Fiscal Jefe Inmaculada Martinez Garcia Entrevista KAM5677
La fiscal jefe de la provincia, Inmaculada Martínez, en su despacho. / E. A.

La semana pasada el Colegio de Abogados de Segovia trasladaba al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que uno de los mayores problemas en el ejercicio de su profesión son los retrasos de asuntos en los juzgados segovianos. La fiscal jefe de Segovia, Inmaculada Martínez García, sostiene sin embargo que desde la Fiscalía provincial “ahora mismo estamos trabajando al ritmo habitual, el normal antes de la pandemia”.

Precisamente, Martínez asumió la Jefatura de la Fiscalía de Segovia en un momento muy complicado, durante la segunda ola de covid en septiembre de 2020, un periodo que califica de “muy anómalo” y señala que “si en ese momento llegó a producirse un parón, que no fue tal porque seguimos trabajando, pero los profesionales del Derecho no pudieron tener acceso o no pudieron acudir a los tribunales, pero eso ya está perfectamente solventado y si algo de ralentización hubo aquí en Segovia fue muy muy puntual”.

Admite que la utilización de aplicaciones informáticas ha sido de gran ayuda, incluso para la presentación de denuncias en determinadas situaciones o procedimientos y reconoce, así mismo, que aunque “la aventura de ser fiscal jefe me lo planteé como un reto profesional, cuando ya voy a cumplir 29 años en la carrera fiscal y de verdad me apetecía, el momento ha sido muy extraño, por la pandemia. Me ha tocado, como a todos, hacer frente a problemas que era impensable que se hubieran podido plantear antes porque lo que nos tocó vivir desde marzo de 2020, con el estado de alarma y todo lo demás, fue como un mal sueño, como una película apocalíptica (se confiesa muy cinéfila). Ha sido muy complicado pero hemos trabajado y hemos hecho frente a todos los obstáculos”.

Martínez niega que la Justicia siga siendo lenta en términos generales, percepción de gran parte de la ciudadanía ya antes de la pandemia. “Intentamos trabajar con la mayor prontitud y agilizar todos los procedimientos pero es que tenemos muchos. Creo que una respuesta rápida es más justa que una dilatada más en el tiempo aunque sea de una brillantez jurídica que no se pueda poner en duda”.

En este sentido, explica que en Segovia “de verdad que lo intentamos agilizar y, por ejemplo, en materia de violencia de género los procedimientos se están acelerando con muchísimos juicios rápidos”.

Aunque la sociedad segoviana no sea quizá consciente, la fiscal jefe indica que hay “un goteo continuo” de casos de violencia de género, tanto en los juzgado de la capital como en los de la provincia. “Por eso precisamente ya hace muchos años que tenemos un juzgado especializado en Segovia. Ojalá no hubiera hecho falta”, apunta.

Por otro lado, niega que haya muchas denuncias falsas en este ámbito. “Tenemos denuncias por delitos que a veces se archivan porque no está acreditada la autoría. Se puede denunciar un robo y se puede archivar porque no sabemos quién es el autor pero eso no quiere decir que haya habido una denuncia falsa. En materia de violencia ocurre exactamente lo mismo. El índice general de denuncias falsas, en todos los ámbitos, es muy bajo, y también en las de violencia de género. Que se archive no quiere decir que no haya delito o sea una denuncia falsa, lo que puede ocurrir es que no se ha acreditado la comisión del hecho”, mantiene.

Caso de la niña Olivia

Cuando Inmaculada Martínez tomó posesión de su cargo a finales de septiembre de 2020, el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, alabó su capacidad de trabajo, su cercanía y su sentido común.

Las dos últimas cualidades afloran cuando se le pregunta por la polémica o polémicas nacidas a raíz del presunto asesinato de una niña de seis años, del que está acusada su propia madre. “Lo primero es lamentar profundamente la muerte de la pequeña Olivia. Es una tragedia y todo mi cariño para la familia”, dice para advertir inmediatamente que “muchas veces, desde redes sociales, incluso desde el anonimato, se expresan opiniones desconociendo realmente sobre lo que se está hablando”.

