El plan que afecta a la casa de la calle de la Parra no garantiza salvarla del derribo

El concejal de Urbanismo insiste en que la ordenación de este espacio del centro histórico persigue solucionar conflictos

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Puede ser el último recurso del Gobierno municipal socialista para impedir el derribo de la polémica casa de la calle de la Parra, dos décadas después de que sus promotores obtuvieran licencia municipal para construirla. De conseguirlo, con un plan especial para una zona “muy conflictiva”, según el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, se evitaría un coste millonario para el Ayuntamiento, principalmente en concepto de indemnizaciones.

Para ello, la corporación municipal tendrá que votar en el pleno a favor de la aprobación definitiva de ese plan especial que ordena urbanísticamente el entorno del antiguo convento de San Agustín y una parcela catastral situada en la plaza del Conde Cheste. Con este instrumento de planeamiento el equipo de Gobierno pretende, entre otras cuestiones, dar cobertura legal a la concesión de una licencia de primer uso para la citada casa.

Sin embargo, el propio Reguera, admite que este plan especial no garantiza que el inmueble sea legalizado, ya que la pelota vuelve a estar en los tribunales. En su opinión, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) podría o no admitir esta maniobra administrativa y archivar el largo expediente que tiene su origen en la década de los noventa del siglo pasado.

De momento, el último requerimiento judicial hasta la fecha obliga al Ayuntamiento a iniciar el procedimiento para derribar el inmueble en el plazo de dos meses.

Como se recordará, la casa fue construida sobre el solar de una huerta en la calle de la Parra, muy próxima al antiguo Hospital Policlínico y a las ruinas del convento de San Agustín, con una licencia que concedió el Ayuntamiento en abril de 1993, entonces gobernado por el Partido Popular. Sin embargo, esta licencia fue declarada nula en junio de 1996 por el TSJ, que ya condenó al Ayuntamiento y a la propiedad a derribar el edificio. Con posterioridad, los tribunales fueron emitieron sentencias en ese mismo sentido.

Los fallos judiciales recogen que la licencia fue concedida antes de la aprobación del Plan Especial del Recinto Histórico y obviando las directrices del Plan General de Ordenación Urbana de 1984. Hay que tener en cuenta que los tribunales anularon después el citado plan. Sin embargo, un auto del Tribunal Superior de Justicia de noviembre de 2010, aunque estimó que el derribo del inmueble era procedente, en virtud de las sentencias anteriores, añadía que esta circunstancia era compatible con la tramitación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística. A raíz de ese pronunciamiento, la Concejalía de Urbanismo elaboró un informe que señalaba la posibilidad de legalizar el inmueble si la propiedad cumplía algunas condiciones previas, como tramitar las correspondientes licencias ambientales y de apertura para los garajes y el local comercial que alberga. Asimismo, la Comisión de Patrimonio emitió en 2011 otro informe favorable a esa legalización, al entender que el edificio “no altera las características generales, de carácter y ambiente, del conjunto histórico de la ciudad”, aspecto este último en el que redundó ayer el concejal de Urbanismo. Sin embargo, un primer intento de llevar a cabo esa legalización en 2012 se vino abajo dos años después con otra sentencia del TSJ en sentido negativo a esa posibilidad.

Reguera insiste en que la aprobación del nuevo plan especial de ordenación abre la posibilidad a una legalización que de lo contrario llevaría al absurdo de derribar una casa que a los pocos días podría volver a construirse en el mismo sitio.