El próximo 18 de diciembre arrancará la actividad en el nuevo edificio de juzgados, junto al actual Parque Municipal de Bomberos, entre los barrios de Nueva Segovia y El Palo-Mirasierra. Allí se han llevado a cabo, durante los últimos años, las obras de construcción del inmueble en el que estarán agrupadas todas las dependencias de la administración de justicia.
En estos momentos se están llevando a cabo los últimos remates en las instalaciones, y varios de los funcionarios participan en cursos de formación para adaptarse a las nuevas formas de trabajo que conllevará la reorganización interna.
El traslado se ha fijado para el viernes 15, pero se han marcado dos días para adaptar los sistemas informáticos, coincidiendo con el fin de semana. De este modo, el lunes 18 arrancará la actividad operativa en la nueva sede.
El proyecto para levantar un nuevo palacio de justicia donde reunir todos los juzgados de la capital comenzó en el año 2007. Se ha proyectado para acoger trece juzgados de distintos órdenes ahora dispersos por distintos puntos de la ciudad.
Actualmente Segovia cuenta con seis juzgados mixtos de Primera Instancia e Instrucción, además del de lo Penal, el de lo Social, el Contencioso-Administrativo y el de Menores. Sólo algunos de los primeros están juntos en el Palacio de la calle San Agustín.
El pasado mes de abril se anunció que el nuevo edificio comenzaría a funcionar en septiembre. Pero las fechas se han retrasado y se maneja ahora el 15 de diciembre como meta.
El edificio fue inaugurado el pasado 3 de abril por la ministra de Justicia, Pilar Llop, en un recorrido por las instalaciones, y donde estuvo acompañada de todas las autoridades judiciales y políticas de ese momento, justo antes de que la convocatoria de la campaña electoral de mayo impidiera hacerlo más adelante.
AMPLITUD
Las nuevas instalaciones ocupan 13.087 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas distintas. En la construcción se han invertido 16 millones de euros. En este edificio también se ubicará el Instituto de Medicina legal. En el exterior se han habilitado zonas verdes ajardinadas y numerosas plazas de aparcamiento.
El proceso de construcción no ha estado exento de incidentes, pues aparte de las dificultades para disponer de consignaciones presupuestarias durante distintos ejercicios anuales, también hubo problemas con las empresas adjudicatarias, interrumpiendo el calendario previsto. De hecho, el presupuesto inicial fue de 12 millones de euros, pero se ha incrementado hasta los 16.
La ejecución de las obras fue adjudicada en principio por 11,9 millones de euros a la unión de empresas Isolux-Corsan-Corviam SA en diciembre de 2016, con un plazo de 55 meses en cinco anualidades. El concurso de acreedores presentado por una de las empresas, Isolux, al año siguiente puso en entredicho la continuidad de los trabajos. De hecho, una vez construidos los forjados, la obra quedó paralizada en el verano del año 2018.
Tras año y medio sin ningún avance, el Ministerio de Justicia formalizaba un nuevo contrato de las obras para la continuación de la construcción. Lo hacía por algo más de 9,9 millones de euros y un plazo de 20 meses con la UTE Geoxa, General de Construcciones, S.I-CIVIS Global S.L.V, que es la que ha llevado a cabo la construcción final.
DISPERSIÓN
Se pretende con esta obra acabar con la dispersión de los órganos judiciales por la capital en edificios separados, con instalaciones obsoletas y limitaciones de espacio. Ello provocaba “disfunciones” y a veces ha causado la suspensión de juicios para buscar emplazamientos más adecuados.
En varias ocasiones han tenido que trasladarse vistas orales a sedes judiciales distintas por la falta de espacio en sus respectivos juzgados. Un ejemplo: en enero de 2020 fue preciso habilitar una sala del edificio del INSS (Instuto Nacional de la Seguridad Social), para celebrar un juicio con 48 personas sentadas en el banquillo. Se estudio la causa de un empresario de la construcción acusado de facilitar contratos falsos a trabajadores extranjeros a los que contrataba pero sin dar de alta en la Seguridad Social. Los contratos los usaban los también acusados para recibir subvenciones y prestaciones. Contratos que generaron una deuda de 569.120 euros con la Seguridad Social.
EXPECTATIVAS
En las inmediaciones del nuevo edificio judicial aún no se ha percibido un cambio sustancial en cuanto a implantación de bufetes de abogados o cafeterías, que podría conllevar una instalación administrativa de este tipo.
