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La patronal de Hostelería prepara la presentación de la demanda que pretende la suspensión de las medidas restrictivas establecidas por la Junta de Castilla y León. / KAMARERO

La cada vez más insostenible situación de la hostelería segoviana debido a las medidas excepcionales marcadas por la Junta de Castilla y León para frenar la expansión del coronavirus ha llevado a la patronal del sector a concretar el anuncio realizado la pasada semana de acudir a los tribunales para pedir al Gobierno regional el levantamiento cautelar de las actuales restricciones impuestos a bares, restaurantes y hoteles.

Tras agotar las vías de diálogo con la Administración Autonómica, Hostelería y Turismo de Segovia (HOTUSE) presentará “esta semana o a primeros de la próxima”, según aseguró este martes su presidente Jesús Castellanos una demanda judicial con el objetivo de “defender el derecho al trabajo” de un sector que ha sufrido en exceso el castigo de la crisis sanitaria.

Fundamentada sobre el fin de la declaración de Estado de Alarma, la reclamación judicial cuestionará la legalidad de las medidas restrictivas, ya que “no se puede impedir el derecho al trabajo una vez concluida por parte del Gobierno esta situación de excepcionalidad”, manifestó Castellanos.

Para perfilar todos los detalles, HOTUSE ha puesto la redacción de la demanda en manos de dos bufetes de abogados, que determinarán la base legal en la que se fundamenta la reclamación, con el objetivo de presentar argumentos sólidos que puedan hacerla viable.
“No queremos meter a nuestros socios en un pleito sin las garantías jurídicas suficientes, y serán los juristas quienes decidan la viabilidad de esta reclamación”, aseveró Castellanos, que precisó que deberán ser los tribunales “los que pongan a la Junta en su sitio”.

Así, entre otras cosas, pedirán al Gobierno regional que aclare los criterios científicos que avalan la decisión del cierre en el interior de los establecimientos hosteleros, ya que las cifras que actualmente sirven para determinar el “semáforo” de apertura o levantamiento parcial de las medidas ponen en cuestión su eficacia en la transmisión del virus.

Además, contemplará la reclamación por lucro cesante durante los meses que ha durado el estado de alarma, al considerar el perjuicio causado por el cierre parcial o total de los establecimientos hosteleros.

La confirmación de la presentación de esta demanda fue realizada en la presentación del acuerdo que HOTUSE y el sindicato CCOO firmaron para la constitución de una mesa sectorial sobre Hostelería en la que patronal y representantes de los trabajadores trabajarán de forma coordinada para afrontar los grandes retos del sector en la provincia, con la pandemia como telón de fondo.

Ángel Luis Torrego, secretario provincial del sector servicios de CCOO destacó la importancia de la creación de este órgano porque “no se puede valorar la crisis en todos los sectores de igual manera”, y puso el acento en la especial incidencia que ha tenido en la hostelería segoviana.

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Jesús Castellanos y Angel Luis Torrego firmaron el acuerdo para crear una mesa sectorial conjunta. / M.G.

Datos

Apoyado con datos, Torrego señaló que en el último años se han perdido más de 700 puestos de trabajo en el sector, y en la actualidad un total de 1.805 trabajadores están en un ERTE, e indicó que trabajadores y empresarios “no tenemos intereses divergentes, sino comunes en la defensa del empleo y en el mantenimiento de las empresas del sector”.

Los primeros pasos que dará esta mesa sectorial irán dirigidos hacia las administraciones, y para ello pedirán que el Ayuntamiento y la Diputación Provincial les abran sus puertas para expresar sus reivindicaciones, centradas en las ayudas directas al sector y la posibilidad de exenciones fiscales y tributarias durante el periodo de crisis.

Castellanos agradeció la “valentía y el esfuerzo” de CCOO para formar parte de esta mesa sectorial, pero lamentó que UGT no se haya incorporado inicialmente a esta iniciativa.

Sobre este aspecto, manifestó que “serán ellos –en referencia al sindicato socialista- quienes tengan que explicar por qué no están, yo no entiendo que un sindicato no esté en un documento que defiende a trabajadores y empresarios”, y apuntó la posibilidad de que hayan recibido “presiones” para no participar, sin precisar de dónde vienen.

De igual modo, subrayó la necesidad de aunar esfuerzos para buscar soluciones para evitar la sangría de empresas y empleo generados por la pandemia, y lamentó las “ayudas mínimas” establecidas por el Gobierno regional, que no han cubierto las expectativas del sector.

“Es un verdadero milagro que todavía estén abiertos el 85% de los negocios hosteleros de la comunidad, y si bien es cierto que alguien se va a quedar en el camino, tenemos que seguir trabajando para conservar y mantener lo que todavía se mantiene en pie”, aseguró.

Vox recurrirá cualquier medida que limite movilidad o trabajo

El partido Vox ha anunciado este martes que recurrirá “cualquier medida decretada por la Junta de Castilla y León que tenga por objetivo limitar” derechos como los de movilidad, establecer toques de queda u otras medidas que afecten a derechos fundamentales de los ciudadanos, entre las que cita la limitación de horarios de los hosteleros.

Ante las palabras de los últimos días pronunciadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, sobre la posibilidad de analizar nuevas medidas si la pandemia empeora y finalmente el Tribunal Supremo acepta el recurso de este tipo de medidas, Vox ha registrado en las Cortes una proposición no de ley en la que, entre otras cosas, pide que los hosteleros puedan abrir por el tiempo que tengan establecido en sus licencias de actividad.

En un comunicado, Vox ha considerado que lo “urgente” es “garantizar a todos los sectores que se va a acabar con las restricciones al trabajo y devolver a las empresas la libertad para trabajar, así como asegurar a los ciudadanos su derecho básico moverse en libertad”.

La única procuradora de este partido en las Cortes, Fátima Pinacho, solicita en su iniciativa que la Junta de Castilla y León no imponga “ningún toque de queda ni restricciones a la movilidad en el territorio de la comunidad o medidas que afecten a los derechos fundamentales de los castellanoleoneses”.