Elena García Gil, exvicepresidenta de Caja Segovia. / Kamarero
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La ex vicepresidenta de Caja Segovia, Elena García Gil, reclama 60.000 euros a Izquierda Unida y otros 60.000 a la Fundación Caja Segovia por entender que “haber estado inmiscuida en dicho procedimiento judicial le ha perjudicado el derecho al honor”. Así lo comunica IU en una nota de prensa, en la que informa de que el acto de conciliación se celebrará hoy 9 de enero en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Segovia. Hay que recordar que IU se personó en el juicio sobre las prejubilaciones de Caja Segovia como acusación popular, un caso en el que se dictó sentencia absolutoria contra los acusados.

Desde Izquierda Unida manifiestan que en los diferentes procedimientos penales en los que han estado personados, y que estaban relacionados con la gestión de numerosas personas en el seno de Caja Segovia, “han visto indicios de delito juzgados de Instrucción, la Audiencia Provincial de Segovia y diferentes partidos políticos, así como la inmensa mayoría de la sociedad segoviana, pese a que por diferentes motivos, algunos de ellos especialmente graves (como la retirada sorpresiva de la acusación particular de la Fundación Caja Segovia sobre la base de un acuerdo todavía secreto), ha tenido lugar la absolución momentánea de muchos de los acusados, o el sobreseimiento en otro caso”.

En su opinión, la personación y acusación mantenidas por Izquierda Unida “no suponen que haya habido en momento alguno nada personal contra ningún ciudadano que haya tenido que rendir cuentas ante la administración de justicia con motivo de las decisiones que tomaban con ocasión del ejercicio de los cargos de enorme responsabilidad que tuvieron”.

En definitiva, entienden que el “hipotético daño” que haya sufrido el honor de Elena García Gil o cualquier otra persona que se ha visto involucrada en diferentes procedimientos penales, y los que puedan surgir en el futuro, “no tiene relación alguna con el ejercicio por parte de Izquierda Unida del legítimo derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, que permite a todos los ciudadanos ser amparados por los tribunales de justicia cuando consideran, como ha sucedido con varios casos en Segovia, que los derechos irrenunciables han sido atropellados”.

IU se muestra orgullosa del papel que ha desempeñado como acusación popular en los procesos de Caja Segovia, “en los que ha trabajado intensamente para defender los derechos de la ciudadanía ante unos hechos que han generado mucha indignación y perjudicado al conjunto de la sociedad segoviana”. “Nuestra organización seguirá trabajando desde todos los ámbitos para defender a la ciudadanía de Segovia de acciones que la perjudiquen, como ha sido la desaparición de Caja Segovia”, concluyen el comunicado.