Desde principios de los años ochenta del siglo pasado la comunidad científica, en base a investigaciones clínicas y epidemiológicas, ha dado a conocer la evidencia de importantes riesgos para la salud derivados de la exposición a fibras de amianto, que puede causar varios tipos de cáncer y enfermedades pulmonares. Desde que en 2002 se aprobara el Programa estatal de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al amianto (PIVISTEA) y, en el caso de Castilla y León, desde la puesta en marcha del Plan de Actuaciones Sanitarias en personas con exposición laboral al amianto, en abril de 2007, el registro de exposiciones se ha duplicado en la Comunidad Autónoma, al pasar de una primera estimación en torno a las 1.500 personas en 2006, a 4.737 a junio de este año, según los datos que maneja la Dirección General de Salud Pública de la Junta, que mantiene un registro oficial.
Segovia no es en números absolutos la provincia que presenta cifras más altas de trabajadores expuestos al amianto, con un total de 203 hasta junio, pero sí se encuentra en el grupo donde más ha crecido este colectivo en ‘vigilancia’ preventiva en los últimos cinco años, ya que en 2017 eran menos de la mitad, 94.
Fuentes de Sanidad indican que de esos dos centenares de trabajadores, 173 están en activo y 57 son jubilados o realizan otra actividad. Además, la provincia ha superado la cifra de Ávila, que en 2017 era de 148 (ahora 170) y también está por encima de las de Soria (39) y Zamora (87). Hay que tener en cuenta, por otro lado, la alta prevalencia en Valladolid (1.917 casos), una de las más altas de España después de varias de localidades vascas y catalanas, así como Ferrol (A Coruña) y Cartagena (Murcia).
La evolución de Castilla y León ha sido exponencial y de la estimación inicial en torno a los 1.500 trabajadores expuestos de 2006 se pasó a 2.036 en 2011, 3.969 en 2017 y 4.497 en 2018, según los datos recopilados gracias al programa PIVISTEA por el Ministerio de Sanidad, que indica que la Comunidad Autónoma se situaba ya ese año entre las cuatro (con Aragón, Madrid y Navarra) que habían implantado todas las actividades de esta estrategia nacional, con información detallada remitida.Eso puede explicar el incremento de casos en el Registro de Trabajadores Expuestos al Amianto (Team). Desde 2018 ha continuado la tendencia al alza pero ya no al mismo ritmo.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el tiempo de latencia entre la exposición al amianto y la aparición de la enfermedad es extraordinariamente largo, hasta 40 y 50 años en el caso del mesotelioma, un tipo de cáncer que afecta a la pleura y al peritoneo. El 30% de los cánceres por amianto reconocidos como enfermedad profesional lo han sido en extrabajadores de entre 66 y 88 años, lo que concuerda con ese alto periodo de latencia.
Asimismo, un número de casos relativamente elevado (entre un 15% y un 20%) se produce en personas que no han estado expuestas profesionalmente al amianto, bien por contaminación ambiental o doméstica (manipulación de ropa, etc.)
Por otro lado, la forma en la que se han usado los materiales con amianto y sus variadas aplicaciones han multiplicado el número de expuestos incluso en actividades no consideradas de riesgo. En Euskadi, por ejemplo, se han constatado casos de panaderos por el amianto de los hornos de sus establecimientos.
Mortandad
Segovia, con un índice estimado de 14 fallecidos por cada 100.000 habitantes, entre 2001 y 2020, debido a enfermedades directamente relacionadas con el amianto como el mesotelioma y la asbestosis (un tipo de fibrosis pulmonar), se encuentra en un nivel medio-alto dentro del Estado.
La tasa de Segovia es superior a la de otras 26 provincias, iguala a otras tres y solo está una muerte por debajo de provincias como Madrid, Valencia, Alicante, Murcia o Cádiz.
No existen estadísticas oficiales fiables sobre muertes por exposición laboral, doméstica y ambiental al amianto. Las cifras anteriores proceden de una investigación que en España ha liderado Moncloa.com, junto a medios de comunicación de nueve países europeos y parcialmente financiada por Journalism Fund. En el caso de España recoge datos de la Estadística de defunciones según causa de muerte que elabora con periodicidad anual el Instituto Nacional de Estadística (INE), tomando como referencia enfermedades profesionales relacionadas con el amianto y reconocidas en la normativa estatal, otras reconocidas en Alemania o Bélgica, así como variables y recomendaciones de institutos de investigación internacionales, o investigadores reconocidos, estudios comparativos con otros países y el total de partes de reconocimiento de enfermedad profesional vinculada al amianto, recogidos por el sistema de Comunicación de enfermedades profesionales de la Seguridad Social (CEPROSS), dependiente de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La puesta en marcha de 2003 de un protocolo de vigilancia sanitaria específica a través del PIVISTEA, y en el caso de Castilla y León, el desarrollo del citado plan específico a partir de 2007, está permitiendo identificar a las poblaciones de riesgo, hace aflorar daños derivados del trabajo y activar métodos de diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación y prevención, además de proporcionar una base para eventuales solicitudes de compensación e indemnizaciones.
COMPENSACIÓN
Precisamente el pasado 20 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicaba una ley que, a partir del año que viene, permitirá que las personas que tengan reconocida una enfermedad profesional ocasionada por el amianto y aquellas en las que se determine como causa principal o coadyuvante podrán solicitar una reparación económica, gracias a la creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto por los daños y perjuicios sobre la salud. La normativa entró en vigor en noviembre pero está pendiente de un reglamento que la desarrolle. El organismo que resolverá las solicitudes será el Instituto Nacional de la Seguridad Social. n
