Instalaciones de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Rancho del Feo, en Segovia. / Kamarero
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Segovia cuenta con el servicio de suministro de agua –abastecimiento y saneamiento– con el precio medio más alto de toda Castilla y León, según revela el último ‘Estudio sobre las tarifas del suministro domiciliario del agua’ que ha realizado Facua-Consumidores en Acción. Para elaborar este análisis que abarca un total de 53 ciudades españolas, la organización ha tenido en cuenta las cuotas fijas y variables facturables, además de los posibles cánones o recargos, tomando como referencia una vivienda habitada por tres miembros, con periodicidad mensual.

Así, se han establecido dos consumos medios de 10 y 20 m3, obtenidos a través de contadores individuales de 13 y 15 mm de calibre. Según estos, la tarifa del agua varía hasta un 1.139% –hasta doce veces más cara– según la ciudad en la que se resida. En los extremos de precios y coste para el consumidor se sitúan a un lado Barcelona (con un precio medio de 46,89 euros) y al otro León (5,49 euros).

Atendiendo exclusivamente a Castilla y León, la capital segoviana lidera la clasificación del precio medio menos económico. El coste del servicio para un vecino de la ciudad es de 13,30 euros por un consumo de 10 m3 y de 33,73 euros para un consumo de 20 m3. La media, por tanto, alcanza en Segovia los 23,51 euros –cifra inferior a la media nacional, fijada en 24,41 euros–.

Ninguna otra ciudad de la Comunidad presenta unos costes tan altos para el consumidor. El precio medio del resto de capitales es de 21,05 euros, en Ávila (empresa privada); 20,53 euros, en Zamora (empresa privada); 19,41 euros, en Salamanca (empresa privada); 17,48 euros, en Valladolid (empresa pública); 16,17 euros, en Palencia (empresa privada); 15,66 euros, en Burgos (empresa pública); 13,69 euros, en Soria (empresa mixta); y 5,49 euros, en León (empresa mixta).

Las diferencias –en ocasiones importantes– que existen entre las tarifas de suministro de agua de Segovia y las del resto de capitales de la Comunidad “no son ningún capricho”, según asegura el concejal de Obras, Servicio e Infraestructuras del Ayuntamiento de Segovia, Miguel Merino, sino que responden a muy distintos factores: “criterios orográficos, calidad del agua, contaminación, compuestos químicos del terreno, propiedad de la presa o cánones de explotación, entre otros”.

“Lo primero que hay que hacer es pedagogía de lo que es una tasa y no un impuesto. Una tasa, como la del agua, no es un sistema con el cual el Ayuntamiento pueda pretender hacer dinero. Lo único que hacemos, y además estamos obligados, es recaudar lo que cuesta el servicio; nada más”, explica Merino, quien en ningún caso considera fuera de lo normal los precios del servicio en la capital.

“Aquí lo que tenemos es un servicio de muchísima calidad. Es muy llamativo cómo Facua recoge en su informe, en las tablas de saneamiento, que por ejemplo León cobra la depuración de los 10 primeros m3 de agua a 0,46 euros; mientras que nosotros lo hacemos a 6,70 euros. No sé qué proceso de depuración tiene León, pero quiero pensar que nuestro sistema es más complejo. El compromiso ambiental del Ayuntamiento es muy alto y no solo nos preocupamos de que el agua llegue a los grifos de las casas de los vecinos en las mejores condiciones; sino que los vertidos que retornan al río lo hacen también bajo unos criterios de elevadísima calidad”, asegura el edil.

Y es que, hay que tener en cuenta que Segovia vierte el agua desde la depuradora en una zona de especial protección del río Eresma y la normativa de vertidos en una ‘zona sensible’ establece una serie de parámetros que para llegar a cumplir exigen de una sensibilidad y una sistemática que conlleva cargas especiales en todo el proceso de depuración. Por lo que además del coste propio de llevar el agua a los vecinos, hay que añadir el cierre del ciclo integral que implica retornar el agua al río en condiciones especiales.

A estos costes, el Consistorio debe añadir el pago del canon de explotación del Pontón Alto; algo más de 400.000 euros anuales que debe abonar al Ministerio para la Transición Ecológica –“una cantidad que no muchas ciudades podrían asumir”–.

El Estudio de Facua sugiere una serie de reformas a los ayuntamientos –competentes en el suministro de agua– para la mejora de la tarificación. La organización de consumidores reclama que los consistorios y entidades gestoras “den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tablas de precios y aprobarlas” y que establezcan: un sistema progresivo de tarificación, bonificaciones para determinados perfiles de consumidores y facturas por habitante en vez de por domicilio.

“Nosotros cumplimos dos de las tres recomendaciones que hacen. Cuando hablan de tarifa progresiva, nuestra tarifa lo es; no paga lo mismo el que consume de 16 a 35, que el que consume de 26 a 50, que el que consume más de 51. Además, los primeros 25 m3 son gratuitos. No perdamos de vista que los consumos elevados hay que pagarlos, en aplicación del criterio ambiental y europeo de ‘el que contamina paga’; si echamos y vertemos mucha agua a la depuración tenemos que pagar más. La ordenanza fiscal de la tasa del servicio del agua también recoge bonificaciones”, defiende Merino.

El concejal también se abre a estudiar cambios en la facturación para que se atienda al número de habitantes a la hora de establecer si existe o no alto consumo en un domicilio: “ Las ordenanzas tienen que ser documentos vivos que se adapten a determinadas circunstancias y no descarto que a lo largo del año si surge la renovación o la revisión de este tipo de documentos se puedan tener en cuenta estos criterios”.