El TSJ obliga a la Junta a resolver sobre la concesión de la estación invernal de Navacerrada

La pelota que estaba en el tejado y que debía soltar la Justicia sobre la caducidad de la concesión de la estación de esquí de Navacerrada ha caído del lado de la Administración autonómica.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha resulto que deber ser la Junta quien tendrá que declarar la caducidad de la concesión de la estación de esquí y resolver su liquidación. De este modo tendría que asumir el coste de la retirada de las instalaciones y la restauración de la zona, así como la liquidación de la indemnización si procede.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, ha estimado parcialmente un recurso de la Abogacía del Estado, presentado en representación del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), propietaria del enclave en el que se ubica la estación de esquí.

Con este recurso de la Abogacía del Estado se trataba de impugnar el acuerdo de 14 de octubre de 2021 de la Junta de Castilla y León, por el que ésta se declaraba incompetente para resolver la solicitud de interrupción del cómputo del plazo de la ocupación de las 7,6 hectáreas del Pinar de Valsaín, paraje en el que se encuentra la estación, así como la caducidad de la concesión y los actos de liquidación, en el caso que corresponda.

El TSJCyL estima que dicho acuerdo de la Junta es “contrario a derecho” y que, conforme a la Ley de Montes, y en contra de lo sostenido por la Junta, la administración autonómica es la competente para declarar la caducidad de la ocupación.

Por ese motivo, los magistrados han considerado que la Junta debe “pronunciarse, a propósito de la referida declaración de caducidad, sobre la solicitud efectuada por la mercantil concesionaria en relación con la interrupción temporal del cómputo del plazo de duración (o prórroga) como consecuencia de los efectos derivados de la pandemia Covid-19”.

En la sentencia, los magistrados explican que debe ser “la misma administración autonómica la competente para pronunciarse sobre la solicitud de interrupción”, puesto que la Junta asumió en su día las competencias de la gestión de la concesión, también en lo relativo a la autorización de la revisión y la actualización del canon.

De ahí que “no vean razón por la que no deba ser la misma Administración quien resuelva también la incidencia que en relación con la declaración de caducidad pueda haber tenido la pandemia Covid-19”; además, al considerar que la Junta es la competente para resolver la caducidad de la concesión, también lo es para resolver la solicitud de la empresa.

En su resolución, el TSJ concluye que el marco normativo vigente (constitucional, estatutario, legal y reglamentario) “es claro al atribuir a la comunidad autónoma la gestión del monte catalogado (abstracción hecha de que la titularidad del mismo corresponda al Organismo Autónomo Parques Nacionales )”. “La Ley distingue, con claridad, entre el titular del monte público y la Administración gestora”, afirma la sentencia.

Por tal motivo, la sentencia concluye que lo que “realmente se está discutiendo, dejando al margen el procedimiento para el otorgamiento de una nueva concesión, es qué administración debe asumir la competencia para gestionar los efectos derivados de la extinción (por caducidad) de la concesión, con las consiguientes obligaciones en materia de liquidación del estado posesorio y en materia de retirada de las instalaciones y de restauración de la realidad física alterada. Y en este punto entendemos que la respuesta es la comunidad autónoma”.

El TSJ estima igualmente que la comunidad autónoma es la administración competente para gestionar las solicitudes relativas a la concesión, los trámites de extinción por caducidad de la misma y las obligaciones derivadas en materia de liquidación.

Contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que no ha impuesto costas a ninguno de los implicados, cabe recurso de casación. Y seguramente la Junta se acoja a esta posibilidad.

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ANTECEDENTES
La estación de esquí de Navacerrada viene funcionando desde hace décadas. La última autorización temporal se dio en 1996 por parte de Parques Nacionales, que concedió a la empresa pública ‘Deporte y Montaña S.A.' permiso durante 25 años para ocupar 7,6 hectáreas donde instalar infraestructuras para la práctica de esquí alpino en el monte Pinar de Valsaín.

Aquella concesión caducaba el pasado 2 de abril de 2021. Pero en medio estuvo la pandemia del Covid, que obligó a mantenerse cerrada un tiempo del año 2020.
En 2021, el año en que expiraba la concesión, Parques Nacionales (del Ministerio de Transición Ecológica) consideró que no debía haber una estación de esquí en esos terrenos de alto valor ecológico, situados en el centro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Argumentaba que la estación contribuía a la degradación del espacio por la afluencia en vehículos privados y que la falta habitual de nieve obligaba al uso intensivo de los cañones para crearla y mantener ese negocio.

