Dos controladores de la ORA en las proximidad de uno de los parquímetros de Segovia. / Kamarero

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia aprobará hoy una nueva prórroga, la novena, del contrato del servicio de vigilancia de las zonas ORA de la ciudad a pesar de las críticas de toda la oposición que en la comisión informativa celebrada ayer facilitó la aprobación de la propuesta del equipo de gobierno de PSOE-IU. Aunque Ciudadanos votó en contra, PP y Podemos se abstuvieron. Sin embargo, el futuro de la gestión de este servicio de regulación del aparcamiento en superficie está en el aire y el concejal de Tráfico, Transportes y Movilidad, Jesús Sanz, se muestra abierto al diálogo para empezar a trabajar con todos los grupos políticos desde el inicio de 2021 en el modelo de gestión más adecuado para la ciudad, sin descartar que sea público, como pide Podemos, pero tampoco una nueva licitación a una empresa privada.

Partido Popular

Por su parte, el PP considera que la prórroga de este contrato es un nuevo parche en una situación que debería haber estado solucionada hace tiempo y que, a su juicio, evidencia que el gobierno que dirige Clara Luquero “es incapaz de gestionar correctamente los contratos, no ha hecho absolutamente nada”.

El portavoz de los populares, Pablo Pérez, señala que “se han vuelto a pillar con los plazos y eso que han contado con 75 días más”, el tiempo, según apunta, que se amplió la prórroga debido a la suspensión del servicio durante la pandemia. Añade, además, “la insensibilidad del ejecutivo de Luquero” con respecto a los trabajadores, a los que, en su opinión, este retraso y la falta de información, les habrá generado una gran inseguridad.

Sanz, que se ha incorporado recientemente a la corporación debido a la renuncia de Claudia de Santos, explica que la prórroga “está basada en los informes del jefe de la Inspección de Servicios del Ayuntamiento, así como de Contratación e Intervención” y, por descontado, “responde al interés público y cumple los principios de eficacia, eficiencia y economía”.

Sobre el aspecto económico indica que la rebaja anual es inferior a la que anunció Podemos; es decir no llega a 300.000 euros, se queda en 258.400,865 pero añade que, además, el canon por la diferencia entre el coste y los ingresos en la gestión del servicio, que se ha fijado en un 85% para el Ayuntamiento, puede suponer ingresos extras al año estimados entre los 120.000 y 145.000 euros, aunque admite que depende, entre otras variables, de la evolución de la situación sanitaria.

Reconoce el edil socialista que son muchas prórrogas y que el contrato de 1994 está obsoleto pero cree que es momento de “no mirar hacia atrás y trabajar deprisa” sin necesidad de agotar los dos años de la prórroga. Coincide con el PP o Podemos, entre otros, en que hay condicionantes para el nuevo modelo de gestión como son la modificación de la Ordenanza de Circulación y medidas de movilidad en la ciudad en las que sostiene que se tendrá que escuchar a todos y buscar puntos en común para compatibilizar el uso de los espacios públicos por conductores y peatones.

Abstención pero no apoyo

El PP municipal se ha abstenido en la Comisión extraordinaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento ya que, en su opinión, sería una imprudencia que la prórroga del contrato de la ORA no saliera adelante puesto que dependen de ella una treintena de trabajadores y el servicio tiene que seguir prestándose, pero deja claro que “no es la solución, sino una forma más de tapar su deficiente gestión, su dejadez, falta de previsión y desorganización”. “No podemos posicionarnos en contra, pero tampoco apoyar una forma de gestión que está perjudicando a la ciudad”, concluye el portavoz popular, Pablo Pérez.

A los populares les preocupa, y al mismo tiempo consideran inadmisible, que el Grupo Socialista y la alcaldesa no hayan cumplido con el compromiso que adquirieron en 2018 de tener listo el nuevo contrato en 18 meses y no hayan hecho caso de las recomendaciones de los informes técnicos que ya entonces indicaban que no procedían más prórrogas y que lo que había que hacer era iniciar cuanto antes un nuevo proceso de licitación para obtener unas condiciones más ventajosas.

“El Ayuntamiento lleva años perdiendo dinero y oportunidades y así lo recogen también los informes técnicos, a los que hacen caso únicamente cuando les interesa”, afirma Pérez.