La dispersión de las sedes judiciales supone un problema para la gestión de la Justicia./KAMARERO
La dispersión de las sedes judiciales supone un problema para la gestión de la Justicia./KAMARERO

La palmaria carencia de infraestructuras en la Administración de Justicia en Segovia parece ocultar otras deficiencias que dificultan tanto o más la adecuada gestión de los servicios que se prestan en los distintos juzgados que forman parte de la Audiencia Provincial.  Así lo hace constar el informe anual que la Audiencia envía al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) para incorporarlo a su memoria anual, en el que además de hacer balance de la actividad del pasado año, expresa en tono crítico las mejoras que hay que incorporar más temprano que tarde en este apartado.

El presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, traza en tan solo  13 folios una detallada visión del trabajo judicial y de las carencias y necesidades que Segovia tiene en este ámbito, y que pasan en materia de creación de órganos o plazas judiciales por solicitar la apertura de un segundo Juzgado de lo Social que pueda repartir  la carga de trabajo que tiene el actual y único órgano en la provincia.

Esta petición no es nueva, e incluso ha sido asumida y propuesta por el actual presidente del TSJCyL, el segoviano José Luis Concepción, ya que según recoge el propio informe, el juzgado actual “mantiene una carga que supera en mucho el módulo de entrada y que de mantenerse en el tiempo le impedirá desarrollar su función de forma adecuada».

Cifras cantan. Los datos recogidos por el propio informe señalan que en 2021 se contabilizaron un total de 1.320 asuntos, cifra que supera ampliamente el módulo de entrada  que el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia establecen para medir la carga de trabajo de los órganos judiciales, que se cifra en 800 asuntos. Las medidas de refuerzo adoptadas para aliviar la carga de trabajo –con la incorporación de una juez y funcionarios de refuerzo- han conseguido disminuir la pendencia  e incluso la dilación en los señalamientos, que en este último caso ha pasado de 11 meses en 2020 a los 9 registrados el pasado año; pero la entrada de asuntos sigue añadiendo presión a uno de los juzgados al que la crisis económica y las medidas laborales ponen en el punto de mira del trabajo judicial.

Asimismo, la Audiencia se hace eco de la creciente importancia del derecho de Familia en la Administración de Justicia, y reclama por ello que uno de los juzgados de primera instancia e instrucción pueda especializarse en materia de familia, no sólo para aliviar la carga de trabajo en el resto de la materia civil, sino para conseguir una unificación de criterios a la hora de abordar estos asuntos. Del mismo modo, considera necesaria la creación de un equipo psicosocial específico para familia con el objetivo de prestar un servicio más especializado en la atención a estos casos, y abunda a la hora de advertir necesidades de recursos humanos al señalar que esta necesidad es “especialmente relevante sobre todo cuando hay que decidir sobre la custodia compartida, en que es necesario constatar la aptitud de ambos progenitores para cuidar de sus hijos y que es lo más beneficioso para los menores”.

En materia de plantilla, Pando no duda en calificar de “acuciante” la necesidad de habilitar una cuarta plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, ya que la ratio de asuntos establecida por el acuerdo CGPJ-Ministerio de Justicia señala una carga máxima de 260 Asuntos por magistrado, cifra que  ya se había superado ampliamente en 2014 con 276 y que ha ido aumentando progresivamente en los últimos ocho años hasta alcanzar en 2021 los 367.

Además, la creación del segundo Juzgado de lo Penal convierte esta petición en la “primera  necesidad de Segovia», ya que la limitación de tres magistrados en la planta judicial “dificulta el funcionamiento de la Audiencia sin dilaciones pese al esfuerzo de los magistrados de la sala”.

En cuanto a la actividad de los juzgados en el ámbito de la jurisdicción penal, la carga competencial de los de Primera Instancia e Instrucción ha registrado un leve aumento en los últimos 12 mese con 4.462 asuntos, que devuelven la actividad registrada antes de la crisis sanitaria, y en los partidos de la provincia se mantiene en cifras estables, a excepción de Cuéllar, donde se registra una disminución hasta los 531, que retrotraen la situación al año 2019.

Preocupa más la actividad de asuntos relacionados con la violencia contra la mujer, donde la Audiencia Provincial señala la consolidación del incremento de causas que duplica la de años anteriores, habiéndose registrado en 2021 un total de 340 asuntos. En este sentido, el informe pone de relieve que el juzgado –que comparte su actividad con la de instrucción y de primera instancia- resulta “poco compatible y conflictivo al suponer el aumento proporcional del trabajo de los restantes por la redistribución de asuntos por turno de reparto”.

Por otra parte, la crisis económica se hace notar en la actividad judicial, tal y como señala el aumento de casos en la jurisdicción contencioso-administrativa, que sustanció un total de 372 asuyntos, aunque aún muy por debajo del módulo de entrada establecido por el Ministerio en 570 asuntos.

