Exconsejeros de Caja Segovia atribuyen la hipoteca del Torreón a un ‘ultimatum’ de la Agencia Tributaria

Mientras los exvicepresidentes Manuel Agudíez y Elena García Gil coinciden en declarar que todos los consejeros eran plenamente conscientes de que “no había más remedio” que recurrir a un crédito y poner el Torreón como aval, otros afirman que no se les explicó el acuerdo de forma pormenorizada.

Miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia que acordaron hipotecar el Torreón de Lozoya aseguraron ayer que la decisión de pedir un crédito al Banco Financiero y de Crédito (BFA) para asumir una deuda tributaria y ofrecer como aval este inmueble emblemático de la extinta entidad se tomó en un ultimátum de Hacienda para firmar el acta de Inspección y adoptar la fórmula menos gravosa de afrontar la cuantía, que finalmente se rebajó hasta 6,8 millones.

La deuda fue contraída por la sociedad Navicoas Asturias S.L, participada al 50 por ciento por Caja Segovia, por una operación inmobiliaria de 2006. El exvicepresidente de Caja Segovia Manuel Agudíez, uno de los administradores de la empresa y antiguo consejero, explicó a Europa Press que tras la inspección de la Agencia Tributaria la Caja se enfrentaba a tres supuestos.

El más perjudicial, firmar el acta en disconformidad, suponía un quebranto de más de 70 millones de euros entre deuda tributaria, sanción e intereses. Una segunda alternativa, firmar con conformidad, suponía desembolsar en torno a 36 millones. La tercera opción, la que finalmente se escogió, fue alcanzar un acuerdo para reducir la cantidad en el marco de la negociación entre Bankia, entidad en la que se integró Caja Segovia, y Hacienda.

De esta manera, la deuda se rebajaría hasta 6,8 millones —unos cinco en concepto de deuda y el resto, por intereses—, y se podría repercutir en Bankia, con la que ya se había firmado el SIP y por tanto había adquirido todos los pasivos, activos, derechos y obligaciones, entre ellos la participación en Navicoas.

La nacionalizada, no obstante, rechazó asumir la deuda y la Caja, ante el ultimátum de la Agencia tras siete prórrogas, firmó el acta el 20 de julio de 2012 para evitar embargos por valor de hasta 74 millones. La premura y problemas registrales con otros inmuebles obligaron a poner como garantía el Torreón, algo de lo que, según subrayó Agudíez, tenían conocimiento los entonces consejeros.

“Otra cosa es que no se quieran enterar o no se enteren”, indicó Agudíez a las puertas del Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia, donde ha acudido a declarar este miércoles por el caso del Torreón. El proceso se inició tras la denuncia de diez de sus antiguos compañeros de Consejo contra él y el expresidente Atilano Soto por supuesta “manipulación” de los acuerdos que llevaron a hipotecar el edificio, adoptados tres días antes de firmarse el acta de Inspección.

Sin embargo, el juez rechazó esa presunta falsedad una vez fueron contrastadas las actas con las grabaciones existentes de la sesión y llamó a declarar como imputado al Consejo de Administración que hipotecó el inmueble al considerar que pudo actuar de forma desleal, sin base legal sólida y en grave perjuicio económico de la entidad.

Los entonces consejeros, entre ellos los que denunciaron la manipulación de documentos, comenzaron a pasar ayer por el Juzgado. Ayer lo hicieron Elena García Gil, Manuel Agudíez, los políticos Fernando Aceves y José Pablo Lozoya, Juan Ignacio Antón Contreras (representante de los empleados de la Caja), Manuel Berzal (expresidente de la asociación de jubilados de la entidad) y Juan José Martín Casado. Hoy será el turno del resto, entre ellos el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Pedro Palomo.

Discrepancias

El abogado Manuel Herzog, en representación de UPyD, que se sumó al proceso como acusación popular junto con IU, informó en un receso de las “serias discrepancias” entre aquellos consejeros que aseguran haber sido “engañados” y los que sostienen que hubo sobrada información y consciencia acerca de lo que se aprobó. Señaló además la intención de responsabilizar a Bankia tras no hacerse finalmente cargo de la deuda.

Herzog, en declaraciones a la Agencia Efe, se mostró convencido de que podrá abrirse juicio oral en breve, para ver “si se hacía utilización instrumental de la caja para negocios privados de los consejeros”. Herzog insistió en que en este caso “subyace la utilización de una caja como banco privado de los partidos políticos para negocietes particulares”. El abogado que representa a UPyD insistió en que hay divisiones dentro de los consejeros a propuesta del PP, ya que alguno de ellos declaró que no se les explicó el acuerdo de forma pormenorizada, a su juicio.

Entre quienes consideran que la nacionalizada debe asumir el pago figuran Agudíez y Elena García Gil. Ésta, actual integrante de la comisión gestora de la Fundación Caja Segovia, heredera de la Obra Social de la entidad, ha manifestado que la Caja siempre se reservó el derecho a ejercer las acciones pertinentes para que Bankia hiciera frente al abono.

La gestora, según apuntó, sigue adelante con esas acciones y se mantiene a la espera de que se constituya la Fundación —el plazo expira el 28 de marzo— para exigir a Bankia el pago del acta que generó la hipoteca.

García Gil, en declaraciones recogidas por Ical, defendió la decisión que adoptó el Consejo e incluso aseguró que “personalmente” volvería a actuar del mismo modo: “La decisión se tomó en un momento determinado con una premura determinada y con unos antecedentes determinados, pero siempre se reservó el derecho a posteriori a ejercer las acciones pertinentes para reclamar que Bankia fuera la responsable e hiciera frente a este pago”.

Manuel Agudíez, quien recientemente declaró también con García Gil por el caso de las retribuciones millonarias de la entidad segoviana, en fase de instrucción, presumió, en declaraciones a Europa Press, que el proceso del Torreón quedará finalmente archivado. Para él, la hipoteca de este edificio medieval es “irrelevante”, pues existe patrimonio suficiente para no ser embargado y simplemente fue ofrecido como garantía. Sin embargo, lamentó que, desde el punto de vista social supone el “centro de la manipulación emocional”.

El portavoz de IU en Segovia, José Ángel Frías, indicó por su parte que su partido quiere llegar “hasta el final” en este caso y en el de las retribuciones de la Caja, en el que también son acusación. Su personación en ambos procesos le ha supuesto a la organización 5.000 euros, que según dijo afectarán especialmente a sus campañas electorales.