Centro de Transportes, cuya ampliación incluye, en el proyecto municipal, recinto ferial y aparcamiento disuasorio. / Kamarero
Centro de Transportes, cuya ampliación incluye, en el proyecto municipal, recinto ferial y aparcamiento disuasorio. / Kamarero

La reunión celebrada esta semana en el Ayuntamiento de Segovia para explicar a los responsables de los distintos grupos políticos la decisión de aprovechar la ampliación del Centro de Transportes para ubicar en esa zona un recinto ferial y un aparcamiento disuasorio no ha servido para que el equipo de gobierno —de PSOE e IU— convenza a la oposición sobre su idoneidad y concretamente al Partido Popular, que acusa a los socialistas de ser “incapaces de estudiar cualquier otra alternativa”.

En este sentido, tanto el portavoz de los populares, Pablo Pérez, como el viceportavoz del grupo, José Luis Horcajo, mantienen que hay posibilidades para ubicar ambas infraestructuras en los terrenos donde iban a construirse el resto de edificios del CAT (Círculo de la Artes y la Tecnología), junto al CIDE (Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial).

La concejala de Urbanismo, Clara Martín, ha explicado a El Adelantado que esa propuesta “no se les ha ocurrido solo a ellos” e informa de que en los primeros meses del actual mandato corporativo el equipo de gobierno ya planteó esa posibilidad pero chocó con el criterio contrario de los técnicos municipales de planeamiento.

Martín ha detallado que esos terrenos figuran en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad como sistema general de equipamientos comunitarios y, además, “fueron obtenidos por ocupación directa porque pertenecen al sector urbanizable de Prado Bonal, que en un momento dado se iba a desarrollar y el Ayuntamiento y la asociación de propietarios firmaron un convenio que, de manera anticipada, permite la ocupación directa”. Eso significa que se permite edificar y construir en esas parcelas “pero únicamente lo previsto en el planeamiento urbanístico, no posibilita el pleno dominio del suelo”, indica.

Añade la edil socialista que, como sistema general de equipamientos comunitarios, el Ayuntamiento solo pueden llevar a cabo lo que permite el PGOU, que por un lado es la ampliación de las instalaciones militares de Baterías y desarrollar el proyecto del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), que es lo que se ha hecho con la construcción del edificio CIDE, una ocupación directa, conforme a lo previsto en el planeamiento urbanístico y a lo convenido con la asociación de propietarios de Prado Bonal y los propietarios de esas parcelas que firmaron las actas de ocupación directa.

La responsable de Urbanismo aclara que dotar a esos terrenos de otro uso colisiona con el convenio firmado, “porque contempla un uso específico y no otro”, así como con las actas de ocupación, además de obligar a modificar el PGOU tras alcanzar un nuevo acuerdo con los propietarios. En este sentido, apunta que “es algo que no compete única y exclusivamente al Ayuntamiento”.

Por todas esas razones, hace ya más de dos años que los técnicos de planeamiento de la Concejalía dijeron que la propuesta de ubicar en esa zona el ferial y/o el aparcamiento disuasorio “iba a contar con informe desfavorable del jefe de servicio porque no se adapta a la normativa urbanística vigente, sería una irregularidad urbanística”, añade Martín.

“Si el PP quiere que incumplamos la normativa urbanística que lo diga así”, añade, y afirma que el jefe de Urbanismo se lo explicó tal cual el jueves a los concejales presentes en la reunión.

Los populares no lo ven así porque dicen que un recinto ferial y un aparcamiento disuasorio son servicios comunitarios, al menos, según indican, tal y como ellos plantearían el proyecto.

Ya tienen la decisión tomada… si les planteamos otras alternativas, ni siquiera lo intentan. Les hemos hecho una propuesta y no se han mostrado nada dialogantes ni receptivos. La política de hechos consumados no sólo es antidemocrática, sino que no es lo mejor ni para un Ayuntamiento ni para una ciudad”, recalca Pérez, quien mantiene que el espacio que propone el equipo de gobierno, a partir de una inversión de 1,2 millones de euros, “no darían una respuesta ni una solución adecuada a los problemas para los que están planteadas” unas infraestructuras que considera estratégicas.