El Pleno ordinario del mes de septiembre de la Diputación de Segovia comenzó con la toma de posesión como diputada de Pilar Martín Sampedro, alcaldesa de Brieva que sustituye a la alcaldesa de Espirdo y diputada nacional, María Cuesta, como miembro del grupo popular en la institución provincial. Además,se guardó un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, “en un año que está siendo especialmente duro por el número de mujeres asesinadas”, tal y como expresó el presidente, Miguel Ángel de Vicente.
En cuanto al orden del día, el Pleno aprobó una modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de Recaudación de Tributos municipales y otros ingresos de derecho público a entidades locales y corporaciones públicas de la provincia, con una bajada del se reduce del 4,9 al 4,7%; así como la tasa por prestación del servicio de la Caja Provincial de Cooperación. El grupo socialista ha presentado una enmienda in voce a la primera de ellas, contemplando una bajada hasta el 3,5%, al considerar que ha habido “exceso de prudencia en la bajada”, tal y como aseguró el portavoz, Máximo San Macario.
Por su parte, el diputado de Hacienda, Óscar Moral, aseguró que vamos a mantener la prudencia para beneficiar a todos los ayuntamientos que están contentos con el servicio de Recaudación de la institución, y seguiremos valorando el binomio importe – rendimiento, tal y como nos marca el Consejo de Cuentas”. Por otro lado, se dio luz verde a una modificación presupuestaria de 656.000 euros, con los 15 votos a favor del grupo popular, ocho votos en contra del grupo socialista y dos abstenciones del grupo mixto.
En otro orden de cosas, se tomó conocimiento de las cuentas anuales de la Sociedad ‘Urbanización Quinta Real S. A.’ del ejercicio 2022, cuando aún estaba participada mayoritariamente por la Diputación. Además, se conoció el informe de Intervención y Tesorería del que se desprende que el periodo medio de pago de la institución provincial con sus proveedores es de doce días, un tiempo que se sitúa muy por debajo de lo que marca la Ley, de manera que han sido más de 2.700 las facturas que se han pagado en plazo.
Otro de los puntos aprobados fue la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en la que se incorporó cinco Técnicos de Administración General y una jefatura de Unidad de Gestión y Promoción Deportiva, con categoría A2, entre otras modificaciones.
Declaración Institucional
En la sesión ordinaria, correspondiente al mes de septiembre, todos los grupos consensuaron una Declaración Institucional de apoyo a Libia y Marruecos en la que se recoge que “la Diputación de Segovia y todos los grupos políticos representados en ella, se unen a la declaración de apoyo formulada desde la Federación Española de Municipios y Provincias manifestando su apoyo y solidaridad con las personas afectadas por las terribles inundaciones sufridas en Libia a causa del ciclón Daniel y el cruento terremoto registrado en Marruecos”.
Mociones fútbol femenenino
En el turno de mociones, se presentaron dos con el mismo fin, aunque diferentes matices, el apoyo al equipo femenino del CD Monteresma – Atalaya de Palazuelos de Eresma en su polémica con la Federación de Fútbol de Castilla y León. En este sentido, la propuesta de Ana Peñalosa (IU) fue rechazada con los votos en contra del grupo popular y el diputado de Vox, mientras que prosperó la que habían consensuado el grupo popular, grupo socialista y el diputado de Vox, Pedro Varela, por unanimidad; en la que se insta a la Federación a reconsiderar su postura y permita al equipo inscribirse en la Liga Provincial. “Hay que adaptar las normas a los tiempos que vivimos, en los que por suerte, el avance en materia de igualdad cada día es mayor”, apuntó Peñalosa. Además, se añadió una petición para que se extienda esta consideración a otros equipos de la provincia en la misma situación, como es el caso del CD Arcángel de San Rafael o el CD Quintanar.
El grupo popular presentó una moción con el fin de rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito, porque tal y como ha expresado el portavoz popular, José María Bravo “es un tema que afecta a todos los segovianos porque todos los ciudadanos en España no vamos a ser iguales”. La moción prosperó con 16 votos a favor del grupo popular y el diputado de Vox y con nueve votos en contra del grupo socialista y la diputada de IU.
Material escolar
El grupo socialista, por su parte, presentó una moción para instar a la Junta de Castilla y León a presentar un Proyecto de Ley para establecer la gratuidad de los libros de texto y de todo el material curricular obligatorio para el alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica matriculado en Castilla y León para que una vez aprobada entre en vigor a partir del curso 2023/2024, al ser una cuestión “de máximo interés en una provincia en la que podrían beneficiarse más de 20.000 escolares en la provincia”, según comentó en su intervención el diputado socialista, Carlos Fraile. La diputada de IU expresó su acuerdo con los términos de la moción, mientras que el diputado de Vox se ha mostrado en contra porque “el Programa ‘Releo +’ de la Junta cubre la cantidad mencionada en la moción”. Para Bravo, “la equidad no es universalidad” pues, además, “el Ministerio ha cambiado la Ley, pero no ha hecho llegar la financiación suficiente a las Comunidades Autónomas para hacer frente a los cambios de libros”. Así, la moción no prosperó por los votos en contra del grupo popular y el diputado de Vox.
Compromiso de apoyo al nordeste frente al proyecto minero
La última moción presentada por los socialistas, en contra de la realización de un proyecto minero en el nordeste de la provincia, apoyada por el grupo popular y la diputada de IU, y la abstención del diputado de Vox, manifestó “el firme compromiso de apoyar a los municipios de Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, Duruelo, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Barbolla y Sepúlveda (Duratón) en contra de los proyectos de explotación de recursos, promovidos por la mercantil ERIMSA”. Además, se acordó solicitar a la Junta de Castilla y León que, en el marco de sus competencias, adopte cuantas medidas fueran necesarias en cumplimiento de la legislación vigente, para que no sea autorizado el proyecto.