Con esta decisión se abrió una disputa que tocó todos los ámbitos: deportivos, ambientales, económicos y políticos. Se argumentó desde la empresa concesionaria que la Covid permitía prolongar las concesiones administrativas por haber estado obligatoriamente cerradas las instalaciones.

En todo caso, la fecha de conclusión, ya fuera en 2021 o más tarde, fue comunicada por Parques Naturales a la Junta de Castilla y León, para que ésta tramitara el expediente administrativo de caducidad. La empresa ya no era pública, pues desde 2007 estaba privatizada. Tras una subasta desierta, en una segunda intentona se quedó con ella la sociedad Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, por 328.000 euros. Esta empresa pertenece al grupo Río Invest, relacionado con el Grupo Sacyr.

La Junta mantenía su intención de que se continuara practicando el esquí en los altos de Navacerrada. Y también lo apoyó el Gobierno de Madrid. Pero el tema encalló en los , hasta ahora; aunque todo parece indicar que va a seguir así un tiempo.

El Ministerio había comenzado a desmantelar parte de las infraestructuras que la estación utilizaba para producir nieve artificial. E incluso se cortó el suministro de agua, aunque una sentencia obligó a la CHD a restituirlo por estimar que la concesión de agua seguía vigente. Hubo otro malentendido con los plazos administrativos.

A la misma vez Parques Naturales demandaba a la Consejería de Fomento y de la Junta y a la empresa concesionaria, para que pusieran fin a la concesión administrativa. Pidieron anular el acuerdo del 14 de octubre de 2021, en que la Junta de Castilla y León se declaraba incompetente para resolver sobre esa caducidad.

Las distintas posturas sobre esta polémica estación también se evidenciaron entre asociaciones. Por un lado, colectivos ambientalistas, como Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife o WWF, se mostraban a favor de limitar el esquí y lamentaron que un procedimiento administrativo se convirtiera en un enfrentamiento político. Entendían que se deben “desmantelar las instalaciones, restaurar el espacio e incorporar al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”.

En el lado contrario estaban los empresarios con instalaciones en la zona, defensores de la estación, y muchos deportistas que practican el esquí, y que también lideraron movimientos a favor de la continuidad de la estación invernal, que ha sido cuna de muchos esquiadores.

La Estación de esquí de Navacerrada y todos los comercios adyacentes
Junto a la estación funcionan varios negocios.

Castilla y León defiende el esquí y dice que recurrirá

Desde la Junta de Castilla y León anunciaron ayer que estudiarán y, si es posible, recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que les obliga a declarar la caducidad de la concesión de la estación de esquí de Navacerrada en Segovia y a resolver la liquidación, la retirada de las instalaciones y la restauración de la zona, así como la liquidación de la indemnización si procede.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que todavía no han tenido tiempo de analizar en detalle la sentencia judicial, que salió ayer mismo; y que estudiarán su contenido para tomar una decisión más precisa. “No ha habido el tiempo suficiente para analizarla en detalle”, explicó.

No obstante, Fernández Carriedo avanzó que van a defender “claramente los intereses de Castilla y León” y, por tanto, estudiarán la resolución y recurrirán, si “hay algún margen”, en una sentencia contra la que cabe recurso de casación, según ha indicado el propio TSJCyL en el comunicado de prensa.

“La población de Segovia y de Castilla y León tiene que saber que como comunidad autónoma estaremos siempre defendiendo los derechos de la tierra”, insistió el consejero. “El empleo, los puestos de trabajo y la actividad productiva vinculada a la estación de esquí de Navacerrada; es lo que nos ha movido y nos moverá siempre”, aseveró.

VALORACIONES
Desde la empresa Puerto de Navacerrada, sus responsables no han querido hacer valoraciones de la sentencia hasta que los abogados puedan conocer el contenido del texto y sus consecuencias. Aseguran que prefieren esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y valorar cómo les afecta.

Quien sí ha salido al paso de la resolución judicial ha sido el procurador por Segovia y portavoz de Medio Ambiente, José Luis Vázquez, que también fue alcalde del Real Sitio y apoyó en su día la práctica del esquí.

En declaraciones y en redes sociales ha acusado a la Junta de haber estado bloqueando durante tres años una inversión de nueve millones de euros del Gobierno de España en el Alto de Navacerrada, tal como se había comprometido el Gobierno tras instar a acabar con la práctica del esquí. Dijo que tanto el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, como el procurador del PP, Francisco Vázquez, “jamás se han preocupado” de la estación de esquí. Y lamentó que haya tenido que ser la justicia la que obligue a la Junta a cumplir la Ley de Montes y sus competencias.

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