Primera aparición pública del entonces Príncipe de Asturias, junto al rey Juan Carlos.
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Fernando de Gortázar y Rotaeche

La opinión pública discute en estos momentos un asunto sobre cuyos fundamentos reina una considerable oscuridad. Se ataca y defiende a la Monarquía y su papel en el contexto actual, se formulan juicios de valor a veces muy drásticos sobre las personas que la encarnan, se apela a sentimientos de adhesión o rechazo con gran carga emocional, pero falta analizar el concepto con serenidad, tomar altura, mirar hacia adelante, hacia atrás y en derredor para buscar referencias y fuentes que nos ayuden a formar nuestro criterio sobre bases sólidas y firmes.

Para Aristóteles la polis, la comunidad política, tiene tres formas virtuosas de gobernarse; la Monarquía o poder de uno, la Aristocracia o poder de los mejores y la Democracia o gobierno del pueblo. Es fascinante la actualidad del análisis 24 siglos después, tres formas de degeneración; la tiranía en la que degenera la monarquía, la oligarquía en la que degenera la aristocracia, y la demagogia, en la que degenera la democracia.

En la actualidad el concepto que se asocia a la palabra monarquía es la vinculación de la Jefatura del Estado a una familia o dinastía en la cual la Corona se transmite por vía hereditaria. El principio hereditario, visto a veces como talón de Aquiles de la institución monárquica, es por el contrario el eje en torno a la cual se configura.

Si nos fijamos en los reinos medievales, antecedentes de las actuales naciones europeas, y en España en particular en la Monarquía Visigoda, vemos que, por influencia del Derecho Germánico, la monarquía se configura como electiva. Recordemos las terribles vicisitudes asociadas a este sistema, incluyendo, guerras, asesinatos de reyes y conflictos entre eventuales sucesores.

El proceso se adentra en la Edad Media, incluyendo la división del reino ente los hijos del Rey y vuelve a generar nuevas guerras de las que se hace eco el Romancero. Ello hace que el sistema evolucione hacia la designación de un sucesor indiscutible. Las Partidas de Alfonso X el Sabio, recogen ya un orden especifico de sucesión a la Corona, básicamente inalterado hasta nuestros días.

El principio hereditario aparece, ciertamente en circunstancias históricas diferentes a las actuales, como superación del electivo e instrumento de seguridad jurídica al servicio del interés general. Más adelante se incardinará en los sistemas políticos contemporáneos como un mecanismo asumido libremente por la soberanía popular, pero manteniendo la esencia de regular el acceso a la más alta magistratura del estado desligado de la lucha -entonces banderiza, hoy política -, y ello le capacita para ejercer una función independiente y encarnar los valores inherentes al conjunto del Comunidad y no a una parte de la misma.

La Constitución de 1978, que regula el periodo más largo y fecundo de paz y libertad del que hemos disfrutado en nuestra historia, establece en su Título Preliminar que La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria.

El Título II, De la Corona, señala que, El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia y le encomienda la misión de guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes.

Retomamos por ello el concepto de símbolo. Miguel Herrero, uno de los padres de nuestra Constitución, dice que El símbolo es aquel elemento de la realidad en el que mediante imágenes se expresan no solo conocimientos sino sentimientos, en virtud del cual se tiene acceso a un orden distinto. La Corona… representa simbólicamente la unidad del orden estatal en la persona visible y real de un hombre. Por su parte Fontecha y Pérez de Armiñan matizan que la densidad de la representación simbólica en la Monarquía, es muy superior a la que puedan tener las Jefaturas de Estado republicanas.

El actual debate Monarquía/Republica, se enmarca en otro más general sobre la legitimidad del llamado Régimen del 78, que no es sino el cuestionamiento de nuestro marco jurídico político de convivencia y de las bases en las que se asienta nuestro modelo de sociedad, y que implica una glorificación acrítica de la II República, presentada como paradigma de progreso y democracia.

