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La iglesia de San Millán conserva una placa de recuerdo a los caídos. / M.G

El cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que desde 2007 obliga a la retirada de edificios y espacios públicos de los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura” vuelve a la actualidad en la capital a través de la solicitud presentada ante el Obispado de Segovia por Juventudes Socialistas de Segovia y el abogado Eduardo Ranz para instar a la retirada de la simbología de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura en el territorio diocesano segoviano.

El escrito, presentado el pasado 14 de julio apela a la aplicación del Código de Derecho Canónico para recordar que ya en abril de 2015 se presentó un escrito de alegaciones canónicas para solicitar un decreto para la retirada inmediata de los símbolos y vestigios de la dictadura, además “de las oportunas medidas que destine el Obispado de Segovia para reparar el daño causado, presente y futuro”. Sin citarlos en esta comunicación oficial, pero si en una nota de prensa, señalan como ejemplos de este incumplimiento las iglesias de San Millán, San Esteban, San Miguel y las ruinas del antiguo templo de San Agustín, donde aún se conservan vestigios de esta índole.

Tanto la agrupación política juvenil dependiente del PSOE como el abogado –considerado uno de los principales impulsores de la creación de la ley y de la exigencia de su cumplimiento-, recuerdan en el escrito el artículo 15 del texto legal, por el que se impone a todas las administraciones públicas “adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978 y evitar la permanencia de cualquier vestigio que pueda ser causa de enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo constitucional de convivencia”.

Permisividad

En el escrito se recuerda que existen ya precedentes de retirada de placas en templos parroquiales, y ponen como ejemplo el caso de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro en Aspe (Alicante), donde fue retirada una placa con el nombre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. Asimismo, recuerdan la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao por la que se condena al Ayuntamiento vasco a retirar la denominación de la calle o paseo existente en esa capital en recuerdo de Rafael Sánchez Mazas.

Para JJSS y el abogado Ranz, la “permisividad o inacción” del obispado en el cumplimiento de esta ley genera “una manifiesta vulneración de las obligaciones y derechos de todos los fieles, aludiendo a la vulneración de los cánones 208 y 768 del Código de Derecho Canónico en el que se pide que se enseñe a los fieles “la doctrina del magisterio de la Iglesia sobre la dignidad y libertad de la persona humana”.

Así, consideran que la permisividad se procede a “un abuso de la potestad eclesiástica”, al no cumplirse el canon de investigación previa al tener noticia de un delito, y precisan que si “en un tiempo prudencial” no se obtiene respuesta a esta petición, acudirán “al romano pontífice y a la Curia Romana” para conseguir la pretensión inicial.

Los ayuntamientos, en el punto de mira

Desde el obispado, la voluntad de cumplir la ley de Memoria Histórica se mantiene “firme”, en palabras del Vicario General de la Diócesis, Ángel Galindo, que aseguró que se sigue trabajando en la elaboración del catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura que se mantengan en inmuebles propiedad del Obispado; tal y como se hizo constar en el escrito que se remitió al abogado Eduardo Ranz en 2015 contestando a la petición realizada en ese año para la retirada de los símbolos.

Asimismo, el catálogo tendrá en cuenta la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones deberán tener en cuenta la “exaltación personal o colectiva de la sublevación militar de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura y no sean de estricto recuerdo privado, o concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico religiosas protegidas”.

Galindo señaló que la obligación de la retirada de estos vestigios pertenece a los ayuntamientos, ya que éstos fueron quienes en su día materializaron la instalación de estas placas por orden del régimen franquista “y no fue iniciativa de la Iglesia”, ya que así está documentado históricamente, y en el caso de que se lleve a cabo la retirada, desde el obispado “no pondrá ninguna pega”.