Varias personas de la plataforma de víctimas del accidente ferroviario de un Alvia el 24 de julio de 2013, que causó 80 muertos, se manifestaron este miércoles frente al Congreso de los Diputados para reclamar una investigación independiente del suceso. EFE/ Fernando Villar
Publicidad

La Plataforma de Víctimas Alvia 04155 ha protagonizado esta semana una nueva concentración de familiares y víctimas frente al Congreso de los Diputados, mientras celebraba una sesión la Comisión de Transportes, para exigir una vez más al ministro José Luis Ábalos una investigación independiente que permita a todos: ciudadanos, víctimas y, sobre todo a los tribunales, conocer la verdad sobre el accidente ferroviario que ocurrió en el núcleo de Angrois, Santiago de Compostela, el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas, entre ellas un joven segoviano.

Las víctimas rechazan la investigación que hizo la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) porque entienden que fue orquestada por las empresas públicas Renfe y Adif, implicadas en el siniestro.

El presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, en declaraciones a Europa Press, ha admitido que desde el gabinete del ministro Ábalos se les ha llamado para proponer una reunión, pero que el colectivo exige antes un compromiso público del presidente del Gobierno o del responsable de Transportes. “Entonces, ya nos reuniremos y que nos digan el calendario”, ha agregado.

Se cumplen más de 500 días desde que la plataforma solicitó formalmente una reunión al ministro, acordada inicialmente con Ábalos y su equipo “para ver cómo iban avanzando las propuestas que hicimos, entre otras, la creación de una investigación técnica independiente tal y cómo ha solicitado reiteradamente la propia UE. La mismísima Comisaria de Transportes, Violeta Bulc se lo solicitó al ministro en persona el 10 de junio de 2018”, recuerda el colectivo en una nota de prensa.

No se han producido avances, sin embargo, dicen desde la plataforma, donde sienten que se les está dando un trato inhumano, y señalan que el ministro de Transportes puede cesar a los miembros de la CIAF que pertenecen a organismos públicos del sector ferroviario y crear una comisión con técnicos independientes para investigar lo ocurrido hace ya más de seis años.