4 1nerea WEB 3
Imagen del edificio del Cide, el único del complejo del CAT que se ha puesto en marcha, y que acumula numerosos retrasos.

El Ayuntamiento de Segovia recibirá menos de lo que esperaba en la sanción que impuso a la empresa Rogasa Construcciones y Contratas, por no finalizar en tiempo y forma las obras del edificio Cide.

Este inmueble, originalmente denominado Edificio C de Emprendedores, es el único que se ha levantado dentro del gran proyecto del CAT (Centro de las Artes y la Tecnología), ubicado junto a la entrada a Segovia desde Madrid por la carretera N-603.

El Ayuntamiento había adjudicado a la empresa Rogasa los trabajos de finalización del edificio en octubre de 2018. Se trataba de adaptar el inmueble para oficinas diáfanas. El coste económico se fijó entonces en una cifra cercana a los tres millones (2.991.734 euros). Un año después se formalizó la modificación de este contrato, lo que supuso un incremento del coste en 248.481 euros (con impuestos) hasta alcanzar la cifra total de 3.868.479,63 euros.

Las obras deberían haber concluido el 9 de enero de 2020, pero se retrasaron varios meses. Finalmente, el gobierno municipal decide rescindir el contrato por encontrar deficiencias en cuanto a la seguridad de las instalaciones, en materiales, remates y en la documentación obligatoria.

El gobierno municipal afirmaba entonces que las arcas municipales han destinado en torno a 12 millones de euros para la construcción del edificio Cide. Pero el grupo municipal del PP estima que esa cantidad se ha multiplicado.

El Ayuntamiento esperaba recuperar una importante cantidad económica por los incumplimientos que a su juicio se han producido en esta fase de las obras. Por un lado, en julio de 2020, la alcaldesa impuso penalidades por valor de 179.760 euros. A ellas se sumaron las que se decretaron en marzo de 2021 por importe de 171.885 euros.

En septiembre del año pasado la Junta de Gobierno local resolvió el contrato y se acordó la incautación de la garantía definitiva que había puesto la empresa. En febrero pasado se aprobó la certificación final y liquidación del contrato.

Se abre entonces el actual litigio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que se basa sobre todo en los informes de los peritos que aportan ambas partes, el Ayuntamiento por un lado, y la empresa constructora por el otro.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, admite parcialmente la demanda interpuesta por la empresa, y reduce las cantidades que le reclamaba el Ayuntamiento.

El concejal del PP en el Ayuntamiento, Marco Sandulli, explica que esta sentencia pone de relieve que se rebajan “de forma notable” tres de las cantidades que el equipo de gobierno pretendía recuperar. Y sobre todo, dice que no se ha aprovechado el tiempo para agilizar esta obra que se está “eternizando”.

En su opinión, la empresa adjudicataria no ha llevado a cabo las obras tal y como estaban contempladas en el proyecto por el que fueron adjudicadas.

El concejal estima que en total, las cantidades que dejarán de llegar a las arcas municipales rondan los 80.000 euros, aunque señala que la sentencia no es firme y es susceptible de ser recurrida por ambas partes ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En lo económico “son pequeñas variaciones que hacen que al final se vayan reduciendo mucho las cantidades que el Ayuntamiento pretendía que Rogasa pagara”, explica Sandulli. Una primera sanción pasa de 179.000 a 145.000 euros aproximadamente. Otra se cifró en 171.885 y se queda en 116.793 euros. Y por último, la certificación final de obra y liquidación de contrato, que se había establecido en 268.000 euros, se queda en unos 116.000 euros.

En total, la sentencia hace referencia a ocho decisiones que toman, tanto el Ayuntamiento como la empresa. Unas las declara ajustadas a derecho y otras no. A la vez, el concejal popular entiende que esta empresa no ha estado cumpliendo, “casi desde un principio, los contratos en cuanto a materiales, según el proyecto aprobado”.

Pero también responsabiliza al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de “falta de valentía” y de “pérdida de oportunidad”, al haber dilatado el proceso en el tiempo. “El Ayuntamiento lo podía haber resuelto antes”, sostiene.

De acuerdo con las fechas marcadas en la sentencia, los retrasos se producen y se cuantifican en dos períodos del año 2020, pero no se resuelven hasta septiembre de 2021 “más de un año después de que se tuviera constancia de los primeros retrasos, y en marzo de ese año ya comprueban que no se cumple con el calendario de plazos acordado”. “El Ayuntamiento, como entidad contratadora ha tenido una responsabilidad de invigilancia.

Debía haber estado más encima de la empresa para que cumpliera el contrato o haber rescindido antes el acuerdo”, justifica el concejal de la oposición. “Era una decisión que había que tomar, pero la han tomado muy tarde”. “Se debería haber buscado una empresa más cumplidora y competente”, agrega Marco Sandulli.

TRANSPARENCIA
El concejal popular también critica al equipo de gobierno municipal por lo que considera falta de transparencia en este asunto, donde únicamente comparten información en las juntas de gobierno a las que asisten por obligación legal los concejales de los grupos. “Siendo la obra más importante de este Ayuntamiento, debería habernos tenido más informados a los grupos de su evolución, y de los problemas que surgían”.
“Ahora seguimos teniendo una obra sin terminar”, resume Marco Sandulli.

El edificio Cide, el único que se ha empezado a levantar del macro proyecto del CAT (Círculo de las Artes y la Tecnología), tiene su origen en abril de 2008, al inicio de la crisis inmobiliaria.

Con el PSOE en el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Segovia también, aunque entonces gobernado éste por Pedro Arahuetes se presentó el proyecto del CAT.
El arquitecto británico David Chipperfield fue el ganador del concurso de ideas convocado por el consistorio segoviano. Constaba de once edificios proyectados y un coste estimado en ese momento de 130 millones de euros. Catorce años después de ese proyecto, que costó un millón de euros, el único edificio construido, a falta de que se resuelvan las deficiencias detectadas, es Cide.

Las obras se adjudicaron a la empresa de origen segoviano Volconsa, que las inicia en mayo de 2011. Pero en junio de 2013 un Juzgado de lo Mercantil de Valladolid abre fase de liquidación porque esta constructora había entrado en concurso de acreedores. La situación obliga a rescindir el contrato en agosto y el Ayuntamiento encarga a Sancho-Madridejos la redacción de un proyecto de urgencia para la reanudación parcial de las obras, que son adjudicadas en noviembre de 2013 a OHL-Segesa, aunque después se decide paralizar el procedimiento y no se retoma hasta un año después, finalizándose los trabajos en 2016.

En abril de ese año se adjudica, de nuevo a Sancho-Madridejos, otro proyecto para adaptar el edificio como centro de danza y en noviembre de 2017 se encarga al mismo estudio otra modificación para adecuarlo a oficinas, después de fracasar el proyecto con la Universidad Rey Juan Carlos para instalar en Segovia el centro universitario de danza Alicia Alonso. Luego se anunció la instalación de varias empresas tecnológicas, entre ellas Indra.
La última propuesta ha sido ubicar en este edificio el centro nacional de Innovación, Tecnificación y Alto Rendimiento de Formación Profesional (FP). El Ayuntamiento aún mantiene su convicción de que se hará.