Pedro Montarelo Sanz. Fotografía: Miguel Angel Fernández.
Pedro Montarelo Sanz. Fotografía: Miguel Angel Fernández.

Desde la asociación Amigos del Patrimonio de Segovia, Pedro Montarelo lleva años dedicado a la promoción y a la defensa del patrimonio cultural, especialmente en la capital segoviana. Actualmente preside también la Federación por el Patrimonio de Castilla y León, que agrupa a organizaciones de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma que velan por eso mismo en sus respectivos lugares de origen. Con motivo de la celebración del XXI Día Regional del Patrimonio de Castilla y León, el pasado 10 de mayo, la federación dio a conocer el manifiesto ‘Pedimos la palabra’ para “impulsar la toma de conciencia en la necesidad de defender el patrimonio y de valorar la importancia que tiene en sí mismo como herencia cultural” y evitar así “la adulteración de las ciudades y centros o conjuntos históricos”.

¿Qué prioridades se ha marcado la federación para conseguir sus objetivos?
—El 17 de junio, en Medina del Campo (Valladolid) vamos a celebrar nuestro segundo encuentro presencial, después de cuatro reuniones online el año pasado y el que mantuvimos, también en Medina, el pasado15 de abril, con más de veinte asociaciones que defienden el patrimonio cultural aunque hay algunas en torno a cuestiones muy concretas, desde algunas para la recuperación de un órgano, a la rehabilitación de alguna iglesia, alguna costumbre o tradición y también a la recuperación de algún jardín histórico. Todas estaban echando en falta una coordinación para tener más presencia de cara a los ciudadanos y a las instituciones. Una de las cuestiones que señalamos en el manifiesto es precisamente que las asociaciones sean consideradas interlocutoras por las administraciones a todo nivel: desde la autonómica a las más próximas en los municipios.

Precisamente, a finales de abril la Junta de Castilla y León aprobó en el Consejo de Gobierno el Anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural. ¿Tiene algo que decir la federación?
—Será uno de los temas a abordar el día 17 porque tenemos intención de hacer propuestas en el plazo de información pública cuando se abra. De momento no hemos podido conseguir el borrador. Sí conocemos el texto del anteproyecto que se hizo en el anterior legislatura pero no sabemos si se mantiene o lo han reformado. Solo se han dado a conocer unas líneas generales.

¿Es necesario actualizar la Ley actual?
—Sí porque no es una mala Ley pero hay aspectos que sí que hay que adaptar, como ampliar el concepto de patrimonio a cuestiones que no estaban como el patrimonio natural, topográfico, el inmaterial… que son igualmente merecedoras de protección. Por otra parte, parece que es necesario, y las administraciones están bastante de acuerdo, regular la forma de participación de la inversión privada en bienes culturales. Para asociaciones como las nuestras resulta difícil, por no decir prácticamente imposible en la mayoría de los casos porque no tienen capacidad administrativa ni de gestión. Al gobierno autonómico le gusta la fórmula de intervenciones a través de fundaciones o similares, como es el caso de la Fundación de Santa María la Real que ha abordado varias actuaciones. Nuestras asociaciones no tienen, por lo general , entre sus objetivos este tipo de intervenciones si no el mantener una conciencia ciudadana de interés por el patrimonio, de conocimiento, de hacer que se valore, se respete y se mantenga independientemente de la rentabilidad económica o el interés turístico. En algún caso, para proyectos más pequeños, sí puede abordarse alguna fórmula para obtener fondos y restaurar en casos concretos un órgano, una iglesia o ermita, pero no otros de mayor envergadura.

¿Regulará la Ley esa interlocución que demanda la federación entre Administración y movimiento asociativo?
—Ese es un tercer aspecto que debería incorporar, habilitar cauces de participación de la sociedad civil, sobre todo concretada en el asociacionismo que manifiesta interés y demuestra y tiene competencia en la valoración del patrimonio cultural. En las leyes de Patrimonio Cultural de las comunidades autónomas se echa en falta en general más concreción en la regulación de esa participación. Sí está contemplado en la Ley de Canarias, un ejemplo a seguir perfectamente porque establece una fórmula de participación en diferentes niveles o figuras en las que pueden encajar. No se trata de que las asociaciones tengamos una presencia de igual en los órganos administrativos pero, al menos, asegurar que se nos escuche, que se considere realmente que somos sujetos activos en este campo. La experiencia que tenemos ahora es que cuando se interviene en un bien histórico, por ejemplo, y no se cumple la Ley, porque no es que no haya legislación de protección, es que es frecuente el incumplimiento por parte de las administraciones, desde una asociación afectada, o más próxima, se plantea una próxima observación y lo normal es que se acuse recibo pero sin una respuesta satisfactoria y todo quedé ahí. Queremos un reconocimiento a participar en todos los trámites que se siguen en un expediente de patrimonio cultural.

