Clara Luquero Gina Aguiar
La concejala del Ayuntamiento de Segovia, Gina Aguiar, y la alcaldesa, Clara Luquero. / KAMARERO

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Segovia, en sentencia de 28 de junio del 2021, ha declarado nulo el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Segovia por el cual se aprobaba un contrato de menor cuantía con Luis Aguiar, hermano de la entonces concejala de Cultura y Turismo,Gina Aguiar. La declaración de nulidad tiene lugar al estimar el Juzgado “totalmente” el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Decreto de Alcadía por el grupo municipal del Partido Popular en la persona de su portavoz, Pablo Pérez.

Los hechos han sido los siguientes. El 29 de enero del 2021, y, como se ha dicho, por Decreto de Alcaldía se aprueba un contrato menor, por 13.500 euros, sin IVA, y por duración de seis meses. El objeto del contrato era la prestación por parte del contratado, Luis Aguiar, de diferentes servicios de asistencia técnica y coordinación de audiovisuales en el Centro de Creación La Cárcel de Segovia, dependiente de la Concejalía de Cultura, entonces regentada por su hermana, Gina Aguiar. En realidad, lo que se hacía es renovar una prestación que según se recoge en la sentencia se venía produciendo desde el 2011. El grupo municipal del PP recurrió ante el contencioso administrativo el decreto al considerar que se había fraccionado la contratación para evitar la consideración de contrato mayor (superior a 15.000 euros) que exige mayores requisitos formales y la licitación de la prestación por concurso, además de no existir el informe del secretario general del Ayuntamiento de Segovia. También observaba una incompatibilidad en la contratación al ser el técnico hermano de la entonces concejal de Cultura, de quien dependía el Centro.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, es especialmente rigurosa contra la actuación del Ayuntamiento en este proceso al apreciar doble motivo de nulidad en la tramitación del procedimiento administrativo que dio lugar a la formación del contrato menor. Hemos de indicar que de manera inequívoca se ha acudido al trámite de los contratos menores de manera ilegal, dado que la necesidad de prestación del servicio constante en trabajos técnicos(…) se ha venido desarrollando sin solución de continuidad durante la década del 2011 al 2020, de manera que nos encontramos ante necesidades permanentes, es decir, la necesidad de que se preste la actividad material (…) no con carácter esporádico o coyuntural”.

Esta circunstancia, además de suponer una censura a la manera de tramitación del procedimiento administrativo de contratación de Luis Aguiar, puede servir de base para que, en vía laboral, prosperen las pretensiones de este y de que se considere su actividad no como mercantil, como hasta ahora, sino de naturaleza laboral. Hay que recordar que tras conocerse el recurso del Partido Popular al decreto de alcaldía y el nuevo procedimiento de contratación incoado por el Ayuntamiento, Aguiar presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social para que se reconociese el carácter laboral de su prestación, habiéndose sido, según su argumentación, hasta ahora un “falso autónomo”.

El Juez que firma la sentencia considera queexistió un “doble fraccionamiento” de contrato que en vez de firmarse de manera anual se hizo por semestre “cuando la actividad tenía que ser anual”. Cada contrato era por un valor de 13.500 euros, Iva no incluido, con lo que entraba dentro de los contratos menores, menos rigurosos en su procedimiento administrativo que el contrato de mayorcuantía en el que se exige un proceso de concurso y pública concurrencia. La sentencia también es concluyente en este apartado manifestando sin tapujos que si se obró así fue con “una clara finalidad, y es evitar los controles que la legislación ha establecido”. “La actuación municipal en relación con el contrato menor que es objeto de impugnación es claramente ilegal”, concluye. En juez recalca que el propio Ayuntamiento debía ser consciente de su irregularidad cuando con fecha 25 de marzo del 2021 incoó un nuevo procedimiento de contratación.

Como ya ocurrió en el Caso Trípode, el juez de lo contencioso considera que existe un segundo motivo de nulidad del Decreto de Alcaldía de fecha 29 de enero del 2021: la ausencia de informe del secretario del Ayuntamiento, que no existió y que vuelve a declararse como preceptivo en la línea de lo reclamado por la Junta consultiva de contratación pública del Ministerio de Hacienda, tal y como informó en su día el periódico.

