IU jose luis Ordonez carlos Serrano
Carlos Serranos (izquierda) y José Luis Ordóñez, ayer en la sede de IU en Segovia. /E.A.

Las dudas planean de nuevo sobre la Diputación y su relación con contrataciones, subvenciones y relaciones con empresas cuyos titulares son diputados provinciales. Ahora es Izquierda Unida de Segovia la que reclama “explicaciones” al presidente de la Diputación Provincial sobre si la institución ha contratado o dado subvenciones a la empresa JM Plaseges Agua SL, “de la que el diputado del Servicio de Recursos Humanos y Gobierno Interior, Jaime Pérez, era administrador único hasta octubre de 2020, siendo relevado entonces por un familiar directo”, según afirman desde IU.

El coordinador provincial de Izquierda Unida de Segovia, José Luis Ordóñez, y el responsable de Movimientos Sociales, Carlos Serrano, comparecieron este domingo, 28 de noviembre, en rueda de prensa para pedir explicaciones a la Diputación por la actividad de la empresa mencionada, vinculada al diputado Jaime Pérez. Esta empresa está especializada en servicios de control técnico-sanitario del agua “y de forma habitual acomete actuaciones en localidades de toda la provincia”.

Carlos Serrano señaló que en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 19 de octubre de 2020 se publicó el cese/dimisión de Jaime Pérez como administrador de JM Plaseges Agua SL, con fecha de 9 de octubre. “Del mismo modo, se publicó el nombramiento de un familiar directo del diputado como nuevo administrador único de la sociedad”, añadió.

Desde IU sospechan de la “coincidencia” de que ese mismo día la Junta de Castilla y León anunció la firma de un protocolo general de actuación, suscrito por el presidente Alfonso Fernández Mañueco y los presidentes de las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad, con el objetivo de promover el establecimiento de sistemas de depuración en los municipios entre 500 y 2.000 habitantes, con una inversión en torno a los 140 millones de euros. “Estamos hablando de una empresa que ha trabajado y sigue trabajando en decenas de localidades de la provincia y cuyo administrador único hasta el 9 de octubre de 2020 era un diputado del Partido Popular”, subrayó Serrano. Por eso, consideran que la Diputación tiene que “dar explicaciones”. “Nosotros no tenemos pruebas, simplemente creemos que es importante que sean transparentes y que expliquen a la ciudadanía qué está ocurriendo respecto a la actividad de esta empresa y el porqué”, añadió. IU anuncia que seguirá investigando “y si tenemos alguna prueba de delito, no tenemos miedo ni preocupación por ir a los tribunales, porque no es la primera vez que vamos”.

Izquierda Unida remarca la necesidad de que la gestión del erario público sea transparente y que no genere ningún atisbo de dudas en la ciudadanía. Por ello, esperan que la Diputación Provincial aclare esta situación “para demostrar que no ha habido ningún trato de favor a una empresa propiedad de un diputado o de un familiar”.

El coordinador provincial de Izquierda Unida manifestó que la formación “seguirá defendiendo la transparencia en la gestión pública y fiscalizando la actividad realizada en las instituciones locales y provinciales”. La organización lamenta que su labor no pueda realizarse desde dentro de la Diputación, “debido a que tras las elecciones de 2019 la Junta electoral injustamente excluyó al diputado provincial de Izquierda Unida-Unidad Popular elegido de forma legítima, lo que supuso la mayoría absoluta para el PP”.