Pérez, en su comparecencia ante los medios de comunicación. / ROCÍO PARDOS

La gestión de la crisis sanitaria en la ciudad ha centrado las críticas del grupo Popular en el Ayuntamiento de Segovia a la hora de hacer balance de la actividad municipal en el pasado año; cuyo portavoz Pablo Pérez ha asegurado que el equipo de Gobierno presidido por Clara Luquero ha evidenciado este año el “distanciamiento entre los intereses del PSOE y sus socios de gobierno y las necesidades de los segovianos”.

En su análisis del trabajo realizado por Luquero, Pablo Pérez considera que “ha seguido lo que han marcado desde otras administraciones, y lo que han hecho es más una campaña de imagen y marketing que tomar decisiones de manera autónoma para aliviar la difícil situación que estamos viviendo”.

Además, señala que sus socios de gobierno –IU y Podemos– han demostrado tener “mucho peso” en las decisiones que se toman desde el gobierno municipal, donde la prioridad “debía haber sido ayudar a las familias, a los hosteleros, a los comerciantes y a los autónomos pero en cambio se han centrado en otros proyectos que podían haberse dejado para más adelante”.

Pablo Pérez no ha dudado en calificar de “ridículas”, las ayudas puesta en marcha este año por el gobierno municipal socialista y ha vuelto a señalar que se han buscado más las fotos y los titulares que la efectividad de las mismas. Para ello ha puesto como ejemplo, los 166.000 euros que han llegado al comercio, de los 450.000 euros previstos, los poco más de 19.000 euros que han llegado a los hosteleros o la negativa del equipo de Luquero a permitir la instalación de cortavientos en todas las terrazas, aunque sea de manera temporal, lo que demuestra, según sus palabras, la poca capacidad de este gobierno socialista – que lleva casi 18 años al frente de este Ayuntamiento – para adaptarse a la situación.

En su repaso al 2020 no podía faltar una referencia al CAT, ya que se destinaron 800.000 euros a un edificio que “sigue sin inquilinos y sin cumplir con las expectativas”, así como a los 2,2 millones de euros que se han pagado en sentencias, cantidades ambas que salieron de los remanentes que tenía el Ayuntamiento y que no han podido utilizarse para paliar los efectos de la crisis, “lamentablemente”, ha indicado Pérez