El Pleno de la Diputación guarda un minuto de silencio. / EL ADELANTADO
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La Diputación de Segovia no pondrá a disposición del Estado los remanentes de Tesorería, después de que el pleno rechazara ayer esa posibilidad, tras el Real Decreto Ley del pasado 4 de agosto, por el que las entidades locales pueden aportar al Estado sus remanentes para ir percibiendo de manera proporcional a la cantidad que cedan un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. A partir de 2022, y en un plazo de diez años, los gobiernos locales habrán recibido la totalidad de los remanentes cedidos sin las limitaciones de la actual regla de gasto.

El acuerdo fue aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP y Grupo Mixto-Ciudadanos), que apuestan por “salvaguardar las inversiones en los ayuntamientos de la provincia”, y el voto en contra del Grupo Socialista, que lamenta que PP y Ciudadanos “demonicen” un Real Decreto “al que luego se acogen para sacar adelante una modificación presupuestaria”.

La institución provincial tiene 10,2 millones de euros de remanentes de Tesorería y 6,4 millones de superávit y el Real Decreto Ley del 4 de agosto, que tiene que ser ratificado o modificado por el Congreso de los Diputados en los próximos días, “puede beneficiar en parte a lo que es la economía de la Diputación y de los 208 pueblos de la provincia, por lo que en ningún caso ese dinero se va a entregar al Estado”, afirmó el diputado provincial de Hacienda y Administración General, Óscar Moral, quien añadió que “no creemos que sea el objetivo de los vecinos de esta provincia”. La Diputación destinará esos remanentes a las IFS (inversiones financieramente sostenibles) en los pueblos y el resto para “garantizar” el funcionamiento de la Institución.

“Somos una Diputación, por otro lado, que tiene un nivel de deuda del 21%, 10 millones de euros, y tampoco vamos a perder la oportunidad de invertir ese capital en IFS e ir a amortizar deuda directamente, que sería lo que nos permitiría el Estado si el Real Decreto Ley cae”, argumentó Óscar Moral. De hecho, el pleno aprobó, en este caso por unanimidad, diferentes modificaciones presupuestarias por una cantidad cercana a los cinco millones de euros, destinadas a implantar el Plan de Ayuda para Inversiones Municipales (PAIMP), al capítulo 1 de Personal dado el refuerzo que se ha necesitado en los centros residenciales y a adaptar éstos a las nuevas necesidades creadas por la pandemia del Covid-19. Para el también viceportavoz del Grupo Popular, “nuestra finalidad es llegar a todos los municipios de la provincia y darles servicio y, de esta manera salvaguardarnos los intereses económicos de la Diputación, de los ayuntamientos y de todos los segovianos”.

Durante el debate del único punto del orden del día del pleno extraordinario, aunque se votaron por separado las modificaciones presupuestarias y el destino de los remanentes, el portavoz del Grupo Socialista, Máximo San Macario, denunció “la injustificada maniobra partidista del PP y Ciudadanos al incluir en el mismo acuerdo de modificación presupuestaria llevado a pleno, la propuesta de no ejercer la opción de poner a disposición del Estado el remanente de Tesorería de la Diputación”. San Macario mostró la disposición de su grupo a apoyar la modificación presupuestaria, pero instó al equipo de Gobierno a retirar el punto relativo a los remanentes de la propuesta de acuerdo, justificando esta postura en que “el Real Decreto Ley está pendiente de su tramitación en el Congreso, donde puede acabar convalidado, enmendado o incluso decaer; por tanto no es el momento para debatir sobre algo que no es definitivo”.

El portavoz socialista denunció además que no existen los preceptivos informes de Intervención y Tesorería que indica el propio texto legal. “Es una temeridad tomar decisiones solo por instrucciones políticas venidas desde Madrid, y sin haber podido valorar previamente la objetividad de los datos que arrojarían dichos informes”, aseguró. “Están encantados –dirigiéndose a los diputados del equipo de Gobierno– de crear ficciones en torno a este Real Decreto Ley; pero ficciones malas y perversas con el único objetivo de llevar a engaño a la ciudadanía y a los alcaldes, empleando expresiones como que se incauta el dinero a los pueblos, nos quitan nuestros ahorros, chantaje… Sus descalificaciones retratan sus malas maneras de hacer política”. En opinión de San Macario, el Real Decreto Ley “no será la mejor solución para los pueblos, pero es una solución que no perjudica a nadie y puede beneficiar a muchos”.

“voracidad confiscatoria”

En su intervención, el portavoz del Grupo Mixto-Ciudadanos, Ángel Jiménez, tachó el Real Decreto de “infame” y aseveró que da muestra de la “voracidad confiscatoria del PSOE”, cuyos diputados “velan más por los intereses de su partido que por los de la provincia de Segovia”. El portavoz del PP añadió que “el dinero de la provincia tiene que gastarse en la provincia, por eso es la obligación de esta Diputación que los recursos se queden aquí, posicionándonos claramente en contra de ese decreto que nos dejaría sin liquidez, con escasa capacidad de maniobra ante cualquier imprevisto y con muchas dificultades para hacer frente a los pagos con los proveedores”. Óscar Moral calcula que los remanentes municipales de Tesorería de toda la provincia se elevan a unos 52 millones de euros. “El dinero lo necesitamos ahora y lo queremos ya porque no sabemos cuál va a ser la realidad de nuestra provincia dentro de cinco años”, concluyó.