
El pasado 1 de diciembre, la jueza titular del Juzgado de Santa María de Nieva María Sonsoles Velayos era atacada a la puerta del juzgado por un hombre que le agredió con un destornillador causándole heridas de gravedad. El incidente conmocionó a todos los órganos jurídicos de la provincia, y puso de manifiesto la falta de medidas de seguridad en las sedes judiciales de la provincia, que también hace constar en su informe anual el presidente de la audiencia provincial.
Así, señala que la única sede que cuenta con medidas de seguridad es el Palacio de Justicia de Segovia, que cuenta con arco detector y una ruta de entrada específica para el público, así como con un agente de la Guardia Civil y dos agentes de seguridad privada, mientras que el resto de las sedes judiciales “carecen de cualquier medida de seguridad, como sucede en los juzgados de los otros tres partidos judiciales”.
Como solución, se instalaron cámaras de seguridad en los juzgados de Sepúlveda, Cuéllar y Santa María, y pese a las peticiones de dotar de vigilante de seguridad a estos órganos judiciales “lo único que se ha hecho en ellos ha sido instalar un video portero automático, dando por hecho por tanto que estos juzgados permanezcan con sus puertas cerradas al público”.
Pando considera que esta solución “no evitará incidentes como los sucedidos en Santa María de Nieva ni impedirá que los que ingresen en el inmueble lo hagan con armas u objetos peligrosos sin que ningún personal de seguridad se lo impida, por lo que se considera un parche insuficiente para garantizar esa seguridad reiteradamente reclamada que debe ser solucionada de forma urgente”.