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El Ayuntamiento ejecuta obras de emergencia de forma subsidiaria en la Casa Buitrago. / Kamarero

La alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, advierte que de confirmarse definitivamente la anulación de la declaración de la plaza de Santa Eulalia como Bien de Interés Cultural (BIC), si llega a ser firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en ese sentido, “nos vamos a encontrar que un espacio con alto valor en cuanto a la traza urbana renacentista de la ciudad podría desaparecer”.

Luquero sin embargo, considera que la Junta “va a agotar todas las vías jurídicas que procedan; si tiene que ir en casación al Supremo o recurrir de alguna manera, no me cabe la menor duda”.

Por ese motivo añade que “la prudencia nos dice que esperemos a ver cómo se pronuncia el gobierno regional” en un asunto donde el Ayuntamiento de Segovia siempre ha estado de acuerdo en esa declaración de BIC con la categoría de Conjunto Histórico, para preservar los valores de la plaza de Santa Eulalia, recuerda.

Por otro lado, la regidora segoviana sostiene que el consistorio va a continuar adelante con la ejecución de las obras que de manera subsidiaria está ejecutando en el edificio conocido como Casa Buitrago o Palacio de los Buitrago, el único civil del siglo XVI que se conserva en la plaza de Santa Eulalia.

Ha indicado, además, que este inmueble “tiene la protección más alta en el Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS) y la sentencia no afecta y podemos seguir con las obras de emergencia”.

Se da la circunstancia de que la sentencia del TSJ responde a un recurso presentado por la sociedad Construcciones Gliazar, propietaria de varios inmuebles de la plaza de Santa Eulalia, entre ellos el Palacio de los Buitrago, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de 3 de septiembre de 2020 que declaró como BIC esa zona.

El Ayuntamiento inició en mayo esta intervención de emergencia en el palacio con arreglo a un proyecto básico redactado en 2019 para la ejecución de trabajos de consolidación y rehabilitación de la estructura del edificio, “tras la negativa del propietario a cumplir los mandatos y órdenes del consistorio para su conservación”, según fuentes del gobierno municipal, que quiere repercutir el coste a la propiedad.