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El uso ornamental de la cacera fue motivo de la sanción de la CHD a la comunidad de regantes, que ahora ha anulado el TSJCyL tras estimar el recurso. / KAMARERO

La Comunidad de Regantes de la acequia de San Lorenzo ha visto estimado parcialmente el recurso de reposición de la resolución dictada por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por la que se sancionaba a este colectivo con una sanción de 3.000 euros por una derivación no autorizada de aguas del Eresma a través de un azud para uso ornamental en el barrio.

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado sentencia el pasado 16 de septiembre en la que estima en parte el recurso presentado, al dejar sin efecto la sanción dictada contra los regantes por parte de la CHD, pero rechaza su pretensión de declarar nula de pleno derecho su resolución de extinguir el derecho al aprovechamiento del agua del río Eresma, que fue dictada por el organismo rector de la cuenca en septiembre de 2010.

En las doce páginas de la sentencia -a la que cabe la presentación de un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo-, la sala considera que la resolución de la que se deriva la sanción –tramitada en enero de 2019 y recurrida por la comunidad en diciembre de ese mismo año- vulnera el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) al no contemplar “todas las cuestiones planteadas por los interesados”.

Así, precisa que en las alegaciones presentadas por la comunidad frente al acuerdo de inicio del procedimiento sancionador en diciembre de 2018 frente al acuerdo de inicio del procedimiento sancionador se acompañaba un informe técnico remitido por el Arquitecto Municipal de Segovia y otro suscrito por un ingeniero técnico agrícola sobre la conservación y mayor protección de la acequia de San Lorenzo.

Meses mas tarde, en la resolución que impone la sanción “se indica sorprendentemente que la recurrente no había presentado alegaciones, lo que comporta obviamente que no se analizaron”, se asegura en los fundamentos de la sentencia.

Posteriormente, en el recurso de reposición, la confederación “acepta que la recurrente presentó alegaciones, y al estimarlo en parte reduce la sanción impuesta a 2.000 euros de multa, pero sin resolver todas las cuestiones planteadas en el escrito de alegaciones”.

Por otra parte, el tribunal recoge las alegaciones de la representación legal de los regantes, donde se señala el origen secular del riego de las huertas del barrio de San Lorenzo, con testimonios de su ordenación desde 1515; así como los respectivos acuerdos protocolizados entre la propiedad de la extinta fábrica de loza y los propietarios de las huertas en distintos periodos del siglo XX hasta la constitución de la Comunidad de Regantes en 1970.

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Valor mediambiental

De igual modo, pone de manifiesto el valor paisajístico y medioambiental de la acequia o cacera de San Lorenzo “integrada como un elemento urbano y paisajista por los espacios en los que transita, especialmente en aquellos al aire libre”.

Por ello, se han desarrollado distintas intervenciones para su tratamiento y conservación (algunas de ellas realizadas por la propia CHD), por lo que el tribunal asegura que “no se puede imputar a la comunidad la infracción de que se trata por derivación no autorizada a través de un azud ornamental, toda vez que no está acreditada esta autoría”.

En este sentido, indica que de la documentación obrante en el expediente “no puede deducirse que la derivación de aguas se haya realizado para uso ornamental”, ya que “fue constituida para el riego de las huertas”, precisando que las numerosas actuaciones realizadas en la cacera por las distintas administraciones “algunas lo han sido para destinar el agua para usos ornamentales, pero ese destino del agua es diferente al del riego de las mencionadas huertas, que es el que tiene por objeto la comunidad de regantes demandante como resulta de sus ordenanzas”.

También hace un inciso para señalar que la anulación procede ante la “falta de culpabilidad” de los recurrentes, ya que “nos se ha acreditado por la Administración que la comunidad de regantes haya realizado ninguna actuación que determine su responsabilidad”.

Con respecto a la nulidad solicitada en el recurso de la extinción del derecho al aprovechamiento del agua del Eresma , la sala estima la alegación de la Abogacía del Estado sobre la inadmisibilidad de esta pretensión por incurrir en desviación procesal.

Así, explica esta decisión al señalar que el escrito de reposición del recurso, la comunidad de regantes “únicamente impugnó la resolución de la CHD del 10 de diciembre de 2019”, y “no incluyó la impugnación en el escrito de interposición del recurso ni se ha impugnado la supuesta denegación de la CHD a llevar a cabo la revisión de esa resolución de 2010”.

Sin noticias sobre la solicitud de la declaración BIC

En el trasfondo de toda esta situación que dirimen los tribunales, se sitúa la solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para la cacera de San Lorenzo, que en 2017 solicitó el Ayuntamiento a la Consejería de Cultura y Turismo, y que aún permanece a la espera de una resolución. Como se recordará, en la pasada legislatura de las Cortes regionales, el grupo socialista presentó una Proposición No de Ley para instar a la Junta a tramitar el expediente necesario para esta declaración, y en la actual los procuradores socialistas por la provincia formularon dos preguntas para conocer en qué situación se encontraba la tramitación del expediente y los plazos previstos para la declaración del BIC.

Los abogados de la comunidad estudian la posible prevaricación en la nulidad de los derechos de riego

Los abogados del despacho profesional Conde-Fuentetaja que defiende los intereses de la comunidad de regantes estudia la resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero del año 2010, que vino a declarar extinguidos los derechos de riego de que venían disfrutando pacíficamente las 26 huertas integradas en dicha Comunidad, por si resultara que aquella disposición mantenida en el tiempo pudiera haber incurrido, presuntamente, en un posible delito de prevaricación continuada, al dictarse, a sabiendas, un acto a todas luces injusto, puesto que eran falsos los supuestos de hechos previstos en la Ley de Aguas para que hubiera procedido la extinción de aquellos derechos.

Tal y como publicaba este periódico en mayo de este año, en la resolución, la extinción se fundamentaba en que el citado aprovechamiento del río Eresma “se encuentra abandonado y en desuso” y “que los terrenos de huertas del barrio de San Lorenzo se encuentran edificados con el consiguiente abandono del riego”, circunstancia que los letrados consideran incierta, ya que as huertas estaban declaradas en aquellos momentos especialmente protegidas, como lo están ahora, por la normativa urbanística del Ayuntamiento de Segovia.

Así, consideran que el motivo de la presunta prevaricación vendría dado en que la Confederación no podría argumentar el desconocimiento de estos hechos, puesto que en la propia resolución extintiva se hace alusión expresa a un informe negativo emitido con fecha 17 de septiembre de 2009 por la Junta de Castilla y León, en el que se advertía de esta falsedad. En dicho escrito, firmado por un técnico del Servicio Territorial de Agricultura de Segovia y al que han tenido acceso recientemente los abogados, se venía a decir textualmente: “Que el aprovechamiento de agua para riego ha sido continuado y sin interrupción, al menos en los últimos 17 años en que llevó en este puesto de trabajo”.

Ante esta argumentación, los asesores jurídicos de la Comunidad de Regantes entienden que lo correcto es que antes de producirse la declaración de extinción de los derechos, debidamente inscritos, por otra parte, en el Registro de la Propiedad, los órganos correspondientes de la Confederación deberían haber comprobado la realidad física y jurídica de la cacera, recabando los pertinentes informes ante el Ayuntamiento de Segovia, en donde se podría haber comprobado la falsedad de los hechos que servían de base a la resolución. Esta falta de rigor procedimental habría tenido como consecuencia la producción consciente de un acto administrativo injusto, presuntamente constitutivo de delito y consecuentemente nulo de pleno derecho, lo que debiera obligar a la Confederación a proceder a la revisión de oficio del mismo.