En cuanto al patrimonio cultural que está en manos privadas ¿no le parece que, o bien por falta de recursos, o bien por dejadez de funciones cuando no especulación directa con el solar, hay mucho patrimonio que se va deteriorando sin remedio?
—Efectivamente, hay incumplimiento por parte de particulares del deber de conservación que lleva al deterioro del patrimonio. En esos casos, realmente la solución la tiene la administración competente porque hay mecanismos suficientes. Luego, es verdad que se dan ocasiones en las que el propietario no tiene realmente posibilidad de asumir personalmente el coste que significa tener adecuadamente un bien, y sería necesaria una colaboración importante por parte de las administraciones en ese aspecto. Un ejemplo es que cuando se hace una intervención o una obra en patrimonio protegido, hay una exigencia de realizar previamente un estudio arqueológico que corre a cargo del promotor o propietario. Es verdad que esa obligatoriedad está bien pero no está tan claro que el coste lo tenga que asumir en solitario quien tiene la iniciativa, porque puede ser inasumible y lo que puede ocurrir es que se oculten restos o se dificulten las visitas a la administración para encubrir un hallazgo. No lo justifico pero es algo que puede ocurrir si no hay colaboración pública.

¿Están obligados los particulares que son propietarios de inmuebles que son bienes culturales a mostrarlos a la sociedad?
—Es necesario regularlo y la administración debe ser más exigente cuando se obtienen beneficios por la declaración de BIC (bien de interés cultural). En general los particulares no facilitan claramente la visita a la ciudadanía, siempre hay límites que lo hacen casi imposible. Desde Amigos del Patrimonio de Segovia, por ejemplo, nos hemos ofrecido incluso a colaborar para abrir y gestionar la visita al Monasterio de San Antonio el Real, que debería mantenerse abierto a la sociedad. Nos hemos dirigido a la superiora de la orden pero ni siquiera a contestado.

En definitiva, ¿espera que la próxima Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León dé respuesta a estas cuestiones?
—Estamos un poco a la expectativa porque al presentar el Anteproyecto se afirma que la nueva concepción del patrimonio cultural deja de tener el carácter exclusivo del pasado para pasar a considerarse como un recurso imprescindible para la Comunidad. Digamos que dejamos en suspenso un juicio hasta ver cómo se materializa esto porque consideramos como principio básico que el patrimonio es valioso por sí mismo y no en función de la rentabilidad que pueda tener. Eso no quiere decir que no sepamos y valoremos que también tiene una dimensión económica y la posibilidad de generar rendimientos económicos, pero ese criterio no tiene que prevalecer sobre la preservación del patrimonio. Bienvenido sea el uso turístico, por ejemplo, si no adultera el uso original y las características del bien. Porque hay bienes en algunos lugares donde no pueden tener una rentabilidad económica a futuro y no por eso hay que dejarlos abandonados. Sin embargo, hay que tener en cuenta otra forma de rentabilidad social, porque las intervenciones de restauración, etc. generan empleo durante la ejecución de las obras.

¿Alguna aportación más a esta futura legislación?
—También nos gustaría que se reconociera una figura que no tenemos muy claro como llamar: cuidador de patrimonio, vigilante de patrimonio… Algún tipo de reconocimiento, básicamente a personas, por ejemplo en pueblos muy pequeños, que cuidan de una ermita, de la iglesia, que se encargan de abrirla, que son importantísimos en el sentido de que son una presencia física de alguien interesado en ese patrimonio, y lo cuida y está alerta si sobreviene algún deterioro y, si llega el caso, lo da a conocer y facilita a la visita supervisada. No es la excepción, todavía hay bastantes situaciones de este tipo y con un poquito de ayuda económica se podría aprovechar esta figura para conservar el patrimonio cultural.

En cuanto a Segovia, ¿Cómo recibe la próxima aprobación del Plan de Gestión de la ciudad y su Acueducto, exigido por la declaración de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad?
—Está elaborado y a falta de su aprobación por el pleno del Ayuntamiento. Amigos del Patrimonio, así como AVRAS (la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado, a la que también pertenece) han participado en este plan, y personalmente lo he dedicado tiempo. Tiene buena pinta y aporta algunas soluciones para Segovia. Pero hay que tener en cuenta que los planes de gestión donde mejor están funcionando es donde no dependen en exclusiva de un ayuntamiento sino de un consorcio, con participación de otras administraciones como la estatal y la autonómica, porque hay muchos bienes patrimoniales que dependen de unas y de otras.

¿Algo similar a lo que se pretende hacer para el Acueducto?
—Ese sería el modelo pero ampliándolo a toda la ciudad desde el Plan de Gestión. Eso puede significar que en Segovia se modifique, con medidas de intervención, yo diría que incluso con discriminación positiva, la tendencia, que de otra manera no hay manera de parar, de gentrificación del centro histórico —proceso que consiste en desplazar a los habitantes de una zona por la presión turística o de otro tipo, afectando sobre todo a familias con menos recursos económicos—

¿Por eso desde la Federación llevan tiempo insistiendo en que se está produciendo una adulteración de ciudades históricas como Segovia?
—Es bastante fácil de entender porque en las ciudades Patrimonio de la Humanidad como Segovia lo que se ha declarado así es la ciudad, no sus monumentos, o no únicamente. Luego se ha hecho una superprotección que de alguna forma puede ser contraproducente, porque realmente debería ser suficiente la protección de la ciudad por sus características singulares. Efectivamente hay monumentos pero también caserío, espacios libres, el paisaje. Es el conjunto lo que se ha declarado patrimonio mundial. Lo que pasa es que si la Catedral, el Alcázar, un palacio… se declaran después BIC parece que está más protegido pero luego se entiende que el resto es menos protegible; de ahí la contradicción. Si no hay vecinos estables, con su forma de vida como en cualquier otro barrio o comunidad, es desdibujar lo que está declarado Patrimonio de la Humanidad, porque cambia y es una ciudad completamente distinta.

