Antonio Gil de Zárate.

Supongo que nadie negará la importancia que para cualquier sociedad tiene el proceso educativo. Esencial para constituir futuras generaciones de ciudadanos comprometidos, el sistema educativo, así como su modelo y desarrollo, han de ser la clave que soporte esa bóveda social. A lo lago de la historia, comunidades, colectivos e individuos han luchado por establecer, moldear, perfeccionar e, incluso, controlar este proceso esencial para la pervivencia de las sociedades humanas. Desde el modo de enseñar en Platón y Aristóteles, a la honorabilidad de su aplicación en la lucha con los sofistas, pasando por la constitución de comunidades estudiantiles en el Medievo o la lucha entre la iglesia, el poder político y, más tarde, el Estado laico por su control, educar a los que tienen que aprender ha sido una batalla que el ser humano nunca ha rehuido y en la que un servidor lleva un cuarto de siglo guerreando.

Por tanto, no les extrañará que trasteando una vez más en el Archivo Histórico Municipal del Real Sitio, quedara prendado por el hallazgo de un documento rutinario de lo más singular. Datado a principios del mes de abril de 1844, me llamó la atención la pulcritud de la caligráfica letra humanística empleada. Escritos con plumilla metálica, los nombres de los estudiantes fluyen por las celdas de una tabla perfectamente diseñada en mecano de alumnos y asignaturas. La belleza inherente a la sencillez del documento me captó de inmediato, haciéndome gastar una buena parte de aquella gris y atemperada mañana en la lectura y comprensión de lo escrito por Don Jorge de Francisco, Maestro de la Escuela Elemental de Niños de San Ildefonso.

El documento en cuestión era un informe, supongo que anual, de la aplicación del proceso educativo en este Real Sitio y probablemente requerido por la Inspección General de Instrucción Pública establecida en las Cortes de Cádiz y transformada en Dirección General de Estudios para la Inspección de la Enseñanza Pública diez años antes de que Don Jorge lo escribiera. El afán exhaustivo de la descripción ha de enmarcarse en el proceso reformador iniciado por aquel gobierno inestable de Luis González Bravo, sustituido por el espadón Ramón María Narváez un mes después de que Don Francisco lo elevara, que habría de conducir, junto con una plétora de informes similares, a la primera gran reforma educativa española impulsada por Pedro José Pidal, Ministro de Gobernación.

Redactado por Antonio Gil de Zárate en 1845, aquel primer real decreto educativo basaba la enseñanza en cinco ejes fundamentales para la educación, a saber: libertad, gratuidad, centralización, inspección y uniformidad. Hermosas palabras y deseables principios que, he de entender, ninguno de los que acabaron por votar ese principio legal asumió como factible, dado que, por poner un ejemplo, ni uno solo de sus artículos contemplaba la escolarización de las mujeres, quienes hubieron de esperar para recibirla hasta la aprobación de la Ley Moyano de 1857 y sólo entre los seis y nueve años. Aunque el espíritu de aquel plan Pidal en el que probablemente colaboró el informe del viejo Maestro granjeño entendía que la enseñanza de la juventud nunca debía ser considerada mercancía sometida al interés privado, la ley fue enmendada en 1847 y finalmente derogada en 1850 ante la presión de los intereses católicos de aquel Estado confesional. De hecho, si atendemos al informe de Don Jorge, la formación recibida por los jóvenes del Real Sitio se centraba en los conocimientos básicos y fundamentales de la doctrina católica, principio no establecido por Pedro José Pidal y recordado en la reforma aprobada por el gobierno de Juan Bravo Murillo en 1851, tras firmar el correspondiente concordato con la Santa Sede.

No sería hasta 1857 que Claudio Moyano promoviera la Ley de instrucción Pública aprobada con la aportación legislativa propuesta por el Ministro de Fomento, Manuel Alonso Martínez, dos años antes. Esta ley sí organizó de forma clara y sistemática el proceso educativo, entregando la enseñanza básica a los municipios, la secundaria a las capitales de provincia, incluida ya la educación privada en manos de la iglesia católica, dejando las universidades en manos del Estado. Tal calado tuvo este marco jurídico que estuvo vigente hasta 1970, cuando el régimen franquista aprobó la Ley General de Educación, ampliándose la enseñanza obligatoria hasta los catorce años con la reforma aplicada en 1974.

