Más de la mitad de la superficie de Castilla y León es forestal, y dentro de ese mapa, Segovia ocupa un lugar destacado, con 323.666 hectáreas de terreno forestal, el 47% de la provincia. Sin embargo, el sector forestal, con más de 1.500 empresas de la madera y aserraderos en toda la región se siente “aparcado” en cierta manera por la administración autonómica, por lo que demandan ser tratados como un sector “estratégico”, ya que consideran que llevan a cabo una actividad sostenible que crea y fija empleo en el medio rural y que supone numerosas ventajas medioambientales, acorde con las políticas promovidas desde la Unión Europea.

Una representación de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyl), encabezada por su presidente, el segoviano Roberto Bravo, se ha reunido esta semana con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que más inquietan a esta industria. Desde el sector consideran fundamental una mayor interlocución entre las hasta tres consejerías que tienen competencias en diferentes actividades del sector. En este sentido, Roberto Bravo pide una mayor armonización con la Consejería de Agricultura, porque se encuentran “disgregados” en tres departamentos. “No tenemos identidad”, lamenta.

El sector forestal demanda una colaboración clara con Agricultura, porque dependen de los programas de desarrollo rural que gestiona la Consejería, y solicitan un reparto equitativo de los fondos para esos programas, con el sector de la agricultura y la ganadería. “Mientras que las superficies agrarias privadas reciben de esos fondos 294 euros por hectárea y año, las forestales reciben 9,5 euros. Es discriminatorio”, afirma Bravo, quien añade que la totalidad de la actividad de la industria forestal se desarrolla en el medio rural.

“Mientras que las superficies agrarias privadas reciben de esos fondos 294 euros por hectárea y año, las forestales reciben 9,5 euros. Es discriminatorio”

Por otro lado, existe el problema de la propiedad de la superficie, con más de 700.000 propietarios forestales en toda Castilla y León, con cerca de un 50% de la superficie en manos privadas, lo que lleva al minifundio y un grado de parcelación extremo. En esas condiciones las gestión forestal es insostenible, aseguran desde el sector, con el resultado de que una gran parte del terreno se encuentra sin gestión, lo que incide directamente sobre el crecimiento descontrolado de la vegetación, la acumulación de combustible y la proliferación de incendios forestales. “Pedimos un desarrollo justo y equitativo, o desaparecerá el tejido industrial existente y el bosque va a motor”, afirma Bravo.
La Mesa de la Madera aboga por una decisión contundente de la administración, si “considera” estratégico el sector forestal. Para su puesta en valor proponen algunas medidas, como el fomento de la construcción en madera vía bonificaciones en entornos rurales; el uso de energías renovables, primando el uso de la biomasa en edificios públicos; la digitalización del sector; promover la certificación en gestión forestal sostenible como elemento diferenciador a nivel comercial de su producto y emprender acciones de difusión del sector y educación, entre otras propuestas.

La Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León es la asociación que representa los intereses del sector de la madera en Castilla y León. Agrupa a las asociaciones empresariales más representativas del sector con presencia en Castilla y León, a las que pertenecen las empresas de la madera de la Comunidad.

Cifras

Un 51% de la Comunidad es terreno forestal, mucho más que territorios que se tienen en mente al pensar en bosques, como Canadá o Centro Europa. Castilla y León es la Comunidad con más superficie forestal de España (casi 5 millones de hectáreas). De ese total, 2,6 millones se corresponden con propietarios públicos (54,82%) y 2,1 con privados (45,18%), en línea con la media europea. Cuenta con el Monte Público nacional más extenso y más de 700.000 propietarios privados.

Castilla y León registra unos 1.500 aserraderos y empresas de madera, muy por delante de cualquier otra región española

Castilla y León registra unos 1.500 aserraderos y empresas de madera, muy por delante de cualquier otra región española. Es el segundo fabricante nacional de tablero de madera a muy poca distancia del primero, Galicia. También es el mayor fabricante nacional de biomasa de madera (pellets y astillas), más del doble que el segundo. Es un referente de la gestión forestal sostenible, certificada conforme a estándares internacionales. Castilla y León tiene un patrimonio natural de extraordinario valor, por su diversidad y su estado de conservación. Más del 26% del territorio regional está incluido en la Red Natura-2000, frente a una media europea de alrededor del 15%.

El sector afirma que hoy por hoy el monte en la mayor parte de Castilla y León no garantiza una estabilidad de ingresos suficiente. Se estima que la producción media anual de una hectárea agrícola está situada alrededor de los 400 euros/hectárea, mientras que la producción anual forestal en las zonas de arbolado denso no llega a los 36 euros, situándose la media por debajo de los 20 euros. A ello, los empresarios le suman la no existencia de una Política Forestal Común, que es donde se encuentra la mayor financiación, el 80% de toda la Política Agraria Común (PAC), asignándole solo una mínima parte del segundo pilar (Fondos de Desarrollo Rural, que son el 20% de la PAC, es decir el 2,25% de la PAC.

