La ciudad de Segovia contará antes de fin de año con nuevas normas que regulen el tráfico rodado y que supondrá la limitación a miles de vehículos que funcionan con motores de combustión. Así lo establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Muy cerca de este límite se encuentra la ciudad del Acueducto, con poco más de 52.000 empadronados, según las últimas cifras oficiales.
Segovia ya prepara su implantación y la Policía Local ha comenzado a trabajar para elaborar informes sobre tráfico, aparcamientos, niveles de contaminación y otros datos que son preceptivos para llevar a cabo la norma y cumplir con la directiva del Ministerio de Transición Ecológica. Para ello se diseñará la ZBE que afectará a muchas calles, pero sobre todo al centro histórico.
Una de las medidas más impactantes será la prohibición de acceso a los vehículos considerados más contaminantes.
El Ayuntamiento de la ciudad acogió hace unas semanas una reunión con miembros de la Federación Empresarial Segoviana (FES) para conocer cómo se va a llevar a cabo la ZBE. Al encuentro asistieron, Rocío Ruiz, presidenta de Festur; Fernando García, gerente de ASETRA; Roberto Manso, presidente de Fecose; Laura del Palacio (Mercadona) y Araceli Herranz (Decalles).
AYUDAS EUROPEAS
En el encuentro, la alcaldesa Clara Martín recordó que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) concedió al Ayuntamiento una ayuda de 3.452.304,58 euros financiados por la Unión Europea-NextGenerationEU para la puesta en marcha de políticas de movilidad; como la implantación de una ZBE y para la transformación digital y sostenible del transporte urbano.
La primera petición de subvención, entre ellas para implantar la ZBE, fue atendida por el MITMA casi en su integridad (aceptó tres de las cuatro acciones propuestas), y otorgó 2.022.304,58 euros; y en su integridad, 1.430.000 euros, la segunda de las solicitudes, para la compra de cuatro autobuses eléctrico y la electrificación del control del transporte urbano.
Segovia fue la única ciudad de Castilla y León beneficiaria de las dos ayudas y una de las cuatro en toda España, junto a Torrelavega, Sagunto y Palma de Mallorca que accedió a estas dos líneas de subvención.
El objetivo es lograr una ciudad con menos emisiones de CO2, menos contaminación, ruido menos intenso, más saludable y en la que las personas sean protagonistas del espacio, propiciando la convivencia entre peatones y ciclistas, potenciando el uso del transporte público y restringiendo la presencia de vehículos particulares contaminantes.
Para llevar a cabo la implantación de la ZBE es preciso justificar cómo hacerlo. Para ello ha comenzado a anotarse datos como los del tráfico que circula por la ciudad. El contrato para esa recopilación de información tiene un coste aproximado de medio millón de euros y se esperaba que estuviera licitado en el primer trimestre del año, si bien continúa la toma de datos. Se están tomando en el casco antiguo de la ciudad, pero también en otros barrios.
Luego se elaborará el reglamento de la zona de bajas emisiones con el que definir los espacios de preferencia peatonal y exclusivo para vehículos poco contaminantes, entre otras cosas. Este reglamento estará aprobado antes del 31 de diciembre para su puesta en marcha inmediata, explicó la alcaldesa, Clara Martín.
Es posible que también se lleve a cabo una nueva ordenanza de circulación, que supondría modificar las actuales tarifas y horarios de la ORA. También supondrá alterar el número de plazas de aparcamiento, sobre todo en el centro, donde seguramente se eliminarán para dar más espacio a los peatones y liberar de contaminación los entornos donde se enclavan los monumentos.
En todo caso, es posible que el reglamento se pueda ir modificando en tanto en cuanto las limitaciones al tráfico se hagan de forma progresiva o escalonada, y podrán incluirse excepciones, por ejemplo para residentes. Según fuentes municipales, la Ley otorga a los municipios obligados a implantar las ZBE cierta flexibilidad a la hora de regular este asunto.
De este modo, cada localidad es responsable de redactar y poner en práctica las normas y las distintas restricciones de su zona de bajas emisiones, para lo que tienen en cuenta los distintivos medioambientales de la DGT.
Como norma general establecida por la DGT, solo los coches con etiqueta ECO (verde y azul) -en su mayoría vehículos híbridos, de gas o ambos- y etiquetas de CERO emisiones (azul) -los eléctricos e híbridos enchufables- podrán acceder, circular y aparcar sin restricciones en las ZBE. Los coches con Etiqueta C (verde) -los que llevan motor de gasolina matriculados a partir de enero de 2006, y los diésel a partir de septiembre de 2015- y los coches con Etiqueta B (amarilla) -los gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2001 y los diésel a partir de 2006- podrán circular, aunque con limitaciones a la hora de aparcar.
MENOS VEHÍCULOS RODANDO
Por este motivo, se calcula que algo más de 10.000 vehículos, el 38 por ciento de los que tiene el padrón municipal de vehículos de la capital, verán limitada su capacidad de circulación, por no contar con etiquetas de bajas emisiones. Se trata de vehículos de gasolina con más de 20años de antigüedad y los de gasóleo fabricados antes de 2006.
Estos modelos son los que la DGT califica como muy contaminantes y, por tanto, se quedan fuera de poder optar a la pertinente etiqueta que avala su respeto por el medio ambiente y, por ende, el acceso a las áreas urbanas, como ya ocurre en ciudades como Madrid.