Su antecesora, la I República, fue lo que llamaríamos un estado fallido, con cuatro presidentes en once meses -uno de los cuales abandonó el cargo, tomando el tren de Paris, sin molestarse en presentar su dimisión-, guerras cantonales, la Escuadra declarada pirata y otros síntomas claros de descomposición del poder público.

Un análisis de la historia de la II República nos llevaría muy lejos y en él no estarían ausentes consideraciones referentes a la gran tragedia nacional en la que desembocó ni al régimen autoritario surgido como consecuencia de la misma.

A pesar del impulso de renovación de la vida pública en el que se incluían prestigiosos intelectuales, las causas profundas del fracaso de la república afloraron muy pronto. El más importante de sus mentores, Ortega y Gasset, autor del famoso Delenda est Monarchia, no tardaría en decir no es esto, no es esto. La Republica había renunciado ab initio a ser un régimen integrador en el que tuvieran sitio todos los españoles.

Muestras de ello serían la prohibición a nivel constitucional de que las órdenes religiosas pudieran ejercer la enseñanza; la disolución -con el mismo rango constitucional- de la Compañía de Jesús pretextando que estaba las órdenes de una potencia extranjera (el Vaticano), por no hablar de la trituración del ejército, en frase de Manuel Azaña, de la draconiana Ley de Defensa de la República, que permitió cerrar 114 periódicos, ni de la demagógica Reforma Agraria basada en la expropiación sin indemnización de los Grandes de España -paradójicamente no de otros grandes terratenientes-, como si un criterio genealógico fuera determinante para resolver los problemas de una economía básicamente agraria.

Más paradójico es que la glorificaron de la II República vaya acompañada de la denigración de la Transición, a la que consagró sus esfuerzos el Rey Don Juan Carlos, y que supuso un generoso esfuerzo de derecha e izquierda por olvidar y perdonar, por hacer real aquel never more, never more, del famoso reportaje de la BBC sobre nuestra guerra.

Junto con el pilotaje de la Transición hay dos hechos que no necesitan excesiva explicación. El 23 de febrero de 1981 y el 3 de octubre de 2017 el Rey -Juan Carlos I y Felipe VI respectivamente- realiza un impagable servicio a España procediendo en circunstancias diferentes a explicitar su función de símbolo de la unidad y permanencia del Estado, guardando y haciendo guardar la Constitución. Los dos discursos claves de las respectivas fechas, están en la mente de todos y han pasado a la Historia.

Se insiste también en el hecho de que la figura del Rey no es democrática porque no responde a una elección directa y periódica. El Rey no ha sido elegido, recordémoslo bien, porque democráticamente, por medio de la Constitución, los españoles revalidamos el sistema creado por nuestra tradición histórica, a través del cual el acceso a la Jefatura del Estado se desvincula de los partidos políticos, de modo que pueda actuar como poder moderador y simbólico, representando al conjunto de los españoles. El principio monárquico sin perder su virtualidad histórica resulta “adoptado”, activado y por ello relegitimado por el indiscutido principio de la soberanía popular.

Creo que los españoles seremos capaces de superar los complicados momentos que vivimos y que la Corona, representada impecablemente por el Rey Don Felipe VI, continuará siendo un elemento decisivo para simbolizar y potenciar nuestros valores comunes como nación. En todo caso llama la atención el hecho difícil de rebatir de que la nómina de los enemigos de la unidad de España y de nuestro marco de Libertades coincida casi milimétricamente con la de los enemigos de la Corona.

Es algo que ni siquiera desde la mayor ingenuidad podría dejar de llamarnos la atención. Si separatistas y bolivarianos se ponen de acuerdo en la prioridad de derribar la Monarquía buscando tener manos libres para acabar con el resto del sistema constitucional, eso demuestra que la Corona es mucho más que un anacrónico recuerdo del pasado. Es una institución viva de cuya continuidad depende el bienestar, la unidad y el futuro de España.