LA SEGURIDAD, UN PROBLEMA A RESOLVER

En diciembre de 2020, la agresión sufrida por la jueza titular de Santa María de Nieva a la salida del juzgado por un hombre, que le causó heridas de gravedad, abrió el debate sobre las medidas de seguridad en las sedes judiciales, y de nuevo vuelve a la memoria de la Audiencia Provincial en tono crítico, ya que se señala que la situación “no ha cambiado”. Así , se expresa que la única sede que cuenta con medidas de seguridad es el Palacio de Justicia, con un arco detector y una ruta de entrada específica para el público, así como dos agentes de seguridad privada y uno de la Guardia Civil, mientras que en el resto de las sedes judiciales “carecen de cualquier medida de seguridad, tanto en Segovia como en los otros tres partidos judiciales”. La solución “económica”, según el informe fue la instalación de cámaras de seguridad en Cuéllar, Sepúlveda y Santa María, así como un videoportero automático en este último partido judicial que “no evitará incidentes ni impedirá que los que ingresen en el inmueble lo puedan hacer con armas u objetos peligrosos, por lo que se considera un parche insuficiente para garantizar la seguridad reiteradamente reclamada y que debe ser solucionada de forma urgente”.

Vinculado a la seguridad, se señala las dificultades de acceso para personas discapacitadas, y pone como ejemplo a Sepúlveda, cuyo edificio “carece de solución dada su estructura y su ubicación”, lo que ha obligado al “indeseable espectáculo de tener que realizar actividades judiciales con personas impedidas en la calle”.

Cerca, pero aún lejos

Tras superar una pléyade de dificultades administrativas, el edificio que albergará las sedes judiciales de la capital pondrá fin a la dispersión de juzgados y mejorará la atención de la administración de Justicia en Segovia. Los profesionales del Derecho y la Judicatura confían en poder dejar de emplear el tiempo futuro a la hora de referirse a este edificio y que 2023 sea el año en el que se concrete el traslado efectivo al inmueble ubicado en el barrio de Ciudad y Tierra de Segovia; y así lo expresa el informe de la Audiencia Provincial, que advierte que la entrega del edificio “supondrá la necesidad de nuevas obras de adaptación, ya que en el proyecto inicial no estaba previsto el segundo juzgado de lo penal ni el refuerzo del Juzgado de lo Social ni se han atendidoposiblemente por no alterar el ajustado calendario de ejecución de las obras- las necesidades expuestas por los futuros usuarios”.

En este último aspecto, pone como ejemplo el diseño de las salas de vista, y precisa que “en el proyecto ninguna de ellas se ha diseñado para juicios con más de dos partes”.

En mayo de 2020, el Ministerio de Justicia formalizaba un nuevo contrato de las obras de continuidad del Nuevo Edificio de Justicia (NEJ) de Segovia, después de que su construcción quedase paralizada al entrar en concurso de acreedores la empresa que tenía adjudicada su obra.

La UTE Geoxa-Civis Global se hacía cargo de las obras por un valor de unos 9,9 millones de euros y un plazo de 20 meses desde su comienzo, lo que supuso retomar el proyecto después de que en 2017 el grupo de ingeniería y construcción Isolux lo abandonara al declararse en concurso voluntario de acreedores al no encontrar un socio con financiación que lo salvase de la quiebra.

El nuevo edificio contará con unos 9.000 metros cuadrados en una parcela de 13.000 y dispondrá de una planta semisótano, tres sobre la superficie y un aparcamiento de más de 120 plazas.

Está previsto que la infraestructura albergue los seis Juzgados mixtos de Primera Instancia e Instrucción, el de lo Penal, el de lo Social, el Contencioso-Administrativo y el de Menores, ahora distribuidos por distintos puntos de la ciudad de Segovia.

Además, acogerá la sede de la Fiscalía, el Registro Civil, otros espacios para Juzgados de reserva o apoyo y los servicios comunes procesales y unidades administrativo-judiciales como el decanato, equipos técnicos y psicosociales, salas de vistas o dependencias para abogados y procuradores.

Cabe esperar que el nuevo edificio contemple también mejoras en los equipamientos, donde en la actualidad se están introduciendo mejoras vinculadas al empleo de las nuevas tecnologías en relación con la gestión judicial. En este sentido, la Audiencia provincial cuenta con un sistema de transcripción de declaraciones orales objeto de grabación audiovisual, aunque se reclama “mejora o formación” acerca de la forma de hablar para garantizar la fidelidad en la transcripción. De igual modo, los sistemas de videoconferencia o la gestión del expediente digital sirven también para facilitar la gestión de los asuntos judiciales.