El director general de Caja Segovia, Fernando Tapias Domínguez, ha solicitado la rescisión de su contrato con la entidad por motivos personales, lo que ha sido aceptado por el consejo de administración en la reunión que mantuvo ayer por la tarde.
Así lo comunicó Caja Segovia tras la sesión celebrada por el consejo, la última antes de su disolución prevista para el próximo martes y motivada por la Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, aprobada por el Gobierno central la semana pasada.
Tapias asumió la dirección general de Caja Segovia en enero de este año y fue ratificado en el cargo en el mes de julio tras el proceso electoral que se llevó a cabo en la entidad y la constitución de los órganos de gobierno actuales.
Lleva vinculado a Caja Segovia desde hace más de 17 años, hasta este año al frente del Operador de Banca Seguros, siendo miembro fundador de AMAEF, entidad que agrupa a los principales mediadores de seguros del sistema financiero español. Ha pertenecido al comité comercial de Caja Segovia durante los últimos seis años.
El consejo de administración ha agradecido públicamente el trabajo que ha desarrollado en la entidad.
Otro de los acuerdos de la sesión fue que Caja Segovia se persone en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, en calidad de posible perjudicada, por las cantidades cobradas por antiguos directivos. Como se recordará, el consejo ya solicitó el mes pasado que se devolviesen retribuciones millonarias, apelando a la “buena voluntad” del anterior equipo directivo.
Asimismo, en relación con el denominado asunto ‘Navicoas Asturias’, el consejo de administración anunció que recientemente había aprobado el inicio de acciones judiciales “encaminadas a recuperar el importe anticipado”, dando instrucciones a la asesoría jurídica de la entidad para que, con los informes necesarios, dé los pasos necesarios para ese fin.
Como se recordará, hay una hipoteca que pesa sobre el Torreón de Lozoya y otros inmuebles pertenecientes a Caja Segovia, que obliga a pagar unos 150.000 euros anuales a la entidad. Ésta formalizó el crédito hipotecario como garantía de un pago que le reclamaba la Agencia Tributaria por una operación inmobiliaria en Asturias que al final fracasó debido a la crisis económica.