Argumenta Martínez que desde la Administración de Justicia trabajan para resolver los conflictos que plantean los ciudadanos aplicando la Ley, el Derecho: “a todas y cada una de las demandas o denuncias que se presentaron por los padres se les ha dado curso legal, se ha dictado la resolución correspondiente y si alguna de las partes no ha estado de acuerdo ha recurrido y en última instancia ha decidido la Audiencia Provincial. A partir de ahí, que se esté de acuerdo con las decisiones de los juzgados de instrucción, como de las del Juzgado de lo Penal o de la Audiencia, pues cada uno puede opinar lo que estime pertinente pero se han seguido los procedimientos que marca nuestro ordenamiento jurídico y la actuación de los órganos judiciales entra dentro de las funciones que tienen encomendadas”.

En el discurso que pronunció en su toma de posesión como fiscal jefe, al esbozar las líneas generales de su actuación al frente de la Oficina del Ministerio Público en Segovia, puso especial énfasis en la atención a las víctimas.

Afirma que es algo que ha defendido siempre a lo largo de su trayectoria profesional, que le preocupa que la víctima vea satisfechos sus derechos o, de manera más coloquial, “que se ha hecho justicia con las víctimas”.

Considera la fiscal jefe que “han sido las gran olvidadas” hasta 2015, cuando se promulgó la Ley del Estatuto de la víctima del delito. “En España hemos sido siempre muy garantistas, y además es que tiene que ser así, con los derechos de los investigados —antes los imputados — y habíamos perdido un poco de vista cuáles son los derechos de una persona que ha sufrido un delito. Desde 2015 hasta ahora se ha ido dictando normativa para garantizarlos y resarcir y subsanar en la medida de lo posible el bien jurídico que se ha quebrantado y, en última instancia, que obtenga satisfacción en los tribunales por la situación que haya podido padecer”.

Residencias y covid

Antes de su nombramiento como fiscal jefe, en los primeros meses de la pandemia, la Fiscalía de Segovia recibió varias denuncias por actuaciones en residencias de ancianos de la provincia con personas enfermas de covid. “Algunas se archivaron porque no había indicios de infracción penal pero creo recordar que hubo cuatro que fueron remitidas a los juzgados de instrucción y me consta que ahora mismo hay dos abiertas en fases de investigación en un juzgado de Segovia”.

Hay un fiscal encargado de discapacidades que realiza un seguimiento de estos casos y Martínez informa de que este compañero tuvo que dejar de realizar visitas de oficio a las residencias en lo peor de la pandemia pero ya las ha retomado, al margen de las inspecciones que puedan hacer los Servicios Sociales.

Discapacidad y convivencia

Este mismo fiscal realiza también una labor poco conocida y que para la responsable de la Oficina del Ministerio Público en la provincia es muy relevante. “Segovia es una provincia, incluso la capital, que no está especialmente significada por delitos de sangre u otras cuestiones que pueden generar alarma social. También digo que asuntos que pueden llamar la atención de los medios de comunicación para nosotros son el día a día. A mí me preocupan más situaciones que pueden plantear problemas de convivencia social por la presencia de personas con alguna patología o enfermedad mental en una comunidad, a veces alcoholismo”, comenta.

Son problemas que la mayoría de las veces no se pueden atajar desde el punto de vista penal “porque los hechos que los ciudadanos ponen en conocimiento de un juzgado o de la Fiscalía no conllevan infracción penal pero qué duda cabe de que merecen algún tipo de actuación y en este caso se lleva a cabo por este fiscal especializado, abriendo diligencias para conocer el estado de esta persona, que tenga un diagnóstico, un tratamiento y que los Servicios Sociales puedan hacer un seguimiento y reconducir la situación de conflicto, e incluso que se le pueda ayudar con algún tipo de medida de apoyo conforme a la Ley de Discapacidad de 2021”.

Añade que generalmente son personas alcohólicas y/o con una enfermedad mental no diagnosticada, solitarias, sin familia y se trata de “una labor muy complicada porque a veces ellos mismos no se dejan ayudar y aquí la Fiscalía también intenta de verdad dar soluciones”.