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Nada se salió del guión marcado por los grupos políticos días antes de la sesión ordinaria de pleno municipal. Los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos, a los que se sumó el de Podemos-Equo  desestimaron la memoria técnica sobre el proyecto de modelo de gestión del aparcamiento de Ezequiel González con la que el equipo de Gobierno esperaba  municipalizar este servicio; lo que obliga a dar marcha atrás y mantener la gestión privada, que habrá que regular  en un concurso  cuyo pliego de condiciones determinará sus nuevas especificaciones.

Lo que en principio parecía un mero trámite orientado a poner en manos municipales la gestión del parquin se convirtió en una tormenta política en la que el acuerdo de Gobierno entre PSOE e IU no contó en esta ocasión con el apoyo de Podemos, que desde el primer momento ha rechazado la municipalización del aparcamiento en las condiciones marcadas por la memoria técnica.

Así, antes del debate sobre esta propuesta en el pleno, la alcaldesa Clara Luquero cedió la palabra al interventor municipal para que diera lectura a un informe encargado por ella para justificar la viabilidad económica, técnica y jurídica del proyecto contenida en la memoria, en el  que la premura de tiempo con la que el interventor recibió el encargo hizo que el informe, según sus propias palabras, analizara “con carácter general” los citados aspectos.

La maniobra de Luquero fue  acogida con sorpresa y estupor por la oposición, que no dudó en manifestar su malestar por conocer “un minuto antes” –en palabras del portavoz del PP Pablo Pérez- este documento,  y llevó al concejal de Podemos Guillermo San Juan a reiterar con vehemencia su petición de que este asunto quedara sobre la mesa para un mejor estudio, incluyendo el informe de la Intervención municipal.

Finalmente el debate tuvo lugar, ya que la solicitud de Podemos fue desestimada, y los portavoces de los grupos políticos desplegaron argumentos a favor y en contra de la gestión municipal, situando en la primera línea de la confrontación a la plantilla de siete trabajadoras  cuyos puestos de trabajo están en el alero a la espera de una decisión.

Guillermo San Juan expresó su  oposición a la memoria, al considerar que su propuesta no solo destruye empleo, sino que empeora la prestación del servicio y fija tarifas más elevadas para los usuarios, por lo que se preguntó a quién beneficia. Además, señaló que hay otras vías para la municipalización empleadas por ayuntamientos de corte progresista en la que se han subrogado los trabajadores de los distintos servicios”.

Por su parte, tanto Ciudadanos como el PP pusieron el acento en las trabajadoras, y coincidieron en asegurar que la memoria ha sido confeccionada ‘ad hoc’ para los propósitos de gestión pública del servicio dejando a un lado a la plantilla para sacrificar sus puestos de trabajo. Así, Pablo Pérez  aseguró que las empresas privadas “gestionan bien los servicios” y puso como ejemplo el propio parquin de Ezequiel González donde las trabajadoras  “han mostrado un trabajo eficaz”, y señaló que su grupo situará la ‘línea roja’ del futuro contrato de adjudicación del servicio en el mantenimiento del empleo de la actual plantilla.

Por su parte,  el concejal de Ciudadanos David García-Foj  señaló también que la gestión pública es “menos eficaz y más costosa” en términos de sostenibilidad para las arcas municipales.

La concejala de Tráfico Claudia De Santos centró su intervención no sólo en defender las bondades de la memoria técnica y de la gestión pública del parquin, sino también en subrayar las contradicciones de Podemos al rechazar la municipalización de un servicio cuando en su programa electoral propugnaban de forma decidida este modelo de gestión.

De Santos  aseguró que el concejal San Juan “no sabe soplar y tragar a la vez”, y pidió al igual que al resto de los grupos políticos que se opusieron a la medida que “no jueguen con la esperanza de las trabajadoras” para rechazar este proyecto, ya que el hecho de mantener la privatización no garantiza la permanencia de sus empleos. Además, señaló que la gestión pública llevaría a las arcas municipales los cerca de 90.000 euros anuales que cobra la empresa adjudicataria, y pidió a la oposición que exijan las responsabilidades sobre el empleo de las trabajadoras a la empresa adjudicataria.

En la misma línea se pronunció Ana Peñalosa (IU), que calificó de ‘poco ético’ introducir en el debate a las trabajadoras, y aludió al voto en contra de Podemos, recriminando a  Guillermo San Juan que con esta actitud “PP y Ciudadanos se frotan las manos y las futuras empresas interesadas estarán dando palmas con las orejas”.

UNIDOS POR LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Donde no hubo fisuras fue en la declaración institucional rubricada por todos los grupos políticos en la que el Ayuntamiento pide a la Junta de Castilla y León la  dotación de infraestructuras sanitarias en la capital en forma de un nuevo centro hospitalario. En el texto, el Ayuntamiento  insiste en que Segovia” no puede ser la única provincia de Castilla y León cuyo ‘Complejo Hospitalario’ cuenta con un solo Centro Hospitalario, careciendo de un centro de estancias medias cuya puesta en marcha no puede dilatarse más”. Por ello, el Consistorio segoviano en pleno, insta a la Junta de Castilla y León a cumplir, “con la mayor celeridad posible, con sus compromisos con la ciudad de Segovia y a mantener la línea de colaboración institucional entre ambas instituciones para trabajar de manera conjunta y coordinada en aras a resolver las carencias sanitarias de Segovia”.

De igual modo, la declaración incluye la petición a  la Universidad de Valladolid de recuperar para Segovia la Escuela de Enfermería, con el objetivo de contar con profesionales formados para cualquier tipo de contingencia.