Diputacion Consejo Cuentas
La Diputación Provincial albergó la reunión del Pleno del Consejo de Cuentas, que aprobó el informe de gestión tributaria de las diputaciones en Castilla y León. / KAMARERO

Los ayuntamientos que no presenten su balance económico anual en el Consejo de Cuentas de Castilla y León no podrán acceder a las ayudas del Fondo de Cooperación Local si no acreditan a través de una declaración responsable que han rendido cuentas ante este organismo fiscalizador dependiente de las Cortes de Castilla y León.

Así lo anunció este lunes su presidente, Mario Amilivia, que presidió en Segovia la reunión del pleno donde se presentó el informe sobre la gestión recaudatoria de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León, en las que más del 95 por ciento de los municipios de la región delegan su gestión tributaria y recaudatoria.

Amilivia explicó que esta medida –que tendrá rango jurídico de orden- tiene como objetivo que los municipios prioricen la rendición de cuentas como “un ejercicio de transparencia democrática, porque los ciudadanos merecen conocer la situación económica de su ayuntamiento”, de manera que el foco se pone en aquellos municipios que no lo hacen.

La intención es incrementar el porcentaje de municipios que cumplen con esta obligación, aunque el presidente del Consejo de Cuentas puso de manifiesto el alto grado de cumplimiento en la comunidad, que quedará evidenciado en el informe del Sector Público Local que este organismo presentará en Soria la próxima semana, donde se recoge que el 86% de los municipios presentan sus cuentas en tiempo y forma.

Esta medida irá apoyada con otras de carácter complementario para apoyar a aquellos municipios que no cuentan con recursos para poder cumplir con este precepto legal, de forma coordinada con otras administraciones. Así, Amilivia señaló que la Consejería de Presidencia va a crear una bolsa de funcionarios de habilitación nacional para que los ayuntamientos que carecen de secretario municipal o lo comparten con otros, puedan acceder a este puesto. De igual modo, las diputaciones mantendrán e impulsarán sus servicios de atención a municipios para poder asesorar en esta materia.

A nivel general, destacó el “comportamiento ejemplar” de los municipios de la región, que se sitúa por encima de la media nacional en este ámbito, y aunque será la próxima semana cuando se desvelen los datos del informe del sector público local, avanzó que los porcentajes en las provincias van desde el 81 por ciento que se registra en Segovia como porcentaje más bajo hasta el 91 por ciento de Salamanca, que encabeza la relación.

Gestión diputaciones

El pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó los nueve informes que analizan la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en cada una de las diputaciones provinciales de la comunidad, y emitió un total de 96 recomendaciones orientadas a mejorar y corregir algunas deficiencias detectadas.

En los informes, referidos al periodo de actuaciones fiscalizadoras del año 2019, se señala que los indicadores del grado de recaudación son muy altos en todas las diputaciones, alrededor del 90 por ciento de lo puesto al cobro, que suma 476 millones de euros. En fase ejecutiva, ronda el 30 por ciento en el conjunto de las nueve instituciones.

Sobre el coste y rendimiento del servicio, a juicio del Consejo de Cuentas, las Diputaciones de Salamanca, León, Segovia y Burgos son las que perciben más ingresos por la tasa del servicio de gestión recaudatoria que prestan a los ayuntamientos. Estas mismas entidades, salvo Burgos y añadiendo Valladolid, son las que registran también mayor ingreso por municipio. Las que menor ingreso por municipio tienen son Ávila, Soria y Burgos.

Las diputaciones donde se dan los mayores gastos por prestar el servicio son las de León, Salamanca, Ávila y Valladolid, siendo también las que registran mayor coste por municipio. Finalmente, las diputaciones en las que los ingresos obtenidos por la tasa superan el coste del servicio son Zamora, Segovia y Burgos.