La Federación por el Patrimonio de Castilla y León quiere poner en marcha un Observatorio del Patrimonio, como un servicio de alertas. ¿Es esta de la gentrificación la alerta principal?
—Es que es un proceso que se ha dado en otras ciudades; empezó siendo paradigmático el caso de Venecia pero tenemos otros lugares en España. En Málaga, en un encuentro con otras asociaciones hace tres años me dijeron que en la calle Larios únicamente hay siete residentes malagueños. El resto son alojamientos turísticos. En Segovia está también la presión de los estudiantes universitarios, que contribuye al mismo proceso, a alquileres muy altos que son disuasorios para una familia media. Además, no se si se está teniendo en cuenta que se alquilan casas o viviendas a estudiantes previa reformas donde lo que se hace es una modificación estructural de los edificios, de manera que esas viviendas antes familiares se convierten en algo que es imposible que luego pueda recuperarse para familias porque se adaptan a la vida de los estudiantes, con habitaciones con baño incorporado y luego un espacio con cocina abierta para lugar de reunión de los ocupantes y también para hacer fiestas.

¿Otras alertas en cuanto a la conservación del patrimonio cultural en este momento en Segovia?
—Estamos empeñados en que se mantenga el legado del arquitecto Pagola — por Silvestre Manuel Pagola (Bilbao, 1892 – Segovia, 1943). Muchas veces se identifica el patrimonio con lo antiguo y si no es antiguo se cree que no es patrimonio pero en la historia de la ciudad es importante todo el recorrido y se tiene que incorporar a ese concepto. Nos preocupan también los edificios vacíos y, por supuesto, grande edificios vacíos que han sido abandonados por organismos públicos u otras instituciones. En general, el estado del caserío de la ciudad antigua, por ejemplo en el barrio de El Salvador, que está en franco deterioro y no parece que se piense en otra solución que no sea la que determine la iniciativa privada. Otro lugar preocupante es la plaza de Santa Eulalia, que sigue siendo un problema irresoluble, donde el Palacio de los Buitrago ya ha quedado reducido exclusivamente a dos fachadas y lo mismo va a ocurrir con las pocas viviendas que quedan ahí todavía con protección y tienen que ser conservadas. En lo que queda del Palacio de la reina doña Juana tampoco ha habido salida y sigue pasando el tiempo. No parece que haya futuro para el uso de edificios así más allá del hotelero, que es lo más fácil. Hay que ser más ambiciosos y considerar otras alternativas. Por ejemplo, en el caso de Villa Estrella —edificio de Pagola en el barrio de Santo Tomás recientemente demolido—, un poco antes de su derribo se puso en contacto con nosotros una entidad que tenía en proyecto establecer allí un centro de producción de cine y animación. Hicimos gestiones, yo hablé con la alcaldesa pero parece que lo que hicimos fue provocar que fuera más rápida la demolición. Pero viene al caso porque hay que buscar alternativas con proyectos de este tipo, que era una iniciativa privada. Dentro del consorcio, si se crea, del Plan de Gestión de la ciudad, debería haber una figura ocupada en atraer proyectos así para dar vida al patrimonio de la ciudad. Segovia tiene posibilidades, por los índices de bienestar, en un entorno agradable, una ciudad tranquila, con unos rincones preciosos… Tenemos un patrimonio que puede ser elemento de atracción para iniciativas de quien sea capaz de valorarlo y mantenerlo. Un buen ejemplo es Lanzarote, donde una figura como el artista César Manrique, hizo posible que hoy la isla viva del turismo pero no esté dominada por esa actividad. Hay zonas turísticas, playas, pero la arquitectura es muy discreta, no hay grandes alturas salvo un hotel en la capital. Por lo demás, se ha cuidado sobre todo la valoración de que toda la isla es parte de Timanfaya y la Fundación César Manrique ha sacado un enorme partido a lo que la isla tiene sin alterar su valor, su idiosincrasia.

¿Y los conventos y otros edificios religiosos segovianos?
—De San Vicente del Real parece que se ocupa el Obispado pero en San Antonio el Real no parece que se ocupe nadie y va a ir ocurriendo en otros conventos. En el Parral, al ser patrimonio del Estado, es más difícil el abandono. En cuanto a las iglesias, San Esteban, en un momento parece que se iba a rehabilitar pero no, sí San Miguel, donde enseguida se comenzará. Para San Pedro de los Picos también hay acuerdo para completar el museo de la Colección MER.