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¿Cuáles son los motivos del recurso de reposición que ha realizado el Colegio de Arquitectos de Segovia sobre distintos acuerdos, decreto y resoluciones del ayuntamiento de la ciudad? ¿Por qué en vez de este recurso administrativo no se realizó un recurso contencioso administrativo sobre el Plan Especial de las Áreas Históricas (PEAHIS) en el plazo de dos meses una vez publicada –en noviembre del 2019- en el Bocyl si de lo que se trataba es de alegar el carácter vinculante de los informes del Órgano Técnico recogido en el artículo 153 (1) del PEAHIS?

La presidenta del Colegio de Arquitectos de Segovia, Susana Moreno, contestaba a estas preguntas en declaraciones a EL ADELANTADO. “Ha sido un mal menor. Queríamos llegar a un acuerdo de mínimos para que quien realizara informes vinculantes como dice la normativa del PEAHIS fueran técnicos, pero no lo hemos conseguido”. El resultado ha sido que el recurso administrativo promovido y anunciado el jueves va directamente sobre el Acuerdo del Pleno de 27 de diciembre del 2019 creando esa comisión, pero sobre todo contra el Decreto de Alcaldía de 17 de abril del 2020 nombrando a los integrantes de dicha comisión y contra la Resolución de Alcaldía de 25 de junio del 2020 denegando la participación de un miembro de la junta directiva del Colegio de Arquitectos en dicho órgano técnico.

Para explicar lo que subyace debajo de este recurso hay que remontarse al análisis de la norma –el citado plan especial o PEAHIS- que indirectamente se recurre en la figura de dos artículos. En efecto, el artículo 153 (1) del plan especial prevé que para la gestión y aplicación coordinada del PEAHIS se creará un órgano compuesto por técnicos –no se especifica titulación- del Ayuntamiento de Segovia y de los servicios territoriales de Cultura y Fomento de la Junta de Castilla y León, además de por “científicos y técnicos de reconocido prestigio”. Al órgano, cuya existencia no es puesta en cuestión por el Colegio de Arquitectos según Susana Moreno, le corresponde emitir informes sobre distintos asuntos. Pero el punto cuatro de este artículo especifica que en el caso de las Memorias de Idoneidad Técnica (MIT) ese informe “tendrá carácter vinculante”, lo que le da a la comisión un carácter decisorio prácticamente definitivo.

Las MIT son un a modo de extractos del proyecto presentado para obtener la licencia de obra en las áreas históricas, y por lo tanto instrumentos de análisis y evaluación de las incidencias e impactos que pudieran tener las intervenciones, obras o actividades sobre el bien protegido (todos los catalogados excepto los BIC, con protección específica), según recoge el artículo 27 de la normativa del PEAHIS.

Según Moreno, este carácter vinculante hace de esta comisión un sucedáneo de la comisión de patrimonio que precisamente el plan parcial evita para dar agilidad a los proyectos, al regular de forma precisa lo que se puede y no se puede hacer en un edificio catalogado, además de dejarlo al albur de criterios subjetivos, lo que introduce una inseguridad jurídica en la tramitación. “Hemos intentado que al menos fuera una comisión técnica formada con personas con la formación académica adecuada para juzgar si la intervención es adecuada al valor del edificio”. Y va más allá: “Eso la convierte en una comisión de carácter político puesto que no son expertos en la materia sobre la que se va a decidir de manera vinculante”.

Han sido estas dos últimas expresiones las que ha levantado una gran polémica entre las administraciones afectadas por la composición de la comisión: Ayuntamiento y Junta. Primero, argumentan, porque parece que para valorar un informe haya que ser arquitecto de manera casi exclusiva, y no valga una titulación jurídica o de arqueología, y después porque puede parecer un contrasentido que si en la comisión no está presente ningún político –por ejemplo la concejal de Urbanismo- sino funcionarios de alta cualificación y técnicos, y su informe puede limitar la decisión de la Alcaldía a la hora de emitir el decreto final con la licencia, se le quiera tachar al organismo de “control político”.

Una de las fuentes consultadas por este periódico fue más allá en su apreciación: “Lo que no puede ser es que los arquitectos sean juez y parte en la tramitación, y que sea uno de ellos quien juzgue el proyecto de un colega de profesión”.

Ambas administraciones defienden el valor técnico de sus representados: “No se debe poner en tela de juicio el valor de técnicos nombrados por las administraciones. Un jefe de servicio es el cargo máximo en la carrera administrativa, a la que se accede por oposición”. A la comisión u órgano técnico pertenecen entre otros el jefe de servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia, la jefa del Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León, una arqueóloga nombrada por la misma administración, en este caso con quince años de experiencia en patrimonio cultural, el jefe del Servicio de Medio Ambiente, un representante de la Subdelegación del Gobierno, dos arquitectos municipales y otro arquitecto técnico y un técnico de la sección de Patrimonio.

La presidenta del Colegio de Arquitectos niega que el recurso de reposición se deba a una revancha o pataleta por no haberse incluido a ningún representante de su Junta Directiva; y cuando se le pregunta por qué no se recurrió directamente al contencioso en tiempo y forma la aprobación de un PEAHIS en el que se recogía (artículo 153, 4) el carácter vinculante de las decisiones de la comisión u órgano técnico, especifica que se ha realizado, por consejo jurídico, sobre “actos debidos” y que se le pretende dar al Ayuntamiento de Segovia una “nueva oportunidad para practicar una colaboración proactiva sobre el plan especial”.

