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Foto de archivo de la sala de vistas del Palacio de Justicia, durante una sesión judicial. / KAMARERO

No por repetitivas, las necesidades de la Administración de Justicia en Segovia dejan de tener validez, y la crisis sanitaria ha puesto de relieve la urgencia de dotar de los medios adecuados en la provincia para garantizar la mejor asistencia posible a la ciudadanía. El informe realizado por la Audiencia Provincial de Segovia incluido en la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) pone de manifiesto algunas de las viejas reivindicaciones de los profesionales del Derecho y de la Judicatura en la provincia, a las que se añaden algunas nuevas derivadas del propio desgaste en el trabajo diario.

El presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando Echevarría, vuelve a insistir en su documentada exposición ante el alto tribunal regional la necesidad de crear en Segovia un segundo Juzgado de lo Social, ya que actualmente supera el módulo de entrada previsto en el sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales.

Así, el pasado año ingresaron en este juzgado un total de 999 asuntos, cuando la media establecida por el sistema es de 800, y mantiene una pendencia de 909 asuntos y una dilación en los señalamientos que se aproxima a un año, lo que hace que el tiempo medio de respuesta “se haya disparado respecto de años anteriores, y consideramos que exige una respuesta urgente”, en palabras del magistrado.

Por otra parte, señala el informe la necesidad “acuciante” de contar con una cuarta plaza de magistrado , ya que actualmente cada uno de los magistrados de la Audiencia Provincial supera la carga máxima de asuntos establecida en 260 casos por la organización judicial. Así, cada magistrado atendió el pasado año un total de 312 casos, cifra muy superior incluso viéndose afectada por la crisis sanitaria, lo que en opinión de Pando Echevarría “dificulta el funcionamiento de la Audiencia sin dilaciones, pese al esfuerzo de los magistrados de la sala, solo solventado mediante un magistrado de refuerzo en comisión de servicios”.

A estas dos peticiones, ya recurrentes en otros informes, el presidente de la Audiencia Provincial añade la conveniencia de contar con la especialización de uno de los juzgados mixtos de la ciudad en materia de derecho de familia, con el fin de facilitar la unificación de criterios y una mejor organización en la tramitación de los expedientes. Este hecho llevaría consigo la disminución en la carga de trabajo del juzgado al que se asignara esta especialización, modificando las normas de reparto en materia civil, así como la creación de un equipo psicosocial específico para esta área.

Personal

En materia de personal, la dotación de funcionarios vuelve a ser uno de los caballos de batalla en la gestión de los distintos juzgados, y así lo hace constar en el informe, donde señala la necesidad de contar con un tramitador más en el Juzgado de lo Social, y de mantener el refuerzo en el Registro Civil y en el Juzgado de Sepúlveda.

Por otra parte, Pando considera necesario que se cree un equipo psicosocial específico para familia, ya que actualmente existen “limitaciones” en las pericias psicosociales al contar únicamente con equipos destinados al juzgado de Violencia sobre la Mujer y a Menores, que en su opinión resultan “insuficientes” para atender a los informes que solicitan el resto de juzgados y la propia audiencia.

Equipamiento

En materia de equipamientos, la Audiencia Provincial reclama mejorar el recientemente instalado sistema automático de transcripción de las declaraciones orales objeto de grabación audiovisual, cuya implantación esta ofreciendo resultados “no muy alentadores” en cuanto a la fidelidad de la transcripción.

Del mismo modo, considera necesario contar con un sistema de videoconferencia más en la sede de la Audiencia Provincial, ante el incremento de esta práctica derivado de las medidas sanitarias por la pandemia

La gestión digital de los expedientes a través de medidas como el portafirmas o el visor de expediente ha supuesto una experiencia “dispar”, en palabras de Pando, que aunque reconoce que las mejoras han sido notables “se confirma la pérdida de tiempo que supone para los jueces y magistrados, sobre todo en el proceso de firma y en el examen del expediente digital.

Por otra parte, insiste en mejorar el tiempo de respuesta del Centro de Atención al Usuario (CAU), al señalar que las incidencias registradas “tardan varios días en solucionarse, lo que puede acarrar situaciones graves cuando se refieren a actuaciones que no admiten dilación como guardias o causas con preso”.

En la provincia

El informe evalúa también la labor realizada en los juzgados de los partidos judiciales de la provincia, con especial referencia al de Sepúlveda, donde el presidente de la Audiencia Provincial celebra el esfuerzo realizado por la plantilla para superar la “situación de crisis” derivada de la excesiva carga de trabajo y la carencia de personal.

Así, señala que el número de asuntos pendientes en materia civil se ha reducido de 658 a 324 en 2020, mientras que en materia penal la reducción se ha situado en una cifra “razonable” de 171 casos frente a los 246 contabilizados en 2019.

Pese a ello, considera “preocupante” la situación actual, ya que el juzgado “está servido totalmente, excepto el juez, por funcionarios interinos, algunos de ellos con nula experiencia previa, lo que hace prever que nuevamente nos podamos volver a encontrar con una de las cíclicas situaciones de colapso de este órgano judicial.

En cuanto a los juzgados de Cuéllar y Santa María de Nieva, no se evidencian incidencias reseñables en cuanto a su funcionamiento, reduciéndolos en el caso de Santa María el número de pendencia de 242 asuntos en 2019 a 216 en 2020. mientras que en Cuéllar han aumentado sensiblemente, aunque motivados por la baja por enfermedad del titular desde marzo hasta noviembre.

A la espera del nuevo edificio judicial, si no hay más dilaciones

La actual dispersión de las sedes de los distintos órganos judiciales en la capital se resolverá con la puesta en marcha del nuevo edificio actualmente en construcción en el barrio de Ciudad y Tierra de Segovia, con el que la Audiencia Provincial confía en que se solucionen no sólo los problemas de dispersión, sino la calidad de las dependencias en las que actualmente se prestan los servicios.

El pasado año, la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Penal número 2 de la provincia obligó a hacer una remodelación de las instalaciones del Palacio de Justicia para encontrar un espacio adecuado para el mismo. Así, se llevaron a cabo obras que adaptaron la vivienda del Fiscal Jefe y parte de la vivienda de la presidencia para nuevas oficinas en las que se ha ubicado el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, que ha cedido sus anteriores dependencias al nuevo juzgado.

Pese a ello, en el informe, el magistrado Pando Echevarría señala que el Palacio de Justicia “carece de funcionalidad, resulta de difícil acceso para la circulación rodada y tampoco permite un aprovechamiento eficiente”. Además, se hace eco de las demandas de otros colectivos como el Colegio de Abogados o de Procuradores, que no cuentan con dependencias para poder “colocarse la toga o hablar con sus clientes”.

La construcción del nuevo edificio ha servido como excusa para que el Ministerio de Justicia haya desestimado propuestas realizadas desde la Audiencia Provincial para buscar una sede unificada provisional en la que concentrar todos los órganos judiciales dispersos, por lo que Pando confía en que “si las obras del nuevo edificio continuasen sin incidencias, es de esperar que el fin de esta situación de dispersión y falta de espacio esté próxima”.