De modo que el centenar de infantes y púberes de este Paraíso escolarizados bajo la tutela de Don Jorge Francisco quedaban conformados en clase de la siguiente manera: cuatro estudiaban ‘En Letras’; siete se pegaban con el Silabario; catorce atendían al Catón, libro de primera lectura basado remotamente en la sentencias que Dionisio Catón escribiera a principios del siglo IV d.C.; otros siete se pegaban con el Fleuri, catecismo histórico, esto es, compendio de la llamada historia sacra escrito por Claude Fleury a finales del siglo XVII; diecinueve trataban de aprender urbanidad y buenos modales con el ‘Amigo de los Niños’, obra escrita por el Abate Sabatier hacia 1795 y que establecía la buena conducta según la moralidad cristiana de aquella época. El grueso de la clase, treinta y nueve estudiantes, profundizaban en el aprendizaje de la lectura con las Lecturas Escogidas del padre Pascual Suárez editadas en 1839. Los diez últimos se dedicaban al Pintón, compendio histórico de la religión desde la creación del mundo hasta aquel presente de la iglesia, escrito por José Pintón.

Sesenta daban lección de doctrina, supongo que católica, en los días señalados según sus clases

Además, Don Jorge recordaba que cuarenta de sus alumnos daban lección mental de gramática y de geografía. Todos estudiaban reglas de urbanidad y aritmética teórica, pues, como ya estarán pensando, no hay nada más lógico que ser educado. Sesenta daban lección de doctrina, supongo que católica, en los días señalados según sus clases. Diez de ellos reforzaban sus conocimientos de las escrituras sagradas también de memoria, por si no habían tenido suficiente, como hacían otros catorce con el Fleuri.

Por el contrario, sólo catorce atendían a la aritmética práctica, once trataban de aprender a restar, diez a multiplicar, sólo ocho en dividir y únicamente cuatro se preocupaban por las fracciones, que el maestro llamaba quebrados, como los cerebros de aquellos jóvenes imbuidos de la moral cristiana, de la no-historia sagrada, mientras cabalgaban hacia la constitución de una sociedad que habría de condenar su vida y el futuro de sus descendientes al sustento de un Estado liberal que, alimentado con su esfuerzo, nada habría de devolverles.

Es por ello por lo que, leyendo aquel informe de Don Jorge de Francisco y pensando en la eterna Ley Moyano, no dejo de pensar en las siete leyes de educación aprobadas durante la democracia actual, todas ellas vacías, dispuestas para el arraigo del adoctrinamiento individual hacia la pervivencia de determinado modelo político, social e ideológico. Enfangada en debates muertos y alejada de la realidad, la educación española nunca ha caminado hacia la formación de ciudadanos libres, conscientes de que sólo la constitución de su libertad a través de un modelo de enseñanza puro y despolitizado conformará una sociedad capaz de prevenir la putrefacción corrosiva de lo compartido; capaz de garantizar un futuro digno de aparecer en los libros de historia; capaz, digo, de ofrecer a los españoles un horizonte posible de colaboración en el mantenimiento de lo público y común, necesario, en definitiva, para la consolidación de una sociedad donde todo tenga cabida y nada sea incomprendido.

Enseñando lejos de la ley educativa

Sesenta daban lección de doctrina, supongo que católica, en los días señalados según sus clases

Tanto el plan Vidal como la ley Moyano establecían un marco estricto que sometía el proceso educativo a dos ejes difícilmente salvables: la injerencia ideológica del Estado y el catolicismo. A lo largo de un siglo de educación, muchos fueron los que intentaron saltar esos muros y caminar hacia un proceso educativo libre de adoctrinamientos y control político o ideológico. Algún proyecto, como el iniciado por Francisco Ferrer i Guardia en la Escuela Moderna, acabó por ser enterrado bajo la represión institucional. En el caso de Francisco Ferrer, la cosa fue mucho más grave, ya que pereció ajusticiado tras ser acusado ilegítimamente de los revoltosos sucesos acaecidos en Barcelona durante la Semana Trágica de 1909.

No obstante, otros proyectos educativos alejados de la institucionalización política sí llegaron a buen puerto, fundamentando una alternativa real a la politización perenne de la educación española. La Institución Libre de Enseñanza creada hacia 1879 por los catedráticos krausitas Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón y Teodoro Sainz Rueda, fue durante cincuenta años, hasta el final de la Guerra Civil Española, un modelo claro de éxito docente lejos de la ley educativa. El hecho de que por sus aulas pasaran Américo Castro, José Ortega y Gasset, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, María Moliner, Matilde Huici o Victoria Kent demuestra a las claras lo que puede producir España cuando se educa en libertad.