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El consejo de ministros de la semana pasada aprobó el Real Decreto que establece las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas, una de las principales actividades económicas de la provincia de Segovia.

La nueva norma, publicada en el BOE el pasado supone una profunda revisión de la normativa vigente, que data del año 2000, cuyo objetivo es la adaptación a los nuevos retos de la producción porcina en materia de sanidad, medio ambiente y bienestar animal.

Desde el sector ganadero se considera positiva esta regulación y recuerda que muchas medidas ya se estaban aplicando en las granjas segovianas. De hecho, está basado en consejos de los profesionales sanitarios que trabajan en el sector.

Destacan además que esta actualización se ha abordado en estrecha colaboración con el sector, las comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto. Por ello, también las asociaciones ecologistas y animalistas ven con buenos ojos la nueva regulación. “El sector porcino es un importante motor económico y de empleo para el medio rural, por lo que la norma trata de compatibilizar su desarrollo con la adaptación rigurosa a la exigente legislación europea y nacional en materia de emisiones de gases contaminantes o de efecto invernadero, o la protección del agua, así como a las nuevas necesidades en el ámbito de la sanidad o el bienestar de los animales. Todo ello atendiendo a las demandas sociales”, aseguran desde el Gobierno.

Las principales novedades se articulan en torno a dos grandes áreas: reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas con el fin de mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en materia de medio ambiente relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático.

Se busca con esta regulación beneficios medioambientales. La norma implementa mejoras y novedades en los requisitos actualmente en vigor desde el año 2000 en materia de gestión de estiércoles en las granjas, y en el Plan de Producción y Gestión de estiércoles, que se amplía a todas las instalaciones y que formará parte de un Plan de Gestión Ambiental individualizado para cada granja.

Por otra parte la nueva norma introduce medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero por parte de las granjas de ganado porcino, en particular, el registro de manera individualizada por cada granja de las emisiones y las técnicas que utiliza para su reducción (“Mejores técnicas disponibles”). Los nuevos requisitos en materia de impacto ambiental permitirán reducir las emisiones de gases contaminantes (en particular amoniaco) y de efecto invernadero en cerca del 21% a partir de 2023, respecto del escenario tendencial sin esta normativa.

Destacan también importantes avances en relación al bienestar animal, en particular la exigencia de un plan individual para cada granja que evalúe los potenciales riesgos y las medidas a adoptar para el bienestar de los animales.

En este sentido, la norma introduce también mejoras en relación con las condiciones de bioseguridad de las granjas, con el fin de limitar la entrada y la difusión de enfermedades de los animales.  Todo ello será posible por la introducción de manera obligatoria de la figura del veterinario de granja, que será el responsable de asesorar sobre aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar de los animales.

Para asegurar la aplicación homogénea de todos los aspectos que desarrolla la norma, se crea una Mesa de ordenación de los sectores ganaderos, que velará para el cumplimiento de los objetivos establecidos. En la misma participarán los representantes de las comunidades autónomas, responsables de la ejecución y el desarrollo de esta norma, así como de los Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La publicación de este nuevo Real Decreto permite establecer las bases para el desarrollo ordenado de la actividad del sector en los próximos años, integrando los principales retos a los que se enfrenta el sector, y que definirán su posición competitiva tanto en los mercados mundiales como ante la sociedad.

 

ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA NORMA
Veterinario de granja:
as explotaciones deberán contar con esta nueva figura que será el responsable de asesorar sobre aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar del animal
Formación
Todas las personas que trabajen con ganado porcino deberán tener un mínimo de formación de 20 horas, sobre las materias y contenido mínimo, en un plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de inicio de su trabajo en la explotación, salvo demostrada experiencia mínima de tres años.
Aislamiento exterior 
Disponer de un vallado o aislamiento perimetral que aísle la explotación de la entrada de personas y suidos silvestres del exterior, y que minimice la entrada de otros mamíferos que puedan actuar como vectores de enfermedades. Dicho vallado deberá estar en buen estado de conservación
Control del consumo de agua
La explotación debe disponer de un caudalímetro en el punto de entrada del agua a la explotación.
Higiene  
Las explotaciones de porcino deberán disponer, al menos, de lavabo, váter y sistema de ducha o equivalente; así como pediluvios para garantizar la sanidad en la entrada de vehículos.
Balsas de estiércol
Deberán ir cubiertas y además estar cercadas e impermeabilizadas. Su capacidad debe garantizar el almacenamiento de la producción durante al menos tres meses.
Censos actualizados 
Los propietarios deben comunicar a la autoridad ganadera el censo medio anual antes del 1 de marzo de cada año

LA OPINIÓN DEL PROFESIONAL

El veterinario responsable de Feaspor (Federación de Agrupaciones Sanitarias de Porcino de Segovia), Mariano Herrero, se muestra convencido de las ventajas que supone el nuevo Real Decreto que actualiza y aplica algunas cuestiones que ya estaban siendo aplicadas en las granjas segovianas. En su opinión España se encuentra preparada para cumplir esta norma, pues tanto ganaderos como administraciones están concienciados de la necesidad de garantizar la sanidad de las granjas. Los últimos episodios vividos en nuestro país, como la Peste Porcina Clásica (PPC) o hace más años, la Africana (PPA), pusieron de manifiesto la conveniencia de disponer de un sistema biosanitario fuerte y coordinado. “España ya se adelantó a aplicar este tipo de medidas, y fue el primer país que hizo una normativa de ordenación sectorial. Con ello se ha podido crecer de forma ordenada, manteniendo las distancias mínimas entre explotaciones y a cascos urbanos, la capacidad máxima de las granjas, infraestructuras mínimas… obligaciones que no existen en otros países”, explica. A su juicio, toda esta ordenación permite que España goce de un estatus sanitario elevado que sirve para concurrir ahora a mercados en mejores condiciones y exportar a cualquier destino del mundo. “El decreto sienta las bases para proyectar un sector más fuerte”, añade.  De hecho, el porcino ha experimentado en el último año un importante crecimiento abriéndose paso en los mercados internacionales, y de forma destacada con exportaciones a China. Todo ello ha permitido que el porcino viva su particular momento de oro.

Pulse para descargar el Real Decreto 306/2020 de ordenación de instalaciones porcinas:

Real Decreto 306/2020