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El Ágora del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid acogió este martes una jornada para abordar la fase previa y judicial de la adopción. La actividad, coordinada por el profesor Ángel Orejana y dirigida especialmente a estudiantes de cuarto de Derecho –pero también a las personas y familias interesadas–, contó con la participación como ponentes de la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín; la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Alicia Manzano; y la fiscal para la Violencia de Género de la Audiencia Provincial, María Inmaculada Martínez.

Martín explicó, desde la propia experiencia y tras haber completado tres adopciones –dos internacionales y una nacional– el proceso al que se tienen que someter las familias que optan por esta opción para ser padres. “Las familias que van a adoptar tienen que tener en cuenta que es un acto de responsabilidad que requiere también grandes dosis de paciencia, porque es un proceso muy largo, de entre 6 y 8 años –indistintamente de si la adopción se realiza en España o en el extranjero–, en el que hay que saber que no se busca un niño para unos padres; sino unos padres para un menor. Por ello, es necesario cumplir una serie de requisitos que en el caso de las adopciones nacionales se limitan a cumplir la ley española, pero que en las adopciones internacionales implica además cumplir también la del país de origen, generalmente más dura–”, apuntó la subdelegada.

Entre estas exigencias marcadas por la normativa española se encuentra la necesidad de ser mayor de 25 años para iniciar la solicitud; además de tener en cuenta aspectos como la economía familiar, la salud o la composición de la familia durante todo el proceso de adopción.

La fiscal María Inmaculada Martínez centró su intervención en informar a los alumnos de la facultad sobre la implicación que el Ministerio Público tiene en el proceso adoptivo, en aplicación de los procedimientos de que dispone en materia de violencia de género y de abandono de menores para la protección del menor y entre los que se encuentra proceder a la suspensión de la patria potestad de los progenitores.

Como explicó la magistrada Alicia Manzano, la existencia de violencia de género en la familia es uno de los supuestos que puede desencadenar la declaración de desamparo para los menores, al poderse ver estos “salpicados por el enconamiento que viven los padres”.

Manzano abordó durante su ponencia el acogimiento familiar, con especial atención al acogimiento preadoptivo. Este tiene lugar cuando se prevé que los menores apartados de su familia no pueden reintegrarse a la misma y pasan por un periodo de acogida hasta que la entidad pública insta el expediente correspondiente para iniciar la adopción.