De acuerdo con el portal especializado Sumauto, las ciudades de León y Ponferrada son las urbes de Castilla y León que tienen los parques automovilísticos más envejecidos, rondando el 40% de los que están en circulación. Les sigue Segovia, con el 38 por ciento de vehículos más antiguos.
Esta medida no es pionera en España, pues ya son cientos de ciudades en más de diez países europeos las que han implantado las ZBE.
Por lo general, las Zonas de Bajas Emisiones restringen el acceso de los vehículos más contaminantes, para lo cual suelen recurrir a las etiquetas medioambientales de la DGT.
Todas las ciudades con más de 50.000 habitantes deben crear sus ZBE. Igualmente, los territorios insulares y los municipios con más de 20.000 habitantes que incumplan los criterios de calidad del aire, están obligados a ello. Esto, en la práctica, afectará a al menos 149 ciudades españolas, que entre todas ellas abarcan aproximadamente el 53 % de la población total. Ciudades como Madrid y Barcelona ya han implantado Zonas de Bajas Emisiones, siendo Madrid 360 la más relevante.
Estas excepciones están definidas por los ayuntamientos de cada localidad y pueden comprender desde determinadas etiquetas medioambientales de la DGT hasta horarios limitados de acceso.
Al igual que en el caso de las restricciones, la cuantía de la multa a pagar en caso de ingresar en una Zona de Bajas Emisiones sin permiso va a depender de cada ayuntamiento.
Por ejemplo, en las ZBE de Madrid la multa es de 90 euros, mientras que en Barcelona parte de los 100 euros y puede aumentar en función de la gravedad de la infracción.
Las elecciones ‘aparcan’ la puesta en marcha de las restricciones
La Ley de Cambio Climático obligaba a los grandes municipios a implantar ZBEs, como las que funcionan en Madrid y Barcelona. Sin embargo esto debía haber ocurrido antes del inicio de 2023 y por tanto, casi a mediados de año y con unas elecciones municipales de por medio -mañana domingo-, la mayoría de urbes “ya van tarde”, lamentaba la responsable de movilidad en Ecologistas en Acción, Carmen Duce.
Muchas ciudades han interpretado que tienen 18 meses para poner la ZBE en marcha y como no hay ningún tipo de mecanismo sancionador, los ayuntamientos están esperando a que pasen las elecciones para ponerse manos a la obra.
Dos principales ZBEs ya estaban operativas en España antes de la Ley de Cambio Climático: las Rondas de Barcelona, que prohíbe a los vehículos más contaminantes circular en día laborable la mayor parte de la jornada y a la que la Ciudad Condal atribuye la mejora en la calidad del aire registrada, y Madrid Central, que impulsó la ex alcaldesa de la capital Manuela Carmena y que el actual edil, José Luis Martínez-Almeida, rebautizó Madrid360.
Pamplona, por su parte, ha implantado una ZBE que sin embargo no ha supuesto nuevas limitaciones de acceso ni exigencias añadidas para los vehículos que circulen por estas calles, donde no existe ninguna restricción para los automóviles según su distintivo ambiental, por lo que no es necesario que cuenten con una de estas etiquetas visible. El gobierno de Zaragoza también aprobó en diciembre declarar el área interior del el Casco Histórico como ZBE provisional.
La ciudad de Vitoria, reconocida internacionalmente por la sostenibilidad de su modelo basado en la movilidad activa -al favorecer los desplazamientos a pie o en bicicleta en detrimento del coche privado- está pendiente de hacer lo propio este año, pero no ha especificado una fecha concreta.
De las seis ciudades del País Vasco que deberían haber impulsado ya una ZBE, ninguna ha cumplido aún con la normativa: Bilbao, Barakaldo, Irún y Getxo no tienen ninguna previsión de cuándo se hará y únicamente se han encargado estudios sobre los vehículos que circulan y la contaminación actual para tomar decisiones, si bien Bilbao ya planea la compra de cámaras para leer las matrículas de los coches. San Sebastián, por su parte, prevé implantar la ZBE en el centro de la ciudad y ha aprobado contratar la tecnología necesaria para hacerla funcionar, aunque no ha definido aún ni a qué calles se limitará ni qué restricciones concretas conllevará, un trabajo que ha dejado para la corporación saliente de las elecciones del 28M. Sin un mecanismo sancionador que fuerce a estas urbes a activar las ZBEs, los ecologistas han apostado por la vía de “presionar desde la conciencia social para reclamar una mejor calidad del aire y revisar los fondos europeos que han destinado 1.500 millones de euros a los municipios para ejecutar estos planes de movilidad”, explica Duce.
Murcia es otra de las comunidades más rezagadas a la hora de implantar ZBEs (algo que, en cualquier caso, no corresponde al gobierno regional sino al municipal), pues ninguna de las cuatro urbes que deben atenerse a esta medida de la ley del clima -Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura- han cumplido el mandato.
Tampoco Valencia, la tercera ciudad del país, ha obedecido la norma. La mayoría de municipios de Canarias (salvo La Laguna), así como Logroño, Oviedo, y Gijón, son otras de las muchas urbes españolas que siguen pendientes de activar sus ZBEs.