La generalización del teletrabajo en parte de la administración y las dudas sobre la incidencia que puede tener el nuevo edificio están en esta falta de proyección. En todo caso podría dispararse una vez materializado el traslado.
Con la puesta en marcha de la nueva sede se llevarán a cabo las nuevas reformas legales con la organización de juzgados y tribunales, “pasando de juzgados únicos atomizados, a un sistema de trabajo compartido donde se pueda repartir equitativamente el trabajo entre los distintos profesionales”, detalló la ministra el día de la inauguración.
El nuevo edificio cuenta con estancias adecuadas para la protección de los derechos humanos de las personas más vulnerables, como las víctimas de violencia de género, de modo que estas no tengan que confrontar a su agresor, o los menores, que podrán ser explorados en una sala Gesell.
La sede acogerá todos los servicios judiciales a excepción de la Audiencia Provincial de Segovia, que continuará en el Palacio de Justicia de la calle San Agustín de la ciudad, y dispondrá de espacios adicionales de reserva, que permitirán absorber el futuro crecimiento de la planta judicial.
El presidente de la Audiencia, Ignacio Pando, también mostró su satisfacción al ver casi acabado el nuevo edificio. Recordó que han sido “muchos años de vicisitudes, de tiempo transcurrido”, en un proyecto que comenzó en 2007. Ahora Segovia tiene “un edificio amplio, luminoso, que nos va a permitir que se pueda administras justicia en una condiciones de dignidad, que se habían ido perdiendo con el paso de los años por la evidente falta de espacio”. Pando aprovechó su intervención para pedir que se nos “siga dotando de medios y infraestructuras que nos permitan trabajan con eficiencia”.
Inauguración prematura por las elecciones
La ministra de Justicia, Pilar Llop, inauguró en abril el actual edificio pese a no contar con mobiliario ni estar en condiciones de ser utilizado. Pero la convocatoria electoral de las municipales de mayo, y las autonómicas en algunas comunidades, hizo que se precipitara el acto oficial.
La ministra estuvo acompañada por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y la subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez. También acudieron la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y la jueza decana de de Segovia, Alicia Manzano; la fiscal jefe provincial, Inmaculada Martínez; la entonces subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, entre otras autoridades del ámbito político, judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como presidentes de los distintos colegios jurídicos.
Nuevo sistema de organización interna
La puesta en marcha del nuevo edificio de los juzgados conllevará novedades operativas y de funcionamiento. Algunos funcionarios ya se están adaptando a la nueva situación con cursos formativos que se llevan a cabo estos días.
Se renovarán todos los equipos informáticos y además se implantará la Oficina Judicial, un sistema de trabajo que supera el modelo tradicional de los antiguos juzgados formados por un juez, un letrado de la Administración de Justicia y un determinado número de funcionarios que trabajan de modo independiente. Ahora se forma una nueva organización que establece sistemas de trabajo racionales y homogéneos, con el fin de que la actividad judicial se desempeñe con eficacia. Esto ya se ha implantado en Burgos, León y Palencia.
La nueva organización de Oficina Judicial está conformada por dos tipos de unidades procesales diferentes, atendiendo a su funcionalidad: las Unidades Procesales de Apoyo Directo, que asisten a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten; y los Servicios Comunes Procesales que, bajo la dirección de un letrado de la Administración de Justicia, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.
Junto a estas unidades procesales están las Unidades Administrativas que, sin estar integradas en la Oficina Judicial, dirigen, ordenan y gestionan los recursos humanos, los medios informáticos y los medios materiales.
El nuevo modelo organizativo que introduce la Oficina Judicial distingue los tres tipos de actividad que se realizan en el ámbito de la Administración de Justicia: la jurisdiccional, que recae en jueces y magistrados; la procedimental, que corresponde a los letrados de la Administración de Justicia y a los servicios de apoyo y procesales; y en tercer lugar, la administrativa, que recae en el Ministerio de Justicia.
Desde el Ministerio de Justicia destacan como ventajas de este modelo la diferenciación de actividades por tipo de unidad, lo cual permite liberar a jueces y magistrados de tareas no jurisdiccionales, para que puedan centrar todo su esfuerzo en la función que les atribuye la Constitución, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
También se dice que con este sistema se potencian las atribuciones de los letrados de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales-, que como directores de los Servicios Comunes, asumen nuevas competencias procesales.
Y, por último, se busca la especialización en las tareas que se realizan en los órganos judiciales. “Una reestructuración más eficiente del trabajo y de los medios, así como un reparto más preciso y racional de funciones”, dicen desde el Ministerio.
