Fomento habilita un fondo para el transporte público deficitario

En Segovia se registró un saldo negativo de 885.167 euros el año pasado, lo que supone la partida más baja de todas las provincias de Castilla y León

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La Comisión Delegada de Asuntos Económicos celebrada esta semana ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León del acuerdo que establece un límite de gasto de 17.085.027,74 euros, en el que se incluye un fondo adicional de 4.185.027,74 euros para compensar la excepcional pérdida de ingresos sufrida en la explotación de los servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera durante el período de declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria, dado las especiales restricciones a la movilidad que dicha situación ha conllevado para los operadores del transporte.
En el caso de Segovia, el déficit anual es de 885.167,61 euros, lo que representa la partida más baja de todas las provincias de la Comunidad. El caso de León es el más elevado, con más de tres millones de euros de déficit.
La Junta, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, viene destinando al mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad con un esfuerzo económico anual superior a los 12,9 millones de euros.
Se trata de un esfuerzo económico “imprescindible para el mantenimiento del tejido empresarial del sector”, que se encuentra “muy atomizado”, pero “a la vez muy pegado al territorio y muy arraigado en el entramado social y empresarial de ciudades y pueblos”, tal como subraya el Ejecutivo autonómico.
Las subvenciones se conceden a 235 concesiones de transporte público de viajeros, que afectan a 134 empresas, que emplean a más de 3.500 trabajadores directos.
En su inmensa mayoría son servicios deficitarios que atienden multitud de tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con las principales localidades de la Comunidad, o bien transportes metropolitanos o periurbanos.
menos demanda por el covid
En el período de marzo, abril y mayo, la limitación de la movilidad y la declaración del estado de alarma han producido en Castilla y León una caída de la demanda de viajeros en el transporte público superior al 90 por ciento, a lo que hay que añadir el coste adicional producido por las necesarias limitaciones en la ocupación de los vehículos y las medidas de distanciamiento social impuestas por la autoridad sanitaria.
Todas estas medidas adoptadas por la Administración sobre reducción de servicios, junto con las restricciones a la circulación de personas impuesta por la declaración del estado de alarma, tienen como consecuencia directa una minoración sustancial de los usuarios y una reducción drástica de los ingresos de las concesiones de transporte en un 95 por ciento, quedando “afectado sustancialmente su equilibrio económico financiero”.
Para asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, se estima que el déficit de explotación ordinario de los servicios de transporte previsto para el ejercicio de 2020 ascienda a 12.900.000 euros.
A este importe hay que añadir un cantidad adicional que asciende a 4.185.027,74 euros para compensar la excepcional pérdida de ingresos sufrida en la explotación de los servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera desde el 12 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor de la Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en relación con la COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Todo ello arroja un importe total de 17.085.027,74 euros, cantidad en la que se fija el gasto para la concesión de subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera para el año 2020.
No obstante, la Junta señala que “muy previsiblemente” las medidas de limitación de ocupación y distanciamiento social en el transporte público y la reducción de la demanda que se producirá a lo largo de los meses siguientes, según la crisis de COVID-19 vaya evolucionando, provocarán “un mayor déficit que el estimado hasta la fecha”, lo que exigirá tramitar en su momento una petición para ampliar este gasto inicial.