Ausencia de responsabilidad administrativa de Gina Aguiar

Las sentencia recoge el déficit observado en la tramitación del procedimiento, incluso citando la innecesaria aportación al expediente de dos presupuestos cuando ya se había adjudicado el contrato de prestación de servicios a Luis Aguiar. No obstante, considera que no debe aplicarse el criterio de prohibición de contratar recogido en el artículo 71.1 g de la Ley de Contratos del Sector Público a la entonces concejala de Cultura y Turismo (dimitió después de sus responsabilidades en el Área de Cultura), Gina Aguiar, tal y como solicitaba el Partido Popular como recurrente, por cuanto la contratación de Luis Aguiar se realiza por Decreto de la Alcaldía, y es obvio que con la alcaldesa no existía esta relación de parentesco.

Al salir de la responsabilidad del procedimiento administrativo la concejala Gina Aguiar, el foco de atención se centra en la firmante del Decreto y a la postre, según la sentencia, responsable de la contratación, la alcaldesa de la ciudad, motivo por el que no aprecia incompatibilidad jurídica en la contratación. Al no existir informe del secretario general, este control previotampoco existió.

Más allá de las consecuencias políticas que puede conllevar este giro, la pregunta reside en estos momentos en cómo se solventará la nulidad del acto administrativo de contratación y la prestación de servicios realizados por Luis Aguiar en el Centro de Creación la Cárcel de Segovia. También la influencia que tendrá en la consideración de laboral a la relación existente desde hace años entre Luis Aguiar y el Ayuntamiento de Segovia.

Pérez: “La alcaldesa debe asumir responsabilidades”

El portavoz popular, Pablo Pérez, afirmó que por segunda vez se ha demostrado en sede judicial que el gobierno municipal socialista ha troceado un contrato para saltarse la legalidad vigente y poder concederlo a dedo. “Primero fue el caso Trípode y ahora es el contrato de los servicios técnicos de la Cárcel al hermano de la concejala socialista, Gina Aguiar. La alcaldesa debe asumir responsabilidades por firmar un decreto de contratación ilegal y sin el preceptivo informe de la secretaria general, a sabiendas de que este contrato, además, se estaba adjudicando al hermano de la concejala Gina Aguiar”.

Comunicado de Alcaldía

La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo nº1 de Segovia desestima la denuncia hecha por el PP relativa al trato de favor de la concejala de Cultura hacia el responsable del servicio técnico de la Cárcel_Centro de Creación. Es decir, confirma lo que la alcaldesa ha reiterado en numerosas ocasiones de que el equipo de Gobierno no actúa ni ha actuado por amiguismo o clientelismo de ningún tipo.

Como consecuencia de la entrada en vigor de la ley de contratos del sector público en marzo de2018, el Ayuntamiento optaba por no dejar de prestar servicios a la ciudadanía mientras se ibaadaptando la estructura administrativa a la nueva normativa en vigor. Un ejemplo de ello es el proceso de contratación, ya iniciado, de un TAG(Técnico de la Administración General) para el área de Cultura.

No debemos olvidar que el departamento de Cultura formaliza cientos de contratos que han sido tramitados conforme a la norma y que para aquellos desajustados al procedimiento marcado ya se han tomado las correspondientes medidas de corrección para subsanarlo.

De hecho, el contrato al que se refiere la sentencia se encuentra actualmente en fase de licitación abierta, es decir es anterior a la publicación del fallo.

La sentencia, además, pone de manifiesto que el contrato del servicio técnico de la Cárcel_Centro de Creación está tramitado erróneamente puesto que no se refiere a un servicio recurrente para el Ayuntamiento y que debería haberse realizado a través de otro modelo de contrato. En este caso, el Ayuntamiento está en vías de subsanación del error porque ya está licitando un contrato mayor para la prestación de dicho servicio.

Lo políticamente relevante en este asunto, en cuanto a las acusaciones vertidas por la oposición,es que en ningún caso ha habido trato de favoren el procedimiento de contratación del servicio técnico de la Cárcel_Centro de Creación.