Eso sí, concluye que si no se atienden las demandas seguirán los recursos, incluyendo el contencioso ya ante los tribunales. Hay que recordar que estos recursos no paralizan la efectividad de los trabajos de la comisión hasta que en su caso los tribunales decidan sobre el fondo del asunto.

Sorpresa en la Concejalía de Urbanismo, preocupación entre los grupos políticos

Los grupos políticos representados en el Ayuntamiento han tenido distintas reacciones tras conocer la decisión del Colegio de Arquitectos de recurrir la creación de la Comisión de seguimiento del PEAHIS.

La concejala de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Clara Martín, no ocultó su “sorpresa” por el anuncio, por cuanto la decisión de crear una comisión ya se aprobó hace unos meses con la finalidad de agilizar la tramitación de los expedientes urbanísticos.

Aunque desde la Concejalía se ha avanzado que la próxima semana emitirán un comunicado señalando su opinión al respecto, Clara Martín ha manifestado que la forma en que se desarrollaría el PEAHIS es “un asunto que ya habíamos hablado y que se había acordado”. “Tuve una conversación reciente con la presidenta del Colegio de Arquitectos, y en ningún momento pensé que iban a tomar esta decisión en cuanto al hecho de judicializarlo”. “El lunes sacaremos una nota de prensa mostrando nuestra opinión ante las declaraciones tan contundentes de Susana Moreno”. “Parecía claro que en la Comisión de seguimiento estarían los técnicos, que no son políticos, como dice Susana Moreno”.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pablo Pérez, espera conocer más detalles de lo que supondrá este recurso judicial, que se verá en el próximo pleno ordinario de septiembre. “Nosotros ya votamos a favor en su momento de crear una comisión de seguimiento”. Pero matiza: “Lo que nos preocupa, y eso es algo que no viene en el expediente, es que esa Comisión genere informes vinculantes que demoren más la concesión de licencias urbanísticas para desarrollar el PEAHIS”. “Suele haber ya un arquitecto de Urbanismo que es el que tramita las licencias y emite un informe, y crear un segundo órgano que emita otro informe, sería demorar más las licencias”. “Estamos de acuerdo en que haya esa comisión, siempre que sea, como su nombre indica, técnica y de seguimiento”, resume el líder de la oposición. En cuanto a su composición, Pablo Pérez cree que miembros del Colegio de Arquitectos son los autorizados para dictaminar sobre las cuestiones urbanísticas. “Cuando se planteó la creación de la comisión se dejó abierta la puerta a qué profesionales podrían estar presentes”.

Por otro lado, los concejales de Ciudadanos han solicitado conocer quiénes son los integrantes de la Comisión de seguimiento. “Queremos conocer qué personas forman parte de este comité y con qué méritos cuentan para haber sido seleccionados para tal fin”, señaló la portavoz municipal de Cs, Noemí Otero, que ha recibido con preocupación las manifestaciones del Colegio de Arquitectos. En este sentido asegura: “No me cabe duda de que las declaraciones y sospechas del Colegio de Arquitectos de Segovia son fundadas, lo cual es mucho más preocupante todavía”. La formación naranja ha preguntado también si se han celebrado encuentros de la Comisión de seguimiento y bajo qué premisas teniendo en cuenta que la normativa estipula que ‘el Órgano Técnico se reunirá al menos dos veces al mes en sesión ordinaria, sin perjuicio de las extraordinarias que sean precisas’. Otero recuerda que la ciudad de Segovia ha pasado más de una década esperando a poner en marcha este Plan “para dar agilidad y flexibilidad a las edificaciones en las áreas históricas, añadir lastres innecesarios es justamente opuesto al espíritu con que se concibe el PEAHIS” y ha añadido que “nadie entenderá que, después de largos años de espera, el PSOE ponga nuevamente trabas para el desarrollo municipal”.

Por otra parte, el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Segovia, Guillermo San Juan, quiso ser “prudente” y concretó que ahora mismo en su partido están “en fase de estudio” para conocer todas las características del comité del PEAHIS. “En este sector siempre hay muchos intereses, por lo que tenemos que analizar bien la situación”, aclara San Juan, que aunque cree que este tipo de comité es necesario, quiere asegurarse bien de conocer todas sus complejidades y características antes de emitir un juicio más concreto.
“Este órgano debe cumplir con la función de salvaguardar el interés general de los intereses privados”, admite, a la vez que aclara que desde su formación pedirán “toda la información disponible” tanto al Ayuntamiento como al Colegio de Arquitectos para poder conocer sus competencias y los motivos que han dado lugar a las recientes quejas.
San Juan admitió que hasta que no conozcan las particulares del Comité “no contemplan medidas”, ya que prefieren estudiar esa información concreta sobre el órgano “antes de hacer hipótesis”. “Defendemos para el Comité lo mismo que defendimos para el PEAHIS, que se armonicen los distintos intereses y lograr encontrar un equilibrio para no paralizar el progreso de la ciudad”, concluye San Juan.