Juzgado de lo Social foto FErnando Penalosa WEB
El Juzgado de lo Social de Segovia tiene su sede en el primer piso del número 3 de la calle de Domingo de Soto. / E. A.

El Juzgado de lo Social de Segovia ha fijado para el mes de enero de 2022 el juicio por la demanda presentada por el ex técnico del centro municipal La Cárcel contra el Ayuntamiento de Segovia, al entender que ha existido relación laboral directa desde 2010 “disfrazada” por sucesivos contratos de servicios. El demandante alega que se vio obligado a darse de alta como autónomo para no perder su puesto de trabajo.

Como informó El Adelantado, el ex responsable técnico de este centro de creación municipal presentó una demanda el pasado mes de abril, al considerar que su relación laboral con el Ayuntamiento era asimilable a la figura conocida como “falso autónomo”.

El demandante afirma que esa relación laboral comenzó el 4 de junio de 2010 y se había mantenido desde entonces, incluso cuando presenta la demanda. Finalmente, el periodo de vigencia del contrato que tenía concluyó el pasado 30 de junio. El Ayuntamiento mantiene abierto en este momento un procedimiento de licitación para la prestación del servicio de coordinación técnica de La Cárcel al que han concurrido dos profesionales, uno de ellos Aguiar. Sin embargo, aunque está pendiente la adjudicación, todo apunta que será el otro licitador quien se haga con el nuevo contrato.

En la demanda, alega que ha encadenado hasta seis contratos administrativos distintos desde 2011 pero ya en junio de 2010, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento segoviano le integra dentro de la dirección facultativa para los trabajos de dotación técnica de La Cárcel. Posteriormente, el primer contrato de asistencia técnica para este centro se formalizó el 1 de abril.

Explica de forma pormenorizada las funciones que realizaba, incluyendo las de técnico de gira, “pues cuando el equipo técnico del Centro de Creación La Cárcel sale de las instalaciones… lo acompaña, realizando distintas actuaciones” en lugares como La Alhóndiga, San Nicolás, la Casa Museo de Antonio Machado o el festival Un Oasis de Cultura.

Aguiar mantiene que desde el principio ha figurado en el organigrama de la corporación local, como responsable de las instalaciones de La Cárcel, “sometido a las instrucciones que le daban sus superiores jerárquicos en cuanto a los trabajos a realizar y horarios en los que debía hacerlos, trabajando con el resto de personal del Ayuntamiento y teniendo un correo corporativo”; este último con el mismo dominio @segovia.es que el resto de empleados municipales.

En los fundamentos de derecho, la demanda incorpora abundante jurisprudencia para argumentar que el demandante trabajaba por cuenta ajena, como técnico de espectáculos públicos del Ayuntamiento, sin obtener “mayor o menor beneficio del trabajo realizado”, al margen de la rentabilidad de cada espectáculo, ya que no cobraba más o menos por ello.

Destaca, en este sentido, que recibía una contribución fija todos los meses, independientemente del tiempo de trabajo que realizaba.

Otro de los aspectos que recalca es el de “la total dependencia del empleador”, en este caso la entidad local, porque no tenía autonomía para decidir sobre su trabajo, ni fijaba precios de mercado de su trabajo, ni poseía una estructura empresarial, ya que el equipamiento con el que trabajaba pertenece al centro municipal.

Incorporación a la plantilla

En definitiva, reclama al Juzgado que se reconozca la existencia de una relación laboral indefinida a tiempo completo desde el 4 de junio de 2010 y, por lo tanto, se incorpore como trabajador indefinido a la plantilla del Ayuntamiento de Segovia con el salario que mantenía hasta junio, 2.250 euros al mes, incluyendo la parte proporcional de pagas extraordinarias.

El Ayuntamiento ha sido requerido para que aporte el expediente administrativo o actuaciones, o bien copia de los mismos, relacionados con este caso.

Cronología

  • Septiembre de 2020. El PP denuncia un posible “dedazo” en la contratación de la dirección del festival de cine heredero de la Muces. Comenzaba así uno de los mayores ‘culebrones’ en la relación entre la oposición y el gobierno municipal, quizá el que más sinsabores ha deparado a la alcaldesa, Clara Luquero, y ha terminado con la renuncia al acta de concejal de Gina Aguiar y con un nuevo protocolo para los expedientes de contratos menores municipales.
  • Marzo de 2021. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo declara no ajustado a derecho el contrato de dirección del festival de cine europeo. Una Comisión extraordinaria de Cultura en el seno del consistorio solo sirve para extender las dudas sobre las contrataciones en la Concejalía. Además de las críticas y la investigación del PP, Podemos reclama una auditoría.
  • Abril de 2021. El PP anuncia que también llevará a los tribunales el contrato del servicio técnico de La Cárcel con el entonces hermano de la edil de Cultura, Gina Aguiar. Este mismo mes, el técnico afectado presenta su demanda en el Juzgado de lo Social.
  • Junio de 2021. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo declara nulo el Decreto de la Alcaldía por el cual se aprobaba un contrato de menor cuantía con Luis Aguiar para los servicios técnicos de La Cárcel. La sentencia recoge que “la necesidad de prestación del servicio … se ha venido desarrollando sin solución de continuidad durante la década del 2011 al 2020, de manera que nos encontramos ante necesidades permanentes… no se producen de manera coyuntural”.