En función del resultado de los nueve informes realizados, el Consejo de Cuentas emitió un total de 96 recomendaciones dirigidas a las diputaciones con la siguiente distribución: Ávila 12; Burgos 11; León 10; Palencia 12; Salamanca 10; Segovia 11; Soria 10; Valladolid 9; y Zamora 11. Salvo algunas recomendaciones de carácter singular, en la mayoría de los casos contemplan aspectos bastante comunes orientadas a mejorar los procedimientos y corregir las principales deficiencias detectadas.

El informe estudia las diversas áreas, materias o procedimientos relacionados con la gestión tributaria y recaudatoria de las diputaciones.

Las auditorías realizadas llevan “el tratamiento de la información y en la obtención de indicadores que permitiesen el análisis comparativo, ya que los programas de recaudación son, por lo general, bastante deficitarios para explotar la información”. En este sentido, se trata de una fiscalización novedosa, al no existir precedente de actuación de este tipo comparativa y con indicadores agregados sobre la gestión recaudatoria de las diputaciones, por parte de las instituciones de control externo de España.

Alto grado de recaudación

En periodo voluntario, los indicadores del grado de recaudación son muy altos, alrededor del 90 por ciento de lo puesto al cobro, en todas las diputaciones, alcanzando las siguientes cifras: Ávila 48 millones de euros; Burgos 63; León 103; Palencia 30; Salamanca 73; Segovia 46; Soria 22; Valladolid 54; y Zamora 34 millones. En fase ejecutiva, sin embargo, el grado de recaudación es muy bajo en todas las diputaciones y tributos, apenas el 30% sobre la suma total de las nueve instituciones.

Coincide además que todas tienen deudas elevadas pendientes de ejercicios anteriores
Las diputaciones de León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora cuentan con una ordenanza general de gestión tributaria y recaudatoria. A excepción de Salamanca, las otras ocho cuentan con una ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recaudación. Con carácter general, las diputaciones, con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias, tienen formalizados con organismos de la Administración estatal convenios de colaboración en la gestión tributaria.

Además cinco diputaciones de la Comunidad suscriben también convenios de colaboración con la Administración autonómica, sobre servicios de pago telemático, mientras que no consta que ninguna diputación haya formalizado convenios de colaboración con otras administraciones locales. Por otra parte, diferentes entidades financieras colaboran en materia de recaudación.

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Amilivia conversa con el presidente en funciones José María Bravo / KAMARERO

Variables específicas en la gestión

Al tratarse de una fiscalización que analiza la eficacia en la gestión, son escasas las conclusiones del informe aprobado este lunes sobre aspectos de legalidad. En la Diputación de Ávila se constató la externalización de casi todas las funciones de gestión tributaria y recaudatoria, a pesar de que tienen un organismo autónomo creado, aunque con escasa dotación de personal. Al respecto, el Consejo recomendó la debida gestión directa.
En la Diputación de Burgos, varias entidades financieras colaboran en materia de recaudación y aquí la recomendación es que “dichos servicios prestados no sean remunerados” y advierte de que en ningún caso las entidades de crédito pueden adquirir el carácter de órgano de recaudación.

Las diputaciones de Ávila, Salamanca y Valladolid tienen un organismo específico de recaudación. El resto prestan el servicio integrado en la organización provincial. Las diputaciones con más personal asignado a la prestación del servicio de gestión tributaria y recaudación son las de León y Salamanca y, con menos, las de Ávila, Soria y Palencia. La mayoría de las diputaciones contratan servicios relacionados con la gestión tributaria, como los postales, bancarios, de impresión, de atención al contribuyente y de mantenimiento de aplicaciones o plataformas.

Un porcentaje superior al 95 por ciento de los municipios de cada provincia delega a las diputaciones las facultades de gestión tributaria y recaudatoria. Por su parte, es muy habitual la delegación de la gestión en sentido amplio, esto es, de la gestión, liquidación, recaudación e inspección, así como son mayoritarios los casos en los que se delega tanto la recaudación voluntaria como la ejecutiva.