Revocación de la Ley Agraria de 2014

Las industrias del sector forestal piden la “revocación” de la actual Ley Agraria de Castilla y León de 2014 que les excluye, a pesar de las numerosas interrelaciones de los sectores agrícola, ganadero y forestal. A nivel europeo los reglamentos de desarrollo rural establecen continuos vínculos entre los tres sectores, según explican desde la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León. Y a nivel nacional, el texto consolidado de la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias define la actividad agraria como “el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales”. Como consecuencia, según los forestales, a nivel nacional las explotaciones agrarias integran a las forestales, “mientras que en Castilla y León no es así, sin que se hayan previsto los mecanismos de coordinación en los registros correspondientes habiendo quedado las explotaciones forestales en una situación discriminada”. En este sentido, el presidente de la MIMCyl, Roberto Bravo, lamenta que no pueden competir con comunidades autónomas como Galicia o el País Vasco, donde se mantiene el criterio nacional y el sector forestal es regulado igual que el agrícola o el ganadero, y recibe las mismas ayudas para el desarrollo rural. Así, los industriales lamentan que ante la Unión Europea, el Registro de Beneficiarios de la Política Agraria Común (PAC), que es único, tendrá que considerar de manera independiente a los dos tipos de explotaciones, cuando en la realidad, en Castilla y León y en toda España, lo que existe son explotaciones integradas con mayor o menor peso de la actividad agrícola, ganadera o forestal. Por ello, piden que el ámbito de la Ley Agraria incluya lo agrícola, lo ganadero y lo forestal, especificando que lo forestal estará regulado por esta ley y específicamente por la Ley de Montes de Castilla y León.

Objetivos de la Junta

Castilla y León tiene como objetivo alcanzar en 2025 una producción de cuatro millones de metros cúbicos de madera, un 30% más que en la actualidad, gracias a la mejora de la planificación, las certificaciones y un aumento de las repoblaciones forestales. Esta es una de las conclusiones del encuentro mantenido esta semana por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y representantes de la Mesa Intersectorial de la Madera, en la que el líder autonómico les ha animado a presentar proyectos que puedan optar a los fondos europeos de nueva generación. Según explicó el presidente, “la actividad forestal puede ser una de las más beneficiadas por estos fondos para la recuperación si se presentan buenos proyectos de la mano del sector y la propia administración”.

En cuanto al compromiso de la Junta de Castilla y León con el sector forestal, cuya “puesta en valor” constituye uno de los objetivos de legislatura, el presidente señaló que se está trabajando en varias líneas de actuación, como es la actualización del Plan Forestal de Castilla y León y del Programa de Movilización de Recursos Forestales, contando con la participación del sector forestal en la programación del desarrollo rural.

Asimismo, desde la Junta afirman que se está mejorando la coordinación y la interlocución entre las distintas consejerías con las organizaciones representativas del sector. “Y existe una apuesta por mejorar el abastecimiento a la industria maderera, con un esfuerzo en la planificación, repoblación y certificación forestal”, apuntan.

La administración autonómica también está trabajando en facilitar la gestión de los montes privados y patrimoniales, simplificando la normativa e impulsando la administración electrónica y la teletramitación. Además, existe una apuesta por que las concentraciones de terrenos forestales en montes privados se impulsen para favorecer el aprovechamiento de una parte del monte que está infraexplotado. Y se va a seguir trabajando en una fiscalidad favorable, para lo que se ha solicitado, junto con otras comunidades autónomas, la rebaja del IVA de combustibles y equipos de biomasa, así como la revisión y actualización del catastro de los terrenos forestales y la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Por último, se está promoviendo el uso de los recursos forestales mediante campañas, una mayor educación forestal, promoviendo su uso en edificación y vivienda, y dando prioridad al calor de biomasa en edificios públicos.

Según destacó el presidente durante la reunión, el sector forestal requiere de una política “ambiciosa, coherente, sostenible y dinamizadora, como la que aplica la Junta de Castilla y León de la mano de todos los agentes implicados (trabajadores, empresas, ayuntamientos y particulares), puesto que el aprovechamiento sostenible de los montes contribuye a la generación de actividad económica, especialmente en el medio rural, dando empleo directo a más de 10.000 personas. Además, constituye un elemento clave en la lucha contra la despoblación, en el Reto Demográfico y en el Desarrollo Rural”.