Entra en vigor la Ley de Cajas que da a las fundaciones vía libre para gestionar su patrimonio

Las comunidades adoptarán la medida con nuevos reglamentos.

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Ayer domingo entró en vigor la nueva Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta norma supone la culminación de la reforma financiera, pues con ella se da cumplimiento a una de las últimas exigencias de Bruselas recogidas en el memorando de entendimiento (MOU) firmado en el marco del rescate financiero.

La Fundación Caja Segovia —que continúa estando con una gestora provisional— permanecía a la espera de la publicación de esta Ley para terminar de entregar las cuentas anuales de estado financiero y registrarlas en la Notaría. Con la nueva normativa, las fundaciones que tengan una representación inferior al 10 por ciento de los bancos resultantes de las fusiones, contarán con libertad para administrar el patrimonio heredado, de modo que se amplía su capacidad para operar vendiendo si es necesario, algunos de los inmuebles que les pertenecen. Es el caso de la de Caja Segovia, que cuenta con numerosos centros sociales distribuidos por la provincia, además de los emblemáticos como el Torreón de Lozoya, el palacio de Mansilla, el palacio de Villafáñe, una nave industrial en Hontoria, o un inmueble en el Cristo del Mercado, entre otros. En todo caso hay que recordar que la situación de estos inmuebles se encuentra pendiente del resultado de la conocida hipoteca contraída con Bankia para hacer frente a una deuda con la Agencia Tributaria.

Por otro lado, la Ley de Cajas de Ahorro supone una triple limitación a la actividad de las cajas: material, territorial y de volumen. En lo material, limita la actuación de estas entidades financieras a clientes minoristas y pymes y no les permite llevar a cabo actividades complejas. Dentro de lo territorial, les exige actuar dentro del ámbito de una comunidad autónoma, sobrepasándola en un máximo de 10 provincias limítrofes. Y, en cuanto al tamaño, no les permite tener un volumen superior a 10.000 millones de euros ni una cuota de depósitos superior al 35% en su autonomía de referencia. Además, crea el fondo de reserva para insolvencias, para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada, que pudieran poner en peligro el cumplimiento de sus obligaciones en materia de solvencia.

En el plazo de seis meses, las comunidades autónomas adaptarán su legislación sobre cajas de ahorros a lo dispuesto en este texto publicado en el BOE el pasado sábado. En él se establece también una autorización al Gobierno para adoptar las medidas y dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de la norma, y destaca que durante los últimos años ha sido necesaria una “profunda” intervención de los poderes públicos para acometer el saneamiento de buena parte de las cajas de ahorro.