El juez avala el ERTE aplicado en Avanza Bus

La regulación laboral había sido recurrida por el sindicato UGT

El Juzgado de lo Social de Segovia ha desestimado una demanda de UGT Castilla y León contra un ERTE de la empresa Llorente Bus (Avanza Bus) al considerar el juez que la empresa tiene derecho a acogerse a esta medida a pesar de ser subcontratada por la administración pública.
Para el secretario general de la Federación de Transportes en Castilla y León, Pedro Aller, el sindicato recurrió esta medida en función del artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.
Según el análisis del equipo jurídico del sindicato, este artículo exime a las empresas subcontratadas por la administración pública de la posibilidad de hacer un ERTE y las obliga a seguir pagando la totalidad del salario a los trabajadores. Sin embargo, Aller reconoce que se trata de un artículo “ambiguo”, que ha dado lugar a numerosas y muy diversas interpretaciones por parte de los juristas.
UGT mantiene que esta ambigüedad ha motivado que la autoridad laboral haya actuado de forma dispar dentro de la misma comunidad autónoma, por ejemplo al aceptar el ERTE propuesto por las empresas de transporte urbano de León y Ávila y, sin embargo, negar el de la compañía que lo presta en Segovia. Por ello, y con el objetivo final de que se unifiquen los criterios para conceder esta medida, UGT ha presentado diversas demandas contra empresas como Llorente Bus. Esta compañía, de 690 trabajadores en total, tiene un centro de trabajo en Segovia con 53 empleados y un contrato de gestión de servicio público de transporte de viajeros por carretera entre Madrid y Segovia.
El Juzgado de lo Social ha desestimado la demanda y dado validez al ERTE presentado por la empresa, que afecta a 32 de sus trabajadores.
El juez mantiene que una empresa subcontratada puede acudir a la suspensión temporal de empleo para “acomodar la plantilla a la reducción del servicio público”. y entiende que “el precepto admite la posibilidad de que la empresa haya adoptado alguna medida que le exima del pago de salarios”, como un ERTE, con lo que no están de acuerdo los sindicatos, que dicen que seguirán persiguiendo su objetivo de que cobren el sueldo íntegro.