La historia del agua siempre ha estado vinculada a la historia social y económica de los países, especialmente respecto a la forma de aprovechamiento. La coyuntura económica, las características del territorio, en definitiva el medio físico y económico de un país, condicionan el marco institucional y administrativo de la gestión del agua. En España, el desarrollo eléctrico vino determinado por dos circunstancias: el carácter hidráulico de la producción y la importancia de la demanda urbana dedicada al alumbrado y transporte, ante la debilidad del sector industrial.
Antes de la invención del indicado transformador de corriente alterna, la demanda urbana se satisfizo por generadores a vapor situados en los mismos lugares de consumo, hasta que la citada invención permitió generar un volumen de producción superior y su transporte a mayor distancia.
El mercado de Madrid va a ser dirigido por Lucas de Urquijo (tío de Estanislao Urquijo), mediante la fundación en 1907 de Hidroeléctrica Española por tres grupos inversores: a) el grupo madrileño dirigido por Lucas Urquijo; b) el Banco Vizcaya, constituido en 1901; y c) Hidroeléctrica Ibérica, promovida por el citado Banco Vizcaya y dirigida por Juan de Urrutia (Hidroeléctrica Ibérica ya tenía importantes concesiones en el Tajo y en el Júcar, que fueron cedidas a Hidroeléctrica Española). Madrid iba a ser abastecido por las empresas Unión Eléctrica Madrileña e Hidroeléctrica Española Madrid, electricidad producida en las cuencas del alto Tajo y el Júcar hasta la Guerra Civil, y será en el año 1942 cuando Madrid quede comunicada con la energía producida en el río Duero, a través de la línea que comunicaba la capital mediante la estación de la carretera de Extremadura con Valladolid, para la recepción de la electricidad producida en el salto de Ricobayo, en el río Esla, por la empresa Saltos del Duero.
La Electricista Segoviana Sociedad Anónima fue fundada en 1889 para servir al alumbrado público y el particular, se planteó la posibilidad de utilizar un salto de agua sobre el río Eresma en una fábrica de harinas y también se utilizó un motor a vapor. En el año 1890 Segovia ya contaba con electricidad y en 1891 comenzaba la instalación de alumbrado eléctrico. En la ciudad de Segovia a principios del siglo XX, existían dos compañías de suministro de fluido eléctrico: la Sociedad Anónima Electricista Segoviana, constituida el 9 de noviembre de 1889 y la Cooperativa Electra Segoviana, constituida el día 9 de junio de 1914, con unos 1.310 usuarios dos años después. El 1 de septiembre de 1918 cesó la actividad de Electricista Segoviana y el suministro a sus 1800 abonados, quedándose la Electra Segoviana como la única compañía eléctrica, que a finales de 1922 alcanzaba la cifra de 2.288 clientes. Un suministro de electricidad producido por dos turbinas hidráulicas y un motor de gas, pero no se solventaron los problemas. Hoy Segovia es la única provincia de la región que no genera la suficiente electricidad para su abastecimiento y la que más dependencia tiene de energías no renovables.
Con el Tratado de 11 de agosto de 1927 se materializa una concesión del aprovechamiento hidráulico del Duero que significaba la ruina de Castilla: se prohibía el uso del agua para el riego y se impedía la navegación internacional del río por lo que Castilla era condenada a replegarse sobre sí misma.
En el periodo 1906-1912, la administración española otorgó una serie de concesiones relativas al aprovechamiento hidráulico del río Duero en su tramo nacional, básicamente a la Sociedad General Transportes Eléctricos y a Horacio Echevarrieta. Mientras que el Convenio entre España y Portugal del 30 de agosto de 1829 se refería solamente a la libertad de navegación de los ríos Tajo y Duero, convenio que fue desarrollado para el río Duero por el Tratado de 31 de agosto de 1835. Por lo que quedaba prohibido la construcción de presas u otro tipo de obras que perjudicasen la navegación y el libre curso de las aguas. Una limitación que impedía el establecimiento de aprovechamientos hidroeléctricos en el tramo internacional del Duero, por lo que fue necesario negociar un nuevo Tratado.
El canje de notas relativo al aprovechamiento industrial de las aguas de los ríos limítrofes, de 29 de agosto y 2 de septiembre de 1912, es el primer Tratado sobre esta materia, y fue firmado para eliminar la imposibilidad de realizar obras en los ríos fronterizos. Este Tratado de 1912 señalaba la igualdad de derechos de ambos Estados en los tramos fronterizos, es decir, cada Estado podía disponer de la mitad del caudal, al mismo tiempo que los concesionarios de obras hidráulicas debían obtener la concesión de ambos países simultáneamente. No había por tanto un reparto de tramos fluviales entre los Estados.
Las concesiones otorgadas por las autoridades españolas ocupaban también casi todo el tramo internacional del río Duero entre las desembocaduras de los ríos Tormes y Huebra, pero al tener que estribar una parte de las presas en la orilla portuguesa, los concesionarios ahora tenían que disponer de la autorización portuguesa de acuerdo con el Tratado de 1912, cosa que solicitaron en 1918, pero Portugal no contestó a las peticiones.
Portugal pretendía el aprovechamiento conjunto del río Duero a través de una única entidad, participada por ambos Estados, que al mismo tiempo permitiera la colaboración entre países vecinos.
La Dictadura de Primo de Rivera otorgó la explotación del río Duero y sus afluentes a la sociedad hispano-portuguesa Saltos del Duero, controlada por el Banco Bilbao con el 29% del capital; Horacio Echevarrieta, el 14,5%; Transportes Eléctricos,11,5%; Banco Urquijo, 20%, y un grupo inversor americano, el 25%.
Sin embargo, esta propuesta chocaba con las pretensiones de los financieros vascos. En efecto, el 3 de julio de 1918 se fundó la entidad Consorcio de los Saltos del Duero, para la explotación hidroeléctrica del río Duero y sus afluentes.
Por lo que, ante la negativa portuguesa a otorgar las concesiones solicitadas, los financieros vascos plantearon la solución Ugarte (solución “española”), a realizar en territorio español, es decir, el desvío del río Duero antes del tramo internacional, seguido de su explotación hidroeléctrica en España, para después devolver las aguas a su cauce. Aquellos financieros se aprovecharon de la falta de control democrático en España y obtuvieron al final de la Dictadura de Primero de Rivera la aprobación del Real Decreto-ley de 23 de agosto de 1926, en el que se aprobaba definitivamente la concesión Ugarte si trascurridos 2 años con Portugal no se hubiera llegado a un acuerdo.
Portugal calificó la solución española como el “robo del río Duero” y, ante estos hechos consumados, Portugal aceptó el Tratado de 11 de agosto de 1927, por el que el tramo internacional del río Duero se dividió en dos tramos para su aprovechamiento hidroeléctrico, el tramo español que abarcaba desde la confluencia del río Tormes con el Duero hasta la frontera, y el tramo portugués. En segundo lugar, el Real Decreto-ley de 23 de agosto de 1926 otorgaba a la entidad Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos, Saltos del Duero (sucesora del Consorcio de los Saltos del Duero), los aprovechamientos de los ríos Esla, Tormes, Huebra y Duero, así como los aprovechamientos del tramo internacional a la espera de la autorización portuguesa, lo que dio lugar a los aprovechamientos de Saucelle y Aldedávila. Autorización que vino realizada por el Tratado de 1927 citado.
Una concesión del aprovechamiento hidráulico del Duero, que significaba la ruina de Castilla en un doble sentido: a) se prohibía la detracción de agua para el riego; b) se impedía la navegación internacional del río por lo que Castilla era condenada a volverse sobre sí misma.
Los castellanos serían obligados a emigrar y fueron recompensados con un pasaporte de “maqueto” o de “charnego” para su traslado a los lugares de emigración como Bilbao o Barcelona, ante la falta de una política de regadíos que hubiera permitido la transformación del agro castellano, mientras que la producción de electricidad era explotada por manos ajenas, una producción hidroeléctrica que debería haber sido el motor de despegue de la industria castellana
El Tratado de 1927 no establecía un modelo de cooperación entre ambos países sino un reparto de tramos del río Duero, donde cada país tiene el derecho a utilizar el caudal que discurra por su tramo de aprovechamiento para la producción de energía eléctrica, con excepción de los usos comunes. Se establecía la prohibición de detraer las aguas del tramo internacional y la eliminación de hecho de la navegación por el río Duero, con lo que Castilla veía suprimida su posibilidad del aprovechamiento hidroeléctrico del río Duero, al mismo tiempo que se construía un muro a sus espaldas que impedía la navegación internacional y su salida al mar.
En definitiva, la Dictadura de Primo de Rivera otorgó, de una manera antidemocrática y contrariamente a los intereses generales de la Nación, la explotación del río Duero y sus afluentes a la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos, Saltos del Duero, controlada por el Banco Bilbao con el 29% del capital social, mientras que Horacio Echevarrieta participaba con el 14,5%, la entidad Transportes Eléctricos con el 11,5%, Banco Urquijo con el 20%, y un grupo inversor americano con el 25%.
Horacio Echevarrieta se hizo millonario al obtener el 14,5% del capital de Saltos del Duero simplemente mediante la aportación de un papel, las concesiones administrativas concedidas. Veamos otra historia no agradable de contar. Horacio Echevarrieta Maruri (1870-1963) era el único hijo varón de Cosme Echevarrieta Lascurain, conocido dirigente republicano de Vizcaya y acaudalado empresario minero, que había fundado en 1882 junto a su amigo Bernabé Larrinaga Aransolo la comunidad de bienes Echevarrieta y Larrinaga.
Horacio Echevarrieta fue elegido diputado a Cortes por la conjunción republicano-socialista en 1910, 1914 y 1916, y tras la huelga revolucionaria de 1917 se apartó de la política. En 1923 protagonizó las negociaciones con su amigo, el dirigente rifeño Abd-el-Krim, para la liberación de los prisioneros españoles que quedaban en sus manos tras el desastre de Annual de 1921. Alfonso XIII quiso recompensarle por esta labor concediéndole el título de marqués del Rescate, pero Horacio Echevarrieta lo rechazó alegando su ideología republicana. En 1925 desempeñó también una importante tarea en la renovación de los conciertos económicos vascongados, aunque se unió el problema de la quiebra definitiva del Crédito de la Unión Minera ese mismo año. Por el éxito de sus gestiones, fue nombrado padre de la provincia de Álava y guipuzcoano honorario y benemérito.
Adquirió y renovó en 1917 los Astilleros de Cádiz, pero la crisis de la marina mercante lo empujó a ofrecer sus instalaciones a la Armada Española y a los intereses militares alemanes que buscaban una forma de sortear las prohibiciones de rearme de los Tratados de Versalles. Esta colaboración hispano-alemana supuso una seria amenaza para los intereses británicos, que gracias a su influencia política consiguieron anular los encargos a la factoría de Echevarrieta. Como consecuencia, la posición de Horacio se tornó desesperada coincidiendo con la llegada de la Segunda República. Intentó evitar la quiebra prestando su ayuda, en connivencia con Manuel Azaña, a los republicanos portugueses a cambio de importantes concesiones comerciales, pero el fracaso de esta gestión lo llevó en septiembre de 1934 a la cárcel, de la que salió nueve meses después.
Esta historia solamente puede ocurrir en España, el otorgamiento de concesiones hidroeléctricas a un republicano, amigo de Abd-el-Krim, y que no estaba comprometido al desarrollo económico de la cuenca del Duero, donde estaban las concesiones. Unas concesiones que hicieron millonario al financiero vasco y a la empresa Saltos del Duero (Iberduero).
El otorgamiento de las concesiones a Saltos del Duero, dirigida por el Banco de Bilbao, fue una condena a Castilla al ostracismo, al paro y a la miseria de sus habitantes, una condena que todavía sufren los castellanos, privados de unos recursos con los que financiar su desarrollo, mientras sus propios habitantes padecen al mismo tiempo una pena permanente, la del destierro de las tierras que les vieron nacer.
IBERDROLA, que tiene su origen en los ingresos obtenidos por el aprovechamiento hidráulico del río Duero. Hoy el grupo IBERDROLA suministra energía a cerca de 100 millones de personas en decenas de países, cuenta con una plantilla de cerca de 40.000 empleados, y dispone de unos activos superiores a 140.000 millones de euros, con unos beneficios de 3.886 millones de euros en 2021
La producción de electricidad y el trigo de Castilla permitieron al régimen de Franco superar las penurias de la postguerra y el aislamiento internacional. El premio iba a ser muy diferente. Los castellanos serían obligados a emigrar y fueron recompensados con un pasaporte de “maqueto” o de “charnego” para su traslado a los lugares de emigración como Bilbao o Barcelona, ante la falta de una política de regadíos que hubiera permitido la transformación del agro castellano, mientras que la producción de electricidad era explotada por manos ajenas, una producción hidroeléctrica que debería haber sido el motor de despegue de la industria castellana.
La fusión de las empresas Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos (Saltos del Duero) e Hidroeléctrica Ibérica, fue aprobada por las juntas generales extraordinarias de 16 de septiembre de 1944, dando lugar al nacimiento de Iberduero. En 1991, Hidroeléctrica Española se fusionó con Iberduero para dar lugar a IBERDROLA, con domicilio fiscal en Bilbao, y para modificar el marco regulatorio retributivo y aflorar más de 200.000 millones de plusvalías y 70.000 millones de pesetas de exenciones fiscales.
Una entidad, IBERDROLA, que tiene su origen en los ingresos obtenidos por el aprovechamiento hidráulico del río Duero. Hoy el grupo IBERDROLA suministra energía a cerca de 100 millones de personas en decenas de países, cuenta con una plantilla de cerca de 40.000 empleados, y dispone de unos activos superiores a 140.000 millones de euros, con unos beneficios de 3.886 millones de euros en 2021. En España tiene 28.427 MW instalados, mientras que el beneficio neto del primer trimestre de 2022 se ha elevado a 2.075 millones de euros.
Por el contrario, la Comunidad de Castilla y León se ha visto privada de esta cantidad ingente de recursos con los que financiar su desarrollo industrial. Por tanto, la reivindicación de la Comunidad de Castilla y León debe ser la reversión al Estado de los Saltos del Duero y su explotación directa por nuestra Comunidad. Una reivindicación que no es negociable.
