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Mesas y sillas recogidas en la terraza de un establecimiento de hostelería en la Plaza Mayor de Segovia. / KAMARERO

Aunque la evolución positiva de los datos de prevalencia del coronavirus ha relajado casi hasta niveles de normalidad la aplicación de medidas sanitarias en la hostelería –uno de los sectores más castigados durante la pandemia- la prudencia preside cualquier decisión que pueda afectar al trabajo de restaurantes y bares en los próximos meses. De esta manera, el Ayuntamiento de Segovia y la patronal de Hostelería a través de su asociación HOTUSE buscan ya fórmulas de consenso para poder abordar el futuro de la instalación de las terrazas en sus negocios hosteleros, que actualmente se ven beneficiadas por una serie de medidas que coyunturalmente fueron adoptadas con arreglo a las prescripciones que a lo largo de la crisis sanitaria han ido marcando las autoridades.

El concejal de Obras y Servicios, Miguel Merino, señaló que el Ayuntamiento comenzará a partir del 1 de diciembre la revisión de los 220 expedientes de concesión de licencias para la apertura de terrazas, ya que el 31 de diciembre dejarán de tener vigencia las medidas extraordinarias para su instalación; que comprenden aspectos como la ocupación de zonas de aparcamiento regulado, las distancias con respecto a las fachadas y el control de los aforos entre otros.

Merino señaló que la revisión va orientada a “volver a una situación prepandemia”, recuperando así la normativa contenida en la ordenanza municipal, pero precisó que este instrumento legal “tiene un margen para la ampliación en una situación normal, que probablemente se tendrá en cuenta, dada la actual situación y que aún estamos saliendo de las restricciones“.

Así, señaló que ya han comenzado las conversaciones con HOTUSE para el análisis y la aplicación de esta normativa, y expresó su deseo de encontrar una fórmula jurídica “que nos permita a ambas partes agilizar la adopción de medidas con rapidez y eficacia en el caso de que vuelva a ocurrir una situación que hasta la fecha nadie nos dice que no vuelva a pasar”.

De igual modo, señaló que la aplicación de las actuales medidas seguirá en vigor hasta finales de año ya que “la resolución de la ocupación de vía pública lleva una tasa impositiva asociada que es aplicable a todo el ejercicio fiscal reconocido”, por lo que no es viable su cese antes de la citada fecha.

Desde la patronal hostelera, el presidente de HOTUSE, Jesús Castellanos, se muestra optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento, y valoró el “diálogo fluido” abierto con el concejal Merino sobre este particular. Pese a ello, indicó que los hosteleros defenderán la prórroga de las actuales medidas de instalación de las terrazas a lo largo del próximo año, a la espera de que se consolide la recuperación del sector y la mejora de los datos sanitarios.

En este momento, lo más lógico es no tocar nada, y esperamos que se mantenga el actual escenario – explicó Castellanos”, porque no sería operativo regresar a la situación anterior para volver a la situación de crisis en el caso de que se recrudezcan los contagios”.

Además, indicó que “la prudencia aconseja no tomar decisiones aceleradas”, y señaló que las medidas pueden variar a lo largo del año en función de la mejoría de los datos en la provincia; una propuesta que según explicó el presidente de HOTUSE ha sido acogida por los responsables municipales, que han prometido su estudio y análisis.

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Jesús Castellanos, presidente de HOTUSE. / KAMARERO

Control y regulación sobre los elementos calefactores

El Procurador del Común ha llevado a cabo una actuación de oficio sobre los elementos calefactores que se instalan en los establecimientos hosteleros para la que ha requerido la colaboración de 60 Ayuntamientos de la Comunidad de más de 5.000 habitantes, con el objetivo de que los municipios que carecen de ellas se doten de las normas necesarias o complementen las que tengan, para proporcionar seguridad tanto a los titulares de los establecimientos como al personal, a los clientes, vecinos y al conjunto de ciudadanos en general.

Dado el fuerte incremento de estos aparatos que, previsiblemente, se instalen con la llegada del invierno en numerosos municipios de la Comunidad, “situación desconocida hasta fechas recientes y que, por ello, requiere de una regulación precisa y de los medios de control adecuados”, la institución que dirige Tomás Quintana solicita la ocupación del dominio público con terrazas de hostelería, fijando los límites y los requisitos exigibles a este tipo de instalaciones. También deben controlarse las fuentes de alimentación admisibles y tomar las determinaciones necesarias en cuanto a los metros cuadrados que ocupa cada elemento al efecto del cálculo de la superficie total de la terraza.

Los servicios técnicos municipales, señala el Procurador, deben especificar la ubicación concreta de estos aparatos dentro del espacio autorizado. Además, los Ayuntamientos deben garantizar, atendiendo a los controles técnicos correspondientes, que estos elementos cumplen con los requisitos de seguridad y homologación técnica, estando cubierto su funcionamiento por pólizas de seguro, lo que también exige su efectivo control.

De los 36 ayuntamientos que cuentan con una regulación específica sobre terrazas de hostelería, 23 disponen de ordenanzas en las que también se regulan las características que deben tener las estufas y calefactores, cuatro municipios simplemente los mencionan como un elemento más de las terrazas, sin añadir ninguna precisión y dos los han regulado mediante sendos decretos de la Alcaldía.

Otros 17 abordan la cuestión en las correspondientes ordenanzas fiscales; por lo tanto desde un punto de vista tributario y cuatro de las correspondientes ordenanzas fiscales incluyen, además, consideraciones respecto a su instalación y características técnicas. También algún ayuntamiento ha emitido un bando específico para atender las cuestiones relacionadas con la situación de estos elementos en la vía pública, circunscrito temporalmente a la duración y/o vigencia de las normas para hacer frente a la pandemia.

El Procurador recuerda que la creciente ocupación del dominio público mediante la instalación de terrazas de hostelería, motivada entre otras razones por la situación generada por la COVID-19, y, sobre todo, la extensión temporal de las autorizaciones concedidas a bares y restaurantes, más allá de los tradicionales meses de verano, ha traído consigo un incremento de la ubicación en las mismas de estufas y elementos calefactores para posibilitar que su utilización sea más confortable durante los meses en que predominan las bajas temperaturas, lo que ha motivado su intervención.