Con esta política, claro está, se traspasa el problema a las futuras generaciones que deberán hacer frente al pago de la deuda pública, así como al pago de los intereses.
El coste financiero de la deuda se ha fijado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 en 31.275 millones de euros, un 3,6% más que en el año 2022. Un aumento del coste por la subida de los tipos de interés llevado a cabo por el Banco Central Europeo. A ello se suma la nueva emisión neta de deuda prevista en 76.000 millones de euros en 2023, cuando la factura del servicio de la deuda será la más alta en 10 años, de modo que las Letras a 6 meses han pasado al 2,599% desde el 2,092% y las a 12 meses al 2,998% desde el 2,474%.
Un aumento del coste financiero de la deuda pública española que todavía no ha concluido, debido a las futuras subidas de tipos de interés. El riesgo de una nueva “crisis de la deuda soberana” es evidente, como ocurrió en el año 2011 que obligó al Gobierno de Zapatero a propugnar la modificación del artículo 135 de la Constitución con el objetivo de incluir en la Carta Magna la obligación del pago prioritario de la deuda pública frente al pago de otro tipo de gastos como las pensiones o la sanidad, aunque está situación se oculte por el Gobierno actual. Recordemos, además, que para fomentar la compra de deuda española por los ciudadanos e instituciones financiaras extranjeras, el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes establece que los intereses devengados por aquellos contribuyentes tenedores de deuda española y no residentes están exentos de pago en aquel gravamen.
Un nivel de la deuda pública española que nos puede llevar a una espiral deuda – inflación que genere graves perjuicios económicos para los ahorradores (sus títulos cada vez valen menos), al mismo tiempo que produzca un aumento del coste de la financiación de las empresas por las continuas emisiones de deuda interior por parte de las Administraciones, remunerada con altos tipos de interés.
Debemos tomar nota de nuestra historia económica en relación con la Hacienda Pública. La deuda del Estado ha constituido el grueso de nuestra deuda, ahora representa el 81% de la deuda total. El examen de los ciclos históricos muestra que la evolución de la deuda del Estado en términos reales, en España, entre los años 1850 y 1986, dibuja cuatro máximos históricos, situados en los años 1875, 1900, 1939 y 1986. Unas cimas derivadas de crecimientos acelerados de la deuda pública en circulación, consecuencia a su vez del agrandamiento del déficit del Presupuesto con origen en la insuficiencia tradicional del sistema tributario español, junto con aumentos acumulativos en los gastos públicos, causados por las cargas crecientes de la propia deuda, o del aumento repentino de los pagos del Estado por conflictos bélicos o por crisis económicas. En efecto, estas necesidades llevaron a que la deuda pública española en circulación, en pesetas de 1913, se situase en 16.070 millones, cuando en 1864 sólo alcanzaba los 3.639 millones de pesetas. Efectivamente, en el año 1900 la deuda en términos reales llegó a los 13.733 millones de pesetas, y en 1939 alcanzó los 14.628 millones de pesetas de 1913. Anteriormente, la deuda en 1890 llegó a 8.166 millones de pesetas y en 1929 a 11.542 millones de pesetas de 1913. Desde principios del siglo XX se abrió la posibilidad de que el Estado colocase la deuda pública en la cartera de los Bancos. Esas circunstancias permitieron que el Tesoro recurriese a la monetización directa, primero, e indirecta (pignoración en el Banco de España de la deuda pública suscrita por la Banca), después, del déficit presupuestario, lo que determinaba irremediablemente un aumento de la inflación y baja en la cotización de la peseta. El descenso de la deuda real del Estado desde el año 1939 (unos 14.600 millones) hasta 1959 (unos 7.900 millones de pesetas de 1913) fue consecuencia del proceso inflacionista que sufrió la economía española durante el primer franquismo. En efecto, la inflación se convirtió en el instrumento que los Gobiernos españoles utilizaron para rebajar el valor real de su endeudamiento hasta los años 70 del pasado siglo. Al mismo tiempo que ha de destacarse la colaboración del Banco de España en la política de financiación del déficit del Estado y de la política de la deuda del Tesoro, contribuyendo a la gestión de la deuda pública española.
La segunda etapa, una vez llegada la Democracia, ha determinado que desde el año 1982 se ha sobrepasado el nivel histórico del año 1875. En efecto, en el año 1975 la deuda alcanzaba los 10.334 millones de pesetas y en el año 1982 ya se situó en 16.500 millones de pesetas. Lo más grave ha ocurrido, sin embargo, después de 1982, ya que a finales de 1985 la deuda del Estado en circulación ya era de 51.200 millones de pesetas constantes. En esos tres años, la deuda del Estado en términos reales se triplicó. Desde 1979, y más particularmente desde 1983, el crecimiento de la deuda del Estado no ha tenido precedentes históricos. Un proceso que ha continuado en el tiempo.
Por tanto, podemos concluir que el único objetivo perseguido explícitamente por la política de gestión de la deuda en la España de los siglos XIX y XX ha sido la financiación del déficit del presupuesto del Estado. Es decir, el objetivo primordial de la política de la deuda pública en nuestro país ha sido la financiación de las insuficiencias fiscales del Estado, consecuencia de un déficit público permanente. Como señaló J.M. González Páramo (1987), “el déficit del Estado autoalimentado por la carga financiera derivada de déficit anteriores”. Al propio tiempo, que Banco de España se afanaba en la colocación de la deuda pública, de hecho además en el año 1984 con el PSOE en el Gobierno, se puso en marcha una amnistía tributaria a cambio de la inversión del dinero aflorado en pagarés del Tesoro, sin penalización fiscal y salvaguardando el anonimato de los suscriptores.
El rasgo más notorio ha sido el gran crecimiento de la deuda pública en circulación desde 1975, explosivo desde 1982, de modo que si en el año 1980 la relación deuda pública/renta nacional era del 8%, en 1985 ese porcentaje se había elevado al 37% de la renta nacional, con el consiguiente aumento del coste de la deuda desde el 2% del gasto al 18% en 1985. En definitiva, en 1980 la deuda de todas las Administraciones Públicas ascendía al 19% del PIB, y en 1985 ya había llegado al 44%, en 2023 este dato está en el 116% del PIB.
En la última etapa del crecimiento de la deuda pública durante este siglo XXI (2001-2023), se ha de exponer que en el año 2001 la deuda pública española ascendía a 378.883 millones de euros que representaban el 54% del PB, una deuda que se mantuvo constante hasta el año 2007 con 384.662 millones de euros (35,80% del PIB). Sin embargo, la crisis económica del año 2008 elevó la deuda hasta 440.621 millones ese año, una deuda que se duplicó entre los años 2008 a 2012 cuando llegó a 927.813 millones (90% del PIB). Entre los años 2012 a 2017, la deuda pasó de 927.913 millones de euros a 1.183.412 miles de millones (101%€ del PIB). El día 7 de junio de 2018 tomaba posesión del Gobierno de Pedro Sánchez, pues bien en este año la deuda llegó a los 1.208.861 miles de millones de euros (100,40% del PIB) y en noviembre de 2022 se ha pasado a 1.505.540 miles de millones de euros (116,01% del PIB), con un crecimiento del 24,5% en 5 años.
.El crecimiento reciente ha situado la relación deuda pública/renta nacional a una altura similar a la de los países desarrollados. Sin embargo, la rapidez con que este nivel se ha alcanzado y la estructura de la deuda actual en España convierten la actual situación en preocupante. Esta desazón se ve aumentada por el apreciable crecimiento de los intereses de la deuda como consecuencia del incremento de los tipos de interés.
Un aumento de la deuda pública a pesar del aumento ingente de los ingresos tributarios por el crecimiento económico nominal, como consecuencia de la inflación, y de la implantación de las nuevas figuras tributarias: el Impuesto sobre el Plástico, el Impuesto sobre Residuos, los nuevos gravámenes sobre las empresas energéticas y las